A Usina de Jirau foi tomada por greves e incêndios, em 2011 e 2012

Una permanente rebelión de trabajadores fermenta en las obras del Proyecto de Aceleración del Crecimiento – PAC del gobierno federal. Las obras de las usinas de Jirau y Santo Antônio (Rondônia), del Complejo Industrial de Suape  (Pernambuco) y de Belo Monte (Pará) reúnen en sus obras 20, 30 y hasta 50 mil trabajadores. Destacadamente en esas obras, ocurrieron las mayores revueltas y huelgas obreras del año pasado.

Ciudades como Altamira, en Pará, donde se construye la usina hidroeléctrica de Belo Monte, recibieron en un corto espacio de tiempo decenas de miles de trabajadores de diferentes regiones del país. Con el amplio incentivo de las contratistas, abundan la especulación inmobiliaria, la explotación sexual (inclusive de menores), el alcoholismo y la creciente inflación decurrente del enorme flujo de personas (un simple plato de comida en Altamira llega a costar R$ 17 y se estima que la inflación en la ciudad sobrepasó los 30% en 2012).

Naciones indígenas, campesinos y poblaciones ribereñas ven sus territorios, campos y locales de trabajo destruidos y se levantan en luchas que son, así como las revueltas obreras, brutalmente reprimidas. Por varias ocasiones los pueblos indígenas del Río Xingu, en Pará, ocuparon las instalaciones de las obras de Belo Monte denunciando el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Consorcio Constructor, contra la invasión de su territorio y la destrucción de los recursos naturales. Esos pueblos constituyen una importante frente de resistencia contra esa obra multimillonaria que sólo sirve a los intereses del imperialismo y de la gran burguesía.

Rebelión por derechos

En 13 de febrero de 2012, el sargento de la PM Francisco das Chagas da Silva abrió fuego contra trabajadores que protestaban debido al atraso de más de tres horas del autobús que los transportaría para la usina de Jirau, asesinando el obrero Josivan França Sá con un tiro en la cabeza. Fue el detonador de una nueva rebelión.

En 8 de marzo  la huelga general y, en la madrugada de 3 de abril, los alojamientos de las obras de Jirau fueron incendiados. Los huelguistas denunciaron que el mencionado incendio habría sido orquestado por la propia constructora Camargo Corrêa, que durante la huelga negociaba un aditivo del contrato referente al seguro en el valor de más de mil millones de reales.

Una odiosa campaña de criminalización de la lucha fue puesta en marcha por el gobierno, a través del Secretario de la Presidencia, Gilberto Carvalho, que tildó los huelguistas de “vándalos y criminales”. La gerencia federal (Rousseff – PT) y de Rondônia (Confúcio Moura – PMDB) ordenaron la ocupación de las  obras de Jirau por 250 policías (113 de la Fuerza Nacional, 80 policías militares de la COE y 60 policías del servicio ordinario de la PM). El trabajador Francisco Sousa Lima, albañil, natural del estado del Amazonas, murió durante la incursión policial.

A Usina de Jirau foi tomada por greves e incêndios, em 2011 e 2012

La “Operación Vulcano”, dirigida por la Policía Civil, expidió 24 órdenes de prisión contra obreros huelguistas. Once de ellos que fueron secuestrados durante dos días, mantenidos sin alimento y en cárcel privada dentro de la obra de Jirau, hasta ser llevados para el presidio Pandinha (anexo del Presidio Urso Branco, en Porto Velho). Varios de ellos fueron torturados. El obrero Raimundo Braga hizo el relato de las torturas que sufrió en audiencia de la CPI sobre el Tráfico de Personas en el Brasil en la Cámara de los Diputados, en Brasilia. Otros doce obreros, a pesar de constar en la denuncia del fiscal Rodrigo Leventi Guimarães cómo “recogidos en el Pandinha”, son considerados “desaparecidos” desde entonces. Un obrero es considerado forajido.

En 29 de noviembre ocurriría la audiencia de instrucción y juicio de 24 obreros huelguistas de Jirau en la 1ª Vara Criminal de Porto Velho. Una comisión de entidades sindicales y de defensa de los derechos del pueblo fue hasta allá para acompañar la audiencia. El Núcleo de Prácticas Jurídicas de la Universidad Federal de Rondônia asumió la defensa de los obreros juntamente con la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo (Abrapo) y contaron con el apoyo de la oficina Nilo Batista Asociados, de Río de Janeiro, y de la Comisión de Justicia y Paz. Con el empeño de la comisión y de la defensa de los obreros, fue conquistado el aplazamiento de la audiencia para febrero de 2013 y los trabajadores podrán dar sus testimonios a través de un exhorto.

Doctrina Rousseff para huelgas

La militarización de las obras de Jirau reforzó aquella que pasó a ser la medida normalmente adoptada en todas las huelgas que se siguieron: campaña de criminalización, ocupación militar de las instalaciones, prisión de huelguistas y despidos masivos.

