Crímenes hediondos del Estado genocida

Las masacres de detenidos en las prisiones a partir del primer día de 2017, comenzando por el complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en Manaus (AM), trajeron a la luz un problema de enorme gravedad que perdura ha décadas en nuestro país.

El número de 56 asesinatos de presos, hasta entonces solamente en el Compaj, rápidamente fue ampliado de la forma más brutal con nuevas masacres. En la cadena pública Raimundo Vidal, también en Manaus, fueron cuatro muertos; en Roraima, en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, 30 presos eliminados; después otros 26 masacrados en la Penitenciaria de Alcaçuz, en el Río Grande do Norte. Y los números siguen creciendo de manera sobrecogedora con noticias de nuevas rebeliones en el Norte del país que colocaron todo el sistema carcelario brasileño en estado de alerta.

Las mazmorras del viejo Estado

Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2016, existían en 2014 584.361 personas encarceladas – la cuarta mayor población carcelaria del mundo, siendo 36% en situación provisional, o sea, 212.178 no fueron juzgados por la judicatura del viejo Estado.

Estos datos varían en consonancia con la unidad de la federación considerada. En ocho estados, más de la mitad de la población carcelaria son detenidos en condición provisional. En el estado de Amazonas, de los 7.887 presos, 4.574 (58%) eran detenidos provisionales; ya en Roraima, de los 1.604 presos, 843 (52,6%) eran provisionales. Componen esta lista también los estados de Bahía (54,1%), Maranhão (56,3%), Mato Grosso (55,9%), Pernambuco (50,8%), Piauí (58,1%) y Sergipe (52,4%).

Sobre el déficit en el sistema carcelario, conforme la misma fuente, con base en los datos de 2014, se verifica que él poseía 370.860 “vacantes”, pero mantenía 583.866 presos. En todos los estados, la población carcelaria era mayor de que el número de vacantes existente. Siendo las situaciones más críticas en el Distrito Federal: 13.503 presos para un límite de 6.920; y en los estados de Mato Grosso do Sul, 13.309 presos para un límite de 6.686; y Pernambuco, con 26.588 presos para un límite de 11.278.

En 2016, la población carcelaria en Amazonas fue de 10.356 personas para un límite de 3.129. En la capital, son 7.534 detenidos cuando podría comportar a lo sumo 2.619.

La precarización de las prisiones contribuye para la propagación de enfermedades. En Brasil, en 2014, 7.412 prisioneros poseían VIH, 2.978 sífilis, 3.360 hepatitis y 5.534 tuberculosis, entre otras enfermedades.

La realidad brutal de las prisiones se agrava con la negación del acceso a los presos a las actividades física, cultural y laboral. Sólo 11% de las personas en el sistema carcelario estaban envueltas en actividades educacionales. En Amazonas este número registra sólo 7%.

En 2014, sólo 19,8% de los detenidos ejercían actividad laboral y/o terapéutica – 115,7 mil en valor absoluto. Los números varían en consonancia con el estado. En el Ceará, Pará, Paraíba, Río de Janeiro, Río Grande do Norte y Sergipe ese valor estaba abajo del 10%.

Crímenes premeditados y datos alarmantes

Diferentes entidades democráticas y los propios órganos del viejo Estado denunciaron que lo ocurrido en Manaus era perfectamente previsible. Y el surgimiento de negociados entre directores de las instituciones carcelarias e integrantes de las secretarías de seguridad con los presos sólo sirven para confirmar que en el tope de esa cadena están miembros del alto escalón del viejo Estado; ricos, esos sí, que lucran miles de millones con el tráfico de drogas e, incluso dentro de las prisiones, negocian los acuerdos que sirven mejor a sus negocios.

El Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), vinculado al ministerio de la “justicia”, lanzó un informe en diciembre de 2015 después de la inspección en los presidios del Amazonas. Según el informe, el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) abrigaba 1.147 hombres, 697 por encima de su capacidad máxima.

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en informe de octubre de 2013, destacó que: “No hay, en Amazonas, establecimiento con estructura adecuada para tratamiento de presos portadores de sufrimiento mental ni para internación decurrente de aplicación de medida de seguridad, tanto para hombres como para mujeres. (…) El gobierno del estado suministra sólo alimentación a los presos, quedando a cargo de los familiares de estos la prestación de asistencia material, como productos de higiene, colchón, red, sábanas y toalla. Algunos presos desamparados por la propia familia necesitan dormir en contacto directo con el suelo sucio y húmedo”.

Según la agencia de noticias Amazônia Real, entre los años de 2014 y 2016, la Umanizzare  (hipócritamente “humanizar” en italiano) recibió R$ 622 millones de la gerencia José Melo. Esta empresa, con sede en São Paulo, asumió la gestión del Compaj en 1º de junio de 2014 y también “administra” otros 5 presidios.

“El plazo de vigencia del contrato de concesión administrativa es de 27 años, pudiendo ser prorrogado para hasta 35 años. El valor del contrato es de R$ 205.904.493,72”, resalta el órgano de prensa. Se trata de la empresa que más recibió dinero público.

Bombardeo ideológico de la reacción

Como bien analiza el profesor Fausto Arruda en la página 3 de esta edición, la matanza de pobres es política de Estado en la semicolonia Brasil.

Estos crímenes hediondos del Estado genocida comienzan en la raíz del porqué de la súper saturación de los presidios y, sobre todo, a que clase pertenece la masa carcelaria brasileña. La gran mayoría es de pobres, negros y jóvenes.

Nuestra juventud que es diuturnamente reprimida, explotada, humillada; en su aguda revuelta e indignación contra toda la situación de podredumbre del viejo Estado, en su condición de joven que ve todo día los ricos cometiendo todo tipo de crimen contra el pueblo y la nación, la politiquería robando montañas de dinero del pueblo, las escuelas y hospitales públicos cayendo a pedazos; viendo sus familiares y amigos pasar la vida entera en una condición de explotación absurda etc.; son empujados de la forma más brutal para la criminalidad, viendo este como un camino de facilidades para dejar su inaceptable condición.

Esos jóvenes son millones en todo el país, en el campo y ciudad. Bombardeados por la propaganda del individualismo y del consumismo orquestada por el imperialismo y por los monopolios.

En contrapartida, como resultado de la podredumbre del viejo Estado y de su propaganda rabiosa contra el pueblo, surgen aquí y allá, y de forma cada vez más patente, grupos y personas que exponen de forma abierta su fascismo pidiendo más muertes en los presidios, más prisiones. Y para la reacción no basta encarcelar miles de personas en cubículos fétidos, totalmente insalubres y de brutal represión: los presos no pueden tener un ventilador, no pueden ni siquiera hacer una confraternización.

Mientras los grandes bandidos que asaltan la nación hacen sus festejos con dinero público, los presos, en la concepción de los reaccionarios de turno, deben vivir el infierno.

La situación de nuestra juventud y de la masa carcelaria cambiará en nuestro país cuando la Revolución Democrática destruir y barrer el viejo Estado, el viejo sistema de explotación y opresión sobre nuestro pueblo.