El viejo Estado niega, la justicia semifeudal criminaliza y condena. Bandos de pistoleros, asociados a las fuerzas oficiales de represión, actúan libremente promoviendo matanzas y terror en el campo y las celdas de las prisiones en las áreas rurales van quedando abarrotadas de campesinos perseguidos, torturados y olvidados. Presos por luchar por la tierra, presos por no encontrar medio de supervivencia bajo las más crueles y arcaicas relaciones de producción, presos por no someterse a las “leyes” del latifundio, en condiciones infrahumanas, degradantes, indignantes, sin derecho a la tierra ni a la defensa. Basta recorrer las prisiones y cadenas públicas de las regiones rurales para encontrar manos encallecidas e historias parecidas. En Brasil existen centenas de campesinos presos políticos, la mayoría de forma ilegal. Es la política de criminalización de la pobreza y de la lucha por la tierra aplicada en todo el país.
Pernambuco
Fábio Paraíso da Luz (foto) fue preso hace 8 meses en el municipio de Lagoa dos Gatos, en Pernambuco, y condenado a 4 años por porte ilegal de armas. Él estaba almorzando junto a otro compañero de la Liga de los Campesinos Pobres cuando tres policías militares descendieron del patrullero con armas en puño para que levantasen las manos. PMs los revisaron y dieron búsqueda en toda la casa y nada encontraron, pero aparecieron con un revólver acusando que el arma pertenecería a José Ricardo, dirigente de la LCP. Para que su compañero no fuera preso, Fábio, en un gesto de camaradería y coraje, afirmó que aquella arma era suya.
Fábio es un joven campesino, casado y con hijos. Hace mucho que participa de la lucha por la tierra en el estado de Pernambuco y por eso permanece preso. Los campesinos de Lagoa dos Gatos, Quipapá y de todo el nordeste, a través de la recién fundada Liga de los Campesinos Pobres del Nordeste, se mantienen movilizados denunciando la prisión política de Fábio y luchando por su liberación.
En San Joaquim del Monte, agreste del Pernambuco, los campesinos Aluciano Ferreira dos Santos, Paulo Cursino Alves y Severino Alves da Silva, permanecen presos desde el mes de marzo bajo la acusación de homicidio, después que las familias acampadas en el latifundio Jabuticaba ser amenazadas por bandos de pistoleros fuertemente armados y reaccionar. Los tres campesinos continúan detenidos aún después de los exámenes comprobar que no había trazos de pólvora en sus manos, descartando la posibilidad de haber hecho disparos.
El gobierno estadual inició una campaña de desarme de la población rural, dando la seña para que las fuerzas de represión promuevan masacres de campesinos sin que ellos puedan reaccionar.
Pará
En el estado del Pará, que es mantenido sobre constante campaña de persecución de los campesinos pobres en lucha desde la deflagración de la “Operación Paz en el Campo” por el gobierno Ana Júlia Carepa – PT, decenas de campesinos y liderazgos se encuentran detenidos. Doce campesinos que participaron de la toma del latifundio perteneciente al grupo del banquero Daniel Dantas fueron presos, acusados de robo en la Carretera PA-150 en el municipio de Eldorado dos Carajás, en el sudeste paraense, acusados de porte ilegal de armas.
El poder judicial, apoyando el latifundio en la campaña de criminalización del movimiento campesino, incrementa los ataques. La fiscal de la Vara Agraria de Castanhal en la región nordeste del Pará, Ana Maria Magalhães Carvalho, encaminó en el último 5 de marzo a la Procuradoria General del Estado el pedido de ejecución de todos los procesos de reintegración de posesión de todos los latifundios tomados en 30 áreas de la región que comprende la Carretera Belém-Brasília.
El Tribunal de Justicia del Pará aceptó recurso de la Agropecuaria Santa Bárbara Xinguara y concedió mandatos de reintegración de posesión para que el gobierno estadual desocupe las dos haciendas y tire de allá las familias campesinas.
Recientemente, el gobierno del Pará constituyó una fuerza-tarea compuesta por policías militares, bomberos y agentes de salud pública que actúa directamente en las acciones de represión y reintegraciones de posesión. El mes de marzo, el gobierno de Ana Júlia Carepa divulgó el número de 111 órdenes judiciales de reintegración de posesión paralizadas y cobró rapidez en sus juicios. El periodista Josias de Sousa, de la Folha de São Paulo, divulgó en su blog el día 7 de marzo que el presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, telefoneó para la gobernadora Ana Júlia y para el gobernador de Pernambuco Eduardo Campos pidiendo que no midan esfuerzos en la movilización del aparato policial del estado contra las acciones violentas del MST.
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