La actividad de los parlamentares brasileños es de causar envidia a sus pares de otros países. Considerando que ellos "trabajan", lo máximo, tres días por semana, la cantidad de Proyectos de Ley (PL) y de Enmienda Constitucional (PEC) que ellos hacen es enorme. La mayoría claro, antipueblo. Entre ellas, leyes que aumentan el rayo de represión y transfieren recursos públicos al latifundio.

Los Proyectos de Ley y de enmienda Constitucional son de las más variadas naturalezas. Una cosa no se puede negar, nuestros parlamentares son altamente imaginativos. Hay propuestas para instituir el Día Nacional del Reggae y el Día de la Fe Cristiana — con todo respeto a los aficionados por los dos; prohibición de adopción de niños por pareja del mismo sexo y hasta la obligatoriedad de la inscripción de la bandera nacional (Orden y Progreso) en todos los uniformes escolares de la red pública. Al margen de ciertos casos pintorescos, hay propuestas graves, que representan verdaderos crímenes contra el pueblo y contra el Brasil. Veamos algunas.

Tarjetas Corporativas

En inicios de junio el diputado Luíz Sergio (PT-RJ) presentó un informe de la CPI de las tarjetas corporativas. Todos los ministros envueltos en el escándalo fueron exentos de cualquier culpa. Para él, se trata apenas de "equívocos". Ahora tramita en el Congreso el Proyecto de Ley 3296/2008, presentado por el diputado Davi Alcolumbre (Dem/AP). En el proyecto, el diputado propone que la tarjeta corporativa sea de uso exclusivo de los Ministros de Estado, agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y de la Policía Federal. Cabe recordar que los principales acusados de uso irregular fueron funcionarios de alto escalón.

Más gente en la división del robo

Hay quien crea que cada gerente que suba a la presidencia deba tener un largo período en el gobierno. Por lo menos es el pensamiento del diputado Felipe Pereira (PSC/RJ) que propuso la PEC 257/2008. El proyecto establece el mandato presidencial de seis años, con posibilidad de reelección. El diputado afirma que un mandato de seis años es el tiempo adecuado para la implantación de un plan de gobierno y que ese tiempo es necesario para el acompañamiento de la ejecución de las políticas públicas. Como si con más tiempo los gobernantes fuesen hacer más cosas por el pueblo… Lo que se debe esperar es justamente lo contrario.

Y el arsenal de disparates no para por ahí. Al final de mayo, los diputados aprobaron, en primer turno, el aumento del número de concejales. Ahora ciudades con hasta 15 mil habitantes tendrán nueve concejales y ciudades con más de ocho millones, 55. La Ley (PEC 333/04) aumenta el número de concejales de 51.748 para 59.791. También habrá una segunda votación y la medida si aprobada, no valdrá para las elecciones de este año. Ahora los parlamentares quieren cambiar la Constitución para permitir que aquellos que son empresarios puedan hacer negocios con el gobierno. La propuesta es del diputado Francisco Tenorio (PMNL/AL) y tramita bajo el número PEC 256/2008.

A los latifundistas

Cuando se habla de hacer leyes que agraden los latifundistas, los congresistas brasileños son experts. El diputado Bruno Rodriguez (PSDB/PE) presentó el PL 3275/2008, que exenta del pago del Impuesto Territorial Rural los inmuebles que estuvieren localizados en municipios con Indicé de Desarrollo Humano menor de que 0,7. El proyecto es concebido como un benefactor para los pobres, ya que beneficiará municipios con bajo desarrollo. En la práctica esa medida va beneficiar una gran gama de latifundistas, que detienen más de la mitad de las tierras del país, en cerca de 2.500 municipios. Además, el latifundio es el principal factor por el cual el IDH de esos municipios es tan bajo. Si fuesen pequeñas propiedades, los campesinos y el comercio de las ciudades estarían en franco progreso.

