La aprobación de la Ley General de la Copa por el Congreso, el día 28 de marzo, apenas confirma la condición semicolonial de nuestro país, cuya ‘soberanía’ no es respetada ni siquiera por una organización mafiosa cómo esta que organiza el crimen en el deporte de alto rendimiento a nivel internacional. Además, toda la polémica en torno a la venta de cerveza en los estadios encubre un conjunto de concesiones del Estado brasileño, muchas de ellas copiadas de la legislación antiterrorismo vigente en USA y en Europa.
La Ley General de la Copa suspende, por un periodo anterior y posterior al evento, artículos de las leyes de Patentes y de los Extranjeros; de los estatutos de las Ciudades, del Torcedor(hincha) y de los Ancianos; y leyes municipales que garantizan el derecho de ir y venir.
A finales del año pasado fue creada la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. En las 12 ciudades que acogerán la Copa del Mundo de 2014, entidades, movimientos sociales y organizaciones políticas crearon comités populares para oponerse a las violaciones, abusos e ilegalidades relacionadas con la realización de los juegos mundiales y olímpicos. Esta organización, al creer que de ese Estado y con esta gestión petista podría surgir una actitud soberana frente a los piratas de la FIFA, cae en una ilusión de clase sobre el carácter del Estado brasileño. Su mérito, sin embargo, fue hacer un análisis del Proyecto de Ley enviado por la gestión petista al Congreso Nacional y elaborar una nota pública en que denuncia el arbitrio y la sumisión en que se constituye este atropellamiento a la soberanía nacional en franco favorecimiento a grupos privados internacionales.
Por el carácter del viejo y podrido Estado brasileño, como un Estado burgués -latifundista sumiso al imperialismo, ya podemos deducir que su cuadro jurídico obedece a este mismo carácter de clase. Así, los trabajadores y el pueblo en general ya son discriminados por la propia naturaleza del Estado. Pero, como dice el dicho popular, que nada es tan malo que no pueda empeorar, la repudiable ley de la copa consigue esta hazaña. La nota de los comités populares destaca cuestiones que infernarán la vida del pueblo brasileño mientras transformarán el país en un verdadero paraíso para los extranjeros y protegidos de la FIFA, sin ningún control de la nación, que con la aprobación de la ley dirá amén por anticipación a la quiebra de su soberanía. Debido a la importancia del estudio citaremos en la íntegra los principales destaques de la nota:
“Nuevos crímenes, sanciones civiles y juicios especiales
Como si no bastase, la propuesta también prevé crímenes excepcionales, con fecha de validez definida hasta 31 de diciembre de 2014. Son ellos: “Utilización Indebida de Símbolos Oficiales”, “Marketing de Emboscada por Asociación” y “Marketing de Emboscada por Intrusión”. Acompañan los nuevos crímenes las penas de detención, multa y un conjunto de sanciones civiles relacionadas a la venta de productos y actividades de publicidad. Esos dispositivos penalizan hasta los bares que pretendan transmitir los juegos, afectando el comercio y la confraternización popular tan propia de nuestra cultura deportiva. Además de eso, el art. 37 del PL nº. 2330/2011 permite la creación de juzgados especiales, y cámaras especializadas para juzgar demandas relativas a los juegos, o sea, la Ley General de la Copa abre brecha para que se cree una Justicia de Excepción en el Brasil, tal como fue hecho en Sudáfrica por presión de la FIFA. Esa medida es claramente inconstitucional, como ya fue manifestado inclusive por ministros del STF. Añádase que, diferentemente de cualquier brasileño que, al buscar la justicia, debe recoger cuestas y pagar los gastos procesales, caso no sea beneficiado con la asistencia judicial, la FIFA, por la propuesta (art. 38), ¡queda redimida de cualquier gasto procesal!