Después del inicio de la nueva revuelta en Jirau, en 16 de marzo, los obreros de la usina Santo Antônio, también en Porto Velho, entraron en huelga. Inmediatamente las obras fueron cercadas por la PM y por la Fuerza Nacional de Seguridad.

En 29 de marzo, los obreros de Belo Monte iniciaron una huelga general contra las pésimas condiciones de trabajo y por mejores salarios. La revuelta explotó después de la muerte del operador de moto sierra Francisco Orlando Rodrigo Lopes, atropellado por una retroexcavadora en la tarde del día 28 en la obra. La policía ocupó el lugar, agredió y detuvo obreros.

En la primera quincena de agosto, las obras de la Refinería Abreu e Lima y de otras instalaciones del Complejo Industrial Portuario de Suape , en la gran Recife – PE, fueron paralizadas. 45 mil obreros adhirieron a la huelga. Los obreros rechazaron la dirección del Sindicato de los Trabajadores de las Industrias de Construcción de Carreteras, Pavimentação y Obras de Terraplanagem en el Estado de Pernambuco – Sintepav / Fuerza Sindical, que tuvo el coche con amplificador apedreado en una asamblea y los dirigentes vendidos tuvieron que huir rápidamente. La PM reprimió brutalmente la huelga abriendo fuego contra piquetes e hiriendo decenas de obreros. Los huelguistas resistieron e incendiaron varios autobuses. Centenares de trabajadores fueron dimitidos como represalia.

Entre los días 9 y 12 de noviembre una gran protesta obrera paralizó nuevamente las obras de la usina Belo Monte. Los trabajadores se sublevaron contra las maniobras del Sindicato de la Construcción Pesada del Pará – Sintrapav, que negociaba la disminución de los salarios con los patrones. Galpones y otras instalaciones de la usina fueron destruidos y los obreros bloquearon la Carretera Transamazônica, incendiando un autobús. Las fuerzas de represión cercaron el Sitio Pimental, punto principal de las obras de la usina. Cinco obreros fueron detenidos y acusados de “incendio criminal y formación de cuadrilla”. Esos obreros continúan detenidos. No existe ninguna prueba contra ellos. Son presos políticos. El día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, diversas organizaciones populares realizaron una protesta frente al edificio del Consorcio Constructor Belo Monte, en Belén, exigiendo la liberación de los obreros.

Ejército ocupa obras

En los días 15 a 20 de octubre, 50 militares de la 17ª Brigada de Infantería de Selva hicieron un entrenamiento en la fábrica de Jirau. Los militares hicieron abordaje de los autobuses que transportan los obreros, obligaron los trabajadores a salir de los vehículos y efectuaron revistas vejatorias. En los comedores, los obreros tenían que alimentarse en la presencia de militares portando armas pesadas. El entrenamiento del ejército en Jirau formó parte de la “Operación Ágata 6”, que envolvió en total más de 7 mil militares, en acciones en los estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Acre.

El día 30 de octubre, cerca de 250 militares del 51º Batallón de Infantería de Selva – 51 º BIS, situado en Altamira, participaron de un entrenamiento operacional en el Sitio Pimental, en Belo Monte. Durante todo el día los militares ocuparon “una unidad considerada un punto estratégico para que se tenga el control del acceso y sea permitido el libre funcionamiento del local. ‘Los militares ocuparon bien temprano la portaría del Sitio y distribuyeron las compañías por las áreas industrial y de infraestructura  de la obra, como el polvorín y los accesos terrestres y fluviales” [fuente: Valor Económico de 31 de octubre de 2012].

Se gesta una nueva revuelta

Ninguna de las reivindicaciones que llevaron a la declaración de las huelgas y revueltas en las obras de las usinas del PAC fue atendida. Los obreros denuncian que siguen siendo tratados como esclavos por los jefes y encargados y son constantes las amenazas de despido. Prosiguen las jornadas extenuantes de trabajo que provocan incontables enfermedades profesionales.  La represión de la PM y de la Fuerza Nacional es constante en las obras. Hay frecuentes registros de accidentes y muchas mutilaciones y muertes en las obras por caídas de andamios, caídas de materiales, etc. Obras como la de la usina Santo Antônio, en Porto Velho, llegaron a ser suspendidas debido a la muerte de obreros por “accidentes de trabajo”. La Superintendencia Regional del Trabajo y Empleo en el Estado de Rondônia (SRTE/RO) ya labró más de mil actuaciones por incumplimiento de la legislación laboral en las usinas de Jirau y Santo Antônio. Por todos esos motivos más de 350 mil obreros se levantaron en lucha en 2012. Y se levantarán nuevamente en un futuro próximo.

Traducciones: [email protected]