Aluizio Palmar, ex-militante da VPR, faz duras críticas à Comissão
Cuatro meses después de la instalación de la Comisión Nacional de la “Verdad” (CNV) aún no se puede afirmar que ella haya representado algún avance en la lucha por la memoria de las luchas contra el régimen militar, ya que justicia no es de su jurisdicción. La CNV parece perdida en su actuación – tal vez de propósito –, mientras los familiares de desaparecidos, ex-presos políticos y organizaciones civiles continúan exigiendo la punición a los torturadores del régimen militar.
Hasta el cierre de esta edición de AND, la actuación de la CNV se había limitado a la realización de audiencias públicas y reuniones en São Paulo, Goiás, Río de Janeiro, Paraná, Alagoas, Pernambuco y Pará. Además del excomisario del DOPS, Cláudio Guerra, que fue oído a puertas cerradas, ningún testimonio oficial había sido recogido por la Comisión.
La CNV ha sido criticada por varias entidades y personas envueltas en la lucha por la punición de los torturadores. Aluizio Palmar, del Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular de Foz de Iguazú y ex-militante de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR), revela su decepción:
– Es triste constatar eso, pero está siendo una CNV para dar satisfacción a la Comisiones de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU, que continúan cobrando la investigación sobre las desapariciones políticas forzados.
Palmar también critica la falta de compromiso de algunos miembros con los trabajos de la Comisión:
– Los miembros de la CNV, con pequeñas excepciones, tienen sus actividades particulares, profesionales, y no las abandonaron, o sea, no se están dedicando en tiempo integral a la CNV, como dice la ley.
Para él, el modo de funcionamiento de la Comisión no contribuye con la marcha de las investigaciones. Él revela que el hecho de que las designaciones hayan venido directamente de la Presidencia de la República y, consecuentemente, respondan a intereses políticos, acaba perjudicando el trabajo:
– Algunas concesiones fueron hechas en las designaciones y muchas fueron hechas en los nombramientos de los asesores, que responden a cuotas de los partidos políticos que están en el gobierno hoy. La CNV funciona tal cual los ministerios, donde hay nombramientos políticos de personas que hoy están más envueltas en las elecciones de que en la búsqueda de la verdad.
Como si no bastase ser una farsa, la Comisión no hace el mínimo esfuerzo para mostrar trabajo. Ella ya recibió archivos e informaciones de diversos organismos y personas que trabajaron por años investigando independientemente del Estado. Según Palmar, esas informaciones fueron entregadas a la CNV y sólo cabría al órgano convocar los testigos y encaminar los casos, pero hasta ahora nada fue hecho. Aluizio Palmar investigó minuciosamente el caso de seis militantes de la VPR que fueron asesinados en el Parque Nacional de Foz de Iguazú en 1974. Toda esa documentación ya fue entregada a la Comisión, pero él aún no fue convidado a dar su testimonio y ninguna medida fue tomada.
Esperanza en el ministerio público
El último día 27, después de pedido de la familia, la CNV solicitó formalmente que el certificado de defunción de Vladimir Herzog fuese modificado. En el documento antiguo constaba suicidio como causa mortis del periodista. Ahora deberá constar que la muerte de Herzog transcurrió de “lesiones y malos tratos sufridos durante interrogatorio en dependencia del 2º Destacamento de Operaciones de Informaciones – Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi)”. Pero esa acción no constituye la práctica corriente de la CNV.
– La CNV no es obligada a encaminar los nombres de los torturadores a la justicia. Ella puede oficializar la investigación y el MP hace el resto, pero la primera parte, que es el trabajo de la CNV, no viene siendo realizada. Hoy, el MP está atropellando la CNV y las entidades están trabajando en el sentido de investigar y encaminar los nombres de los responsables a la justicia, cuando eso es tarea de la CNV, que aún está organizando la oficina, papelada, web…
En el fin de agosto, las dos primeras denuncias del MPF contra torturadores fueron aceptadas por la Justicia Federal de la Comarca de Marabá (PA) (ver AND 95). El coronel Sebastião Rodrigues de Moura, alias “Mayor Curió”, y el mayor Lício Maciel son acusados de secuestro calificado de militantes que emprendieron la Guerrilla del Araguaia, en el sur del estado.
En São Paulo tramita la acción penal por el crimen de secuestro calificado de Aluizio Palhano, ocurrido en 1971. En esta acción, el ex jefe del Doi-Codi, Carlos Alberto Brillante Ustra, es acusado de ser el ejecutor del crimen. El MPF está recurriendo de la primera decisión de la Justicia Paulista, que negó el acogimiento de la acción. Recientemente él fue considerado torturador por el Tribunal de Justicia de São Paulo, en acción movida por la familia Teles (ver AND 84, 92 y 94).
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