Después del anuncio de la Presidenta Kirchner de reestatizar las jubilaciones y pensiones, los analistas económicos de la imprenta brasileña, preocupados con el sector que representan, desaprobaron lo que sería una quiebra de contrato, falta de reglas claras y que acabaría causando pérdida de credibilidad de las economías emergentes. Hay quien diga que ella está siendo irresponsable o hasta corajosa al enfrentar los banqueros. Por otro lado, muchos argentinos se preguntan cómo posicionarse. Si es mejor confiar su futuro a los bancos privados o al Estado. El problema es mucho más grave que esto.

Existen dos sistemas de jubilación:

• el de reparto donde los trabajadores en actividad, solidariamente, sustentan a aquellos que por edad u otros motivos legales están retirados.
• de capitalización privada donde cada trabajador aporta a una cuenta individual que es administrada por un fondo especializado en inversiones. Cuando se retirar recibirá sus aportes acrecidos de los lucros.

El primer sistema siempre fue el más usado y para autofinanciarse contaba con un continuado crecimiento de la población y una expectativa de vida que era menor que la actual lo que permitía que tres o cuatro trabajadores sustentasen un jubilado.

Como estas condiciones mudaron y muchos trabajadores no tienen ni condiciones de aportar apenas con complementaciones del tesoro es que las cuentas cierran. 

En 1993 durante el gobierno Menem, siguiendo la receta neoliberal, se lanzó la propuesta de la jubilación privada donde los trabajadores podían optar por este nuevo sistema tras pedido expreso. Como la adhesión fue pequeña, una medida administrativa poco difundida mudó las reglas para que solo quedasen en el régimen estatal quienes lo requiriesen por escrito hasta un plazo determinado. Así los bancos abrieron las AFJP, (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) como fueron llamadas y crecieron enormemente.

Campañas publicitarias mostraban los futuros beneficiaros gozando una vida abundante.

De repente el gobierno abdicaba de administrar una cantidad enorme de dinero, admitía que no era buen gestor ni muy confiable en sus deberes y daba como salida el sistema financiero.

Así el ministro Cavallo y un grupo de amigos banqueros pasaron a perpetrar un robo totalmente legalizado.

Las AFJC pasaron a cobrar (ellas tenían la libertad de fijar) una comisión de en promedio 30% directamente de los aportes independientemente del resultado de la aplicación del dinero. Estas empresas tampoco estipulaban o garantizaban una cierta renta para el futuro beneficiario ya que dependería del comportamiento de los mercados. Otra ventaja del sistema privado (para las administradoras, claro) era que podían determinar el valor de las jubilaciones y pensiones teniendo en cuenta ciertos factores por ejemplo: si las mujeres tienen expectativa de vida mayor pasaba a ser comercialmente justo que recibiesen beneficios menores para aportes iguales. Estos fondos, también disponían que quién tuviese un hijo discapacitado recibiría menos porque si el jubilado fallecer tendrían que tener un dinero reservado para el hijo.

En realidad estas jubilaciones ni podrían recibir tal denominación porque para eso los beneficios tendrían que ser vitalicios.  Las AFRJ solo prevén pagos hasta la edad media de vida establecida (80 años hombre, 82 mujer). Lógicamente que la iniciativa privada siempre tiene soluciones. Quien pretenda vivir más que la media sin pasar hambre puede contratar un seguro extra en una aseguradora vinculada. La mayoría de estas reglamentaciones constaban en letras pequeñas en los contratos y esos "defensores del libre mercado" impidieron durante 14 años que quien estuviese en el sistema privado pasase al público.

Por otra parte el gobierno necesitaba continuar cumpliendo con el pago de los antiguos jubilados sin tener más aportes para ello. La solución obviamente era pedir dinero prestado a las AFJC dando como garantía títulos de la deuda pública. En 2005 Argentina renegocia el valor de sus bonos con un descuento de 45 a 75%, el default. Los fondos tienen cerca de 60% de su capital invertido en estos títulos y el gobierno los autoriza a colocar en sus balances el valor técnico y no el real, el de mercado, con lo que consiguen montar una publicidad de solidez y patrimonio totalmente falsa.

Y así se llega a nuestros días. La presidenta declara: "Los recursos de nuestros jubilados no pueden ser fuente de especulación. La jubilación no es ni puede ser un negocio". Interesante que el matrimonio presidencial tenga apenas ahora llegado a esta conclusión. Ya en 1993 él era gobernador y ella diputada provincial, y la imprenta no registró ninguna crítica de ellos a la seguridad privada. Ahora dice que se debe privatizar el sistema antes que la crisis económica mundial alcance los fondos para  proteger  los recursos de los jubilados y pensionistas.

De la misma manera que sorprendía que el gobierno Menem despreciase el dinero de los aportes ahora causa extrañeza la pequeña resistencia de las AFJC y de los bancos ante la privatización.

La respuesta para esto puede deberse a que después de 15 años de creados, los fondos comienzan a tener la obligación de pagar beneficios a una parcela creciente de sus clientes y el dinero prácticamente no existe más. Es una fortuna, pero irrisoria frente a las obligaciones. Por ley son impedidos de usar el dinero de los nuevos contribuyentes. Además con la crisis mundial que se avecina el sistema bancario comienza a despedir funcionarios. Con el Estado asumiendo esta responsabilidad saldrán limpios.

De esta manera cierra el ciclo de este golpe perfecto del sistema bancario que sin arriesgar y mucho menos producir nada, embolsó fortunas tirando de los trabajadores, con total encubrimiento de varios gobiernos y que ahora sale como víctima de expropiación, pudiendo inclusive en el futuro procesar a la nación.