12 de septiembre de 2009, Niterói, RJ.

Dos jóvenes de 17 y 18 años, después de jugar fútbol de arena en la playa de Icaraí paran para pedir informaciones sobre una casa a venta en el barrio, ya que el padre de uno de ellos pretende comprar un inmueble. El propietario no cree que dos pibes de bermudas y sin camisa puedan ser compradores. Desconfía tratarse de un asalto, no abre las puertas y telefonea para la policía comunicando sobre los sospechosos. No podría imaginar que las "autoridades" fueran actuar con truculencia, hasta por causa de la influencia de la propaganda apologista de las acciones policíacas incrustada en los principales programas periodísticos, que muestran los "agentes de la ley" llevando ciudadanía a la población.

Pero, los jóvenes cuentan que inmediatamente que se alejaron de la casa fueron abordados por los policías. Aún identificándose fueron esposados, colocados en el patrullero y llevados al alto de un morro donde sufrieron torturas, golpes y amenazas con armas de fuego. Según los jóvenes, los policías querían 10 mil reales para soltarlos, llegando después a disminuir la extorsión. Pretendían por lo menos un arma, como para no salir "empatados". Finalmente cuentan que los policías no los mataron porque tenían ficha limpia. Los humillaron un poco más y los soltaron.

Al día siguiente, cubiertos de excoriaciones, fueron acompañados de los padres hasta el 12º Batallón de Policía Militar, donde reconocieron por fotografías un soldado y un sargento. El batallón no divulgó sus nombres y continúan trabajando. Pero, prometieron "investigar el caso".

Ovejas negras o formación de cuadrilla

El relato de los jóvenes coincide con decenas de otros, en los cuales la violencia policial con un fuerte encubrimiento de los superiores acaba en versiones repetidas. Enfrentamientos, aciertos de cuentas entre traficantes, autos de resistencia, suicidios, explican los cadáveres de las páginas policiales. Extorsiones a delincuentes o sus familiares que no son investigadas. Y cuando no tienen más salida, cuando las pruebas son irrefutables, se entrega algún policía para satisfacer la sociedad. Pero que acontecería si el pueblo no aceptara más eso, si exigiera una profunda investigación, llegando a quien manda, a quién encubre y quién es servido. En los barrios y Morros de las ciudades y en el interior del país donde policías actúan a mando de terratenientes contra los campesinos, como AND viene denunciando en cada edición.

Podemos tener una buena noción volviendo siete años, en Argentina, país que padece una estructura de poder bien similar a la nuestra:

26 de junio de 2002, Avellaneda, Bs. As.

Transcurre una manifestación pacífica contra la política económica del gobierno con miles de participantes. Ellos piden aumento del salario mínimo y de la ayuda a los desempleados, y pretenden cerrar las vías de acceso a la Capital. Un grupo de policías descaracterizados quiebra vitrinas de tiendas y damnifica automóviles. Se crea así el motivo para que los uniformizados comiencen la represión. Los policías comienzan a tirar contra la multitud y cuando un joven cae herido y un compañero corre para ayudarlo, él también es baleado por la espalda. Los dos son llevados al hospital, donde fallecen*. Desde la puerta del hospital el comisario responsable por la operación da su colectiva de prensa:

– Son pibes muy jóvenes, no tienen documentos – dice el comisario Alfredo Fanchiotti, fingiendo sentimientos.

– ¿En que circunstancias ellos murieron? – pregunta un periodista.

– Desconozco. Eran más de dos mil personas – responde el comisario – La policía se mantuvo dentro del marco legal, nosotros no nos extralimitamos. Los tratamos de hacer desistir, pero nadie lideraba el grupo de ellos, no hubo diálogo posible, no pudimos dialogar…

Y en ese instante, delante de periodistas y cámaras de televisión, alguien no aguantó el cinismo y consiguió acertar dos trompadas en la cara del comisario. Los dos cayeron. Otros policías se tiraron sobre el ciudadano enfurecido, pero él fue rápidamente rescatado por el pueblo presente.

La noticia corre y la indignación moviliza las personas. En esa misma noche miles toman las calles del centro de Buenos Aires concentrándose en la Plaza de Mayo, exigiendo castigo a los culpables.

Al día siguiente, las fotografías en los periódicos desmienten la versión oficial. El comisario Fanchiotti y sus hombres habían sido flagrados en los asesinatos. Decenas de oficiales son dimitidos, varios juzgados y el comisario condenado a prisión perpetua, en el caso que quedó conocido como "La masacre de Avellaneda". Más aún, corrió un sentimiento por el país de decir basta a los continuos abusos de las autoridades. La respuesta del pueblo cambia, la revuelta aumenta, comisarías son incendiadas. Tráfico de drogas, robo y desmonte de vehículos, asociación con delincuentes, secuestros, extorsión y asesinatos emergen como rutina de la práctica policial. Más de seiscientos comisarios y oficiales de la policía son exonerados. Y una cosa es clara, estos policías eran personas de confianza de alcaldes y gobernadores. También es evidente que jueces los encubrían. Pero el sistema encuentra la salida para su continuidad: la convocación anticipada de elecciones. Ningún político es preso.

La policía es apenas la parte más evidente, pero ella es sólo el brazo represivo del Estado. El policía, cuanto más corrupto y truculento, es también el más fiel y sanguinario can de ataque, listo para actuar, para reprimir, sea en la defensa de un latifundista, sea en una manifestación contra vendidos que entregan la nación. Por eso es promovido y protegido tanto directamente por el poder Ejecutivo cuanto por el Judicial cuando acepta sin discutir ni pedir nuevas investigaciones las alegaciones de "autos de resistencia" o de simples "abusos" para los casos de tortura.

Del poder Legislativo salió el mejor análisis extensible a todo el podrido viejo Estado.

Meses atrás un senador lanzó la idea de cerrar Senado. Sería muy bueno quedarnos libres, así rapidito, de esta legislatura abarrotada de figuras despreciables, pero nos habría privado del palco para las palabras de uno de los más emblemáticos representantes.

16 de septiembre 2009, Brasília, DF.

– Aquí uno encubre el otro. No es posible esto aquí convertirse en una mafia.

El senador Artur Virgilio acertó en el diagnóstico.

*Además de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes asesinados, otros 33 manifestantes quedaron heridos con balas de plomo. Según la versión oficial (apoyada por la mayoría de la prensa los primeros días) la policía sólo usaba balas de goma llevando a concluir que las víctimas eran fruto de una pelea entre los piqueteros. El periódico Clarín, especie de versión argentina del O Globo, siempre contrario a los movimientos sociales y apoyador de la represión, refuerza la versión oficial, pero sin percibir, publica en la tapa la foto de uno de los muertos aún vivo y andando en las manos del comisario.