Pasada la farsa electoral el Estado fascista brasileño profundizó aún más la política de exterminio sobre las poblaciones pobres del país. Paralelamente, demostró que notorios y confesos criminales a su servicio no podrán ser condenados por sus tribunales.

Primero, tres de los once militares prendidos por secuestrar, torturar y asesinar tres jóvenes de la Providencia en junio del año pasado, fueron liberados por orden del juez Marcello Ferreira Granado. Son ellos el soldado Eduardo Pereira de Oliveira, el cabo Samuel de Souza Oliveira y el sargento Bruno Eduardo de Fátima. De acuerdo con el juez "hubo momentos en que los tres actuaron en respeto a la jerarquía militar y no participaron, efectivamente, del desfecho del crimen". Antes, otros cinco militares ya habían sido sueltos por decisión judicial. Recordemos que los soldados fueron prendidos tras intensa movilización popular, que exigió justicia y enfrentó la tropa de choque del Ejército frente al Comando Militar del Este.

El domingo, día 7 de diciembre, poco antes de un juego de fútbol en el Estadio Bezerrão (DF), un hincha del São Paulo fue perseguido y alcanzado por una culatada y un tiro disparado por el policía que lo perseguía. El tiro acertó la nuca de Nilton César de Jesus, que murió en la mañana de 11 de diciembre. A pesar de que cámaras de TV tengan filmado el momento del crimen, el sargento de la Policía Militar José Luiz Carvalho Barreto, autor del disparo, fue suelto el día siguiente e irá a aguardar juicio en libertad.

En la mañana del día 12 de diciembre el cabo de la PM William de Paula — uno de los policías que asesinaron el niño de tres años João Roberto Soares y hirieron su hermano, en julio de ese año — fue absuelto de la acusación de homicidio, por cuatro votos a tres. El jurado fue presidido por el juez Paulo Baldez y fue marcado por una serie de irregularidades, entre ellas la conducción de los jurados junto con el reo y el exagerado aparato policial que compareció al 2º Tribunal del Jurado de la Capital para intimidar los jurados y la familia del niño.

El Dr. Nilo Batista, que actuó como asistente de la acusación, declaró que a partir de ese juicio fue legalizada la pena de muerte en el país.

— Ellos [los jurados] establecieron que existe una pena de muerte para el robo de coches y debe ser cumplida por el PM que esté más próximo.

Ya los padres de João Roberto eran los más indignados.

— ¿Quiere decir que la policía mata y queda así mismo? — decía el padre de João, Paulo Roberto.

La madre, indignada, decía:

— Yo estoy chocada, mi hijo murió sin porque, él [el PM] cumplió el deber de él: matar mi hijo.

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