El tribunal que juzgó y condenó al genocida y corrupto "el Chino" Alberto Fujimori a 25 años de cadena fue parcial al no insertar en el contexto del juicio el conjunto de los crímenes del sanguinario dictador. El tribunal se limitó a las masacres de Barrios Altos y de La Cantuta, crímenes practicados a través del "Grupo Colina", que funcionaba como comando de operaciones "encubiertas", en el concepto yanqui de guerra contrarrevolucionaria, y operaba bajo órdenes directas del general Nicolás Hermosa.

Ninguna palabra sobre los otros innumerables asesinatos practicados por ese grupo paramilitar y otras masacres perpetradas directamente por mandos militares de las genocidas fuerzas armadas peruanas. En mayo de 1992, por orden de Fujimori, 50 prisioneros políticos fueron asesinados en el presidio Miguel Castro Castro. Los supervivientes fueron brutalmente torturados y transferidos para presidios lejanos, profundizando su aislamiento y aniquilamiento. Tal política fue aplicada durante todo el periodo de la gerencia Fujimori, agravada aún por la institución de la prisión perpetua, de los jueces sin rostro y de los tribunales militares para juzgar civiles. Súmese a eso las masacres de campesinos, la creación de grupos paramilitares en el campo para combatir el Partido Comunista del Perú – PCP, la política de hambre a que fue sometida toda la población, la formación de un imperio del tráfico de drogas dentro del Estado, etc.

La condena de Fujimori, por lo tanto, sólo resbaló en los crímenes de lesa humanidad del Estado peruano en la época de su gerencia. Su costra podrida ni llegó a ser arañada y todo indica que quedará barato asimismo, una vez que todos los esfuerzos están siendo hechos para que no salpique nada sobre la imagen ya enlamada de Alan García, gerente semicolonial peruano de 1985 a 1990. Pesa sobre la biografía de García una de las mayores masacres de prisioneros de guerra de la historia, cuando en 1986 determinó el asesinato 254 hijos del pueblo peruano en los presidios de El Frontón, El Callao y Lurigancho, efectuado por un mando conjunto de las Fuerzas Armadas genocidas de Perú.

Claro, todos esos crímenes fueron cometidos por el viejo Estado peruano contra las masas en lucha y todas las atrocidades fueron aplaudidas de pie por las clases dominantes. Ahora, ese mismo Estado reaccionario escena un juicio en el cual condena una triste figura como único responsable por los crímenes practicados en nombre del imperialismo, del latifundio y de la gran burguesía peruana.

Tribunales dominados

Organizaciones "humanitarias" como la Amnistía Internacional y la Human Rights Watch (HRW), clasificaron como "ejemplar" la sentencia de 25 años de prisión impuesta al ex presidente peruano. Destacaron que es el primer caso de presidente electo "democráticamente" a ser condenado por crímenes de esa naturaleza.

Maria McFarland, la observadora de la HRW, conmemoró la condena y exaltó la actuación de la justicia del viejo Estado en el juicio, abalizando otra vez su conducta genocida: "Hace pocos años los tribunales eran dominados por el propio Fujimori, y hoy uno de ellos envía un mensaje importante sobre el papel de la Justicia en un Gobierno democrático y que protege los derechos humanos".

Lo que estos organismos burgueses fingen no ver es que los tribunales también tienen carácter de clase, así como el Estado. La condena de Fujimori atiende aún a dos objetivos: se libra de un sujeto que ya no atiende a los intereses del imperialismo, un cadáver político, y limpia la cara del Estado, dejándolo impune y cometiendo aún más crímenes contra el pueblo.

Es lo que sigue siendo puesto en práctica en la región de "emergencia" del Valle de los ríos Ene y Apurimac (VRAE), por el Ejército peruano, con mando directo de militares yanquis que desembarcaron en medio de la selva peruana con su estrategia de contrainsurgencia, objetivando detener el crecimiento de las acciones de la Guerra Popular dirigida por el PCP, que retomó las acciones armadas y ha infligido graves pérdidas a las Fuerzas Armadas peruanas.

Monopolios rabiosos

La llamada prensa fujimorista, aquella que durante los diez años de su gerencia fue ayudada con ríos de dinero del erario público, salió, de forma rabiosa y ponzoñosa, en defensa del contumaz asesino.

El Periódico Expreso destila su veneno por la boca de un dirigente del APRA, actualmente en el poder, Javier Valle Riestra, ex primer ministro de la administración Fujimorista. Seguramente Valle Riestra habla por su partido y por Alan García, comprobando así el acierto entre los dos genocidas. Él pide a los jueces que vuelvan atrás y anulen la sentencia contra el chacal Fujimori.

La misma prensa dio todo el espacio para la hija del genocida. La diputada Keiko Fujimori, en una entrevista colectiva afirmó que la condena de su padre equivalía a la condena de un jefe terrorista. "Para una persona de 70 años, una condena de 25 años equivale a una condena a prisión perpetua como la que recibió el terrorista Guzmán", dijo ella, refiriéndose a Abimael Guzmán, el Presidente Gonzalo, dirigente del PCP que se encuentra preso e incomunicado desde 1992.

Los Magníficos

Rosana Bond, en su libro Perú: del imperio de los incas al imperio de la cocaína, presenta un impresionante relato tanto de los crímenes de Alan García cómo, principalmente, de la troica Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa, que bajo el pretexto de combatir la guerrilla del Partido Comunista del Perú, montó un imperio de la cocaína.

Rosana afirma que el Grupo Colina fue montado con el objetivo específico de realizar operaciones especiales. El escuadrón de la muertefue creado en 1991 y desactivado, hipotéticamente, en 1993, después de denuncias del general Rodolfo Robles. En 1995 todos los asesinos fueron amnistiados y todo indica que siguieron ejecutando los mismos crímenes.

El Colina, también autodenominado Los Magníficos, practicó, entre sus innumerables y terribles crímenes, las masacres de Barrios Altos y de La Cantuta. En Barrios Altos el escuadrón de la muerte invadió una fiesta y mató o hirió 20 personas, inclusive un niño, todos acusados de ser terroristas. En 18 de julio de 1992, bajo el mismo pretexto, invadieron la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta) y secuestraron un profesor y nueve estudiantes que, después de ser bárbaramente torturados, fueron descuartizados, quemados y tuvieron sus restos mortales ocultados hasta 1993, cuando las fosas fueron descubiertas.

Las incontables acciones de terror practicadas por el Grupo Colina fueron investigadas y meticulosamente relatadas en el libro del periodista peruano Ricardo Uceda Muerte en el Pentagonito a partir de los impresionantes relatos de uno de los miembros del propio grupo, el suboficial y agente del Servicio de Información del Ejército Jesús Sosa.

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