Y el último mes trajo una nueva medida que beneficia a los latifundistas. Lo que no era bueno para los trabajadores quedó peor. La MP 410/07 ganó nuevas enmiendas. Una de ellas permite la contratación sin registrar en la Cartera de Trabajo y Seguridad Social (CTPS). El empleador pasa a tener el derecho de escoger en la formalización de la relación de trabajo, pudiendo ser una simple anotación en un libro registro. Tal medida desprotege completamente los trabajadores. Si con la obligatoriedad de la anotación en la CTPS ya se cometen varios crímenes contra el trabajador, la situación debe empeorar con esta ley.

Reducción de impuestos para el patrón

El diputado Manato (PDT/ES) quiere realizar uno de los mayores sueños del patronato brasileño. El presentó la PEC 248/2008, que extingue la contribución paga por los patrones a la seguridad social. Con esa propuesta, queda prohibido cualquier tipo de contribución del empleador que incida sobre la hoja de salarios. Los patrones quedarán totalmente exentos de participar del financiamiento de la seguridad social, mientras que el trabajador continuará a contribuir. Esta propuesta tramita junto a otra, de la misma naturaleza. Se trata de la PEC 242/2008, de autoría del diputado Luciano Castro (PR/RR), que también propone la extinción de la contribución de la contribución de la seguridad social patronal y crea el Impuesto Único sobre los movimientos financieros para financiar la seguridad social.

Mensualidades en las IFES

Ya hubo varias tentativas de instituir la cobranza de mensualidades en las universidades públicas. La PEC 239/2008, del diputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS), que tramita junto con la otra de 1995, la PEC 123/1995, es otra de ellas. En la PEC, el artículo que garantiza la gratuidad de la enseñanza excluirá el curso superior. Según la propuesta, la cobranza de mensualidades en la enseñanza superior será hecha de modo proporcional a la capacidad de pago de los estudiantes, admitida también la prestación de servicio como forma de paga.

Para el diputado, esta medida tendrá impacto redistributivo, no deberá causar espanto si él mismo la llamar de la PEC Robin Hood.

Él defiende la medida, afirmando que ella podrá contribuir con el aumento del presupuesto para las universidades, costeando la permanencia de los estudiantes de baja renta y las actividades cotidianas de las instituciones. Lo que el diputado defiende, pero no tiene coraje para afirmar claramente, es que serán los estudiantes que harán el papel del gobierno, financiando la enseñanza superior.

Esterilización

Una de las propuestas más reaccionarias presentada en los últimos meses es el PL 3326/2008, de autoría del diputado Neucimar Fraga (PR/ES). El parlamentar propone la esterilización de hombres y mujeres a partir de los 18 años, que ya tengan por lo menos un hijo vivo. Para él esto es planeamiento familiar. El diputado debe ser otro de los que piensan que el problema de la criminalidad y del desempleo va a ser resuelto cuando las mujeres pobres fueren esterilizadas, idea muy en moda actualmente.

Vigilancia

Con la disculpa de proteger la población, el diputado Vic Branco (DEM/PA) propuso la Ley (3279/2008) que obliga todos los edificios comerciales y residenciales a instalar en sus áreas comunes un sistema de monitoreo con cámaras de seguridad y grabación de imágenes. Esta medida hiere gravemente la privacidad del pueblo. La diputada Solange Amaral (DEM/RJ) también propuso la medida que sigue la misma línea. La PEC 255/2008 iguala la Guardia Municipal a la Policía Militar y Policía Federal, o sea, permite la utilización de armas y otras formas de represión en ciudades con más de un millón de habitantes.

Gobierno planea nuevo impuesto

El Congreso está votando el Proyecto de Ley Complementar 306/2008, que reglamenta los recursos para la salud pública. El Proyecto prevé que la Unión, Estados y municipios destinen 12% de su recaudación para la salud. La base gubernista en el Congreso propuso la creación de un nuevo impuesto para financiar los recursos para la salud, la Contribución Social para la Salud (CSS). La propuesta es del diputado Pepe Vargas (PT/RS).