Visados de entrada y permisos de trabajo
La soberanía del Estado Brasileño también fue dejada de lado en la propuesta de Ley General de la Copa. El proyecto prevé la concesión automática de visados de entrada y permisos de trabajo a la FIFA, “a cualquier individuo que ella indicar”, al equipo de los “compañeros comerciales de la FIFA”, cualquier persona con ingreso y otros. El país pierde cualquier poder de control en cuanto a la entrada de extranjeros en territorio nacional. Se crean fronteras internacionales dentro de nuestras ciudades, mientras se disuelven nuestras fronteras atendiendo a las exigencias de la FIFA. Así, la FIFA se transformaría en una especie de consulado general y plenipotenciario del Brasil, por propuesta de nuestro gobierno, obligado constitucionalmente a defender nuestra soberanía. ¡Basta comprar el ingreso!
¡Responsabilidad de la Unión, o mejor, del pueblo!
La Copa, como gran negocio que es, requiere garantías. Así, la propuesta prevé que la Unión asuma la responsabilidad por cualquier daño causado a la FIFA. No se trata sólo de responsabilidad civil personal. La Unión responderá ampliamente por “todo y cualquier daño resultante o que haya surgido en función de cualquier incidente o accidente de seguridad relacionado a los Eventos”. Por el proyecto el Brasil se hace fiador de la FIFA en sus negocios particulares.
La Ley General de la Copa atiende las exigencias previstas en el Cuaderno de Gravámenes de la FIFA. El argumento de que el Gobierno Brasileño asumió estos compromisos es inaceptable, pues el gobierno no tiene autoridad ni delegación para asumir acuerdos con entidades internacionales ignorando al Poder Legislativo y en clara oposición a la Constitución Federal y a las leyes vigentes. En nombre de los negocios y de los logros de la entidad, percibimos una relación de sumisión política de nuestras autoridades ante la FIFA, en perjuicio de nuestra soberanía, de la legislación interna y de los intereses nacionales. Inclusive las principales garantías del Estatuto del Torcedor, aprobado en 2003, estarán suspendidas durante la realización de los juegos en el Brasil (ver art. 43, del PL nº. 2330/2011). Eso todo sin mencionar tantas otras violaciones e ilegalidades que ya han ocurrido en función de la realización de los juegos, tales como, falta de informaciones, remoción y desalojos arbitrarios de comunidades pobres, represión sobre trabajadores informales y población en situación de calle, explotación sexual de mujeres y niños, endeudamiento público por encima de lo autorizado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, falta de transparencia, precarización del trabajo, segregación socio espacial, etc.
En verdad, la Ley General de la Copa, caso sea aprobada, no será la primera ley que atenta contra el ordenamiento jurídico brasileño. Otros ejemplos son la ley nº. 12.350/2010 que redime de tributos federales productos y servicios relacionados con los juegos y la ley nº. 12.462/2011 que, para burlar la ley general de licitaciones brasileña, creó un Régimen Diferenciado de Contrataciones (RDC) para las obras de la Copa de las Confederaciones de 2013, Copa del Mundo de 2014, Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 2016. Además de las leyes de excepción aprobadas en el ámbito de los estados y municipios de la federación para viabilizar a cualquier coste la realización de la copa.
Obviamente, la realización de los juegos no puede justificar que se desdeñen los derechos y garantías previstos en la Constitución y en las leyes. Jamás podemos olvidar que la FIFA, la CBF y el COI son entidades privadas. El Comité Organizador Local del Mundial de Fútbol, por su parte, es una sociedad Ltda.! Por más relevante que sea la organización de los Juegos Olímpicos y Mundiales, no podemos tolerar una legislación que garantice privilegios a particulares, en carácter jamás visto en el país, subyugando el propio Estado brasileño.”
Justificando el título de casa homologatoria, el Congreso Nacional no atentó para el hecho de que aprobando tales aberraciones, bajo la disculpa de que Luíz Inácio ya había firmado la “rendición” en el momento de la definición del Brasil como sede de la Copa 2014, estaría siendo connivente con este acto de lesa-patria. De la misma forma el monopolio mediático no vio nada errado en tales imposiciones, dando una vez más, demostración de su servilismo cuando los intereses de la grande burguesía y del imperialismo están en juego.
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