La CSS tiene los mismos moldes de la extinta Contribución Provisoria Sobre Movimiento Bancario (CPMF). La CPMF incidía sobre todos los movimientos bancarios, excepto negociación de acciones en Bolsa, retiradas de jubilaciones, seguro desempleo, salarios y transferencias entre cuentas corrientes de la misma titularidad, y tenía alícuota de 0,38%. La contribución fue extinta al final del año pasado.

En lugar de la CPMF, el gobierno se ocupó de aumentar el valor de la alícuota y la incidencia del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). Pasarán a pagar IOF el saldo deudor del cheque especial y las remesas de lucro para el exterior. El aumento fue de 0,38% en la alícuota de empréstitos personales, uso de tarjeta de crédito en el exterior, crédito consignado, remesas de lucro al exterior y demás operaciones de cambio, seguro de bienes, personas y salud, y el crédito directo al consumidor (CDC).

La CSS, si aprobada, tendrá alícuota de 0,1% (para comenzar) e incidirá sobre movimientos financieros, sean de debito o de crédito, pagos y transmisión de valores. La estimativa de la Frente Parlamentar es de que la cobranza de la CSS sea aprobada, ya que Lula afirmó que no firmará la Ley que regula el presupuesto de la salud si no haber especificación de la fuente financiadora, léase creación de nuevo impuesto.

No hay argumento que justifique la creación de un nuevo impuesto. Aún con la extinción de la CPMF, el gobierno continuó superando records de recaudación. En los cuatro primeros meses de este año, el gobierno recaudó 12,56 % más de que en el mismo período del año pasado, cuando la CPMF todavía vigoraba. En inicio de junio también anunció destinación de cerca de R$ 9 mil millones a la renegociación de las deudas del sector agrícola.

Renegociación beneficia Latifundistas

En 28 de mayo, Lula firmó la Medida Provisoria 432/08. La MP renegocia R$ 75 mil millones del saldo deudor de los ruralistas, que representa 85,7% de la deuda del sector, avaluada en R$ 87,5 mil millones. El gobierno afirma que la renegociación es necesaria para "reorganizar el sector" y enfrentar la crisis de los alimentos.

La MP posibilita las siguientes acciones: reducción de los intereses de las parcelas vencidas y no pagas; concesión de plazo adicional para el pago; reducción de las tasas de interés; descuentos para los pagos realizados en los próximos dos años.

No es la primera vez que algo de ese tipo es hecho por la gerencia del viejo Estado brasileño. Luiz Inácio ya expidió otras dos MPs de la misma naturaleza en años pasados, práctica heredada de gerencias anteriores. Esta es otra prueba de las relaciones del latifundio con el viejo Estado semicolonial brasileño.

Sin duda, la renegociación de las deudas es fruto de la presión ejercida por la bancada ruralista, y más de que esto, del compromiso asumido por Lula, desde el inicio de su gerencia, con los latifundistas. Compromiso ese expreso no solo en la negociación, sino por otras medidas, tanto en la esfera económica o ambiental y también en la represión a los movimientos populares en el campo.

La necesidad clamorosa de la renegociación de las deudas de los grandes ruralistas muestra como es falluto el argumento de que son los latifundistas los grandes salvadores de la patria, los que garanten — con la exportación de las commodities— el superávit primario. La fuerza del agronegocio brasileño es apenas maquillaje mal hecha. ¿Cómo un sector que vive actualmente, una alta general de precios puede estar endeudado?

Formalmente la renegociación atinge beneficiarios de la reforma agraria, productores familiares, pequeños, medios y grandes productores, además de cooperativas y empresas agrícolas. Ella va a costar cerca de R$ 7mil millones al Tesoro Nacional.

Para Pedro Christoffoli, agrónomo e integrante de la Confederación de Cooperativas de Reforma Agraria de Brasil, los pequeños y medios productores entraron en la negociación apenas para distraer. Para él, se usa el argumento de ayudar a los pequeños, pero en realidad esta MP va dar grandes regalías a los latifundistas, ya que la mayor parte del dinero debe ser destinada a la renegociación de las deudas de los grandes productores.

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