Con la aprobación por el Congreso Nacional del nuevo valor del salario mínimo de R$ 545,00, se intensifica la política de disminución de su poder de compra en el país. No sólo por el motivo de que el salario mínimo, según cálculo del Dieese, basado en el principio constitucional, debería estar en la franja de R$ 2.200,00 (dos mil y doscientos reales), pero por el hecho de que el mezquino reajuste no repone la real inflación sobre los salarios, principalmente los más bajos, que es el caso de la mayoría de los trabajadores.

Esto acontece porque el peso de los alimentos en los gastos de las familias de baja renta es mucho mayor de que en las que reciben  medios y altos salarios. La situación se agrava cuando el método de levantamiento de la inflación por el gobierno diluye la inflación de los alimentos entre más de 400 ítems, la mayoría de los cuales no es consumida por el trabajador de baja renta.

Antes de asumir la gestión del viejo Estado brasileño, el oportunismo petista y pecedobista no perdía una oportunidad de tomar como referencia el valor del salario mínimo calculado por el Dieese. Hoy, usa los mismos viejos argumentos que combatía en el pasado: que el aumento de los salarios puede provocar inflación, que la salud pública va a quebrar, que los municipios no soportarán el aumento, etc.

Chantaje

Un congreso compuesto por políticos corruptos salidos de otra farsa electoral, representantes de las oligarquías regionales, de corporaciones empresariales del país y transnacionales, sedientos por cargos y liberación de enmiendas: fue la mejor condición para Dilma Rousseff emplear el método del chantaje para obtener la aprobación de su proyecto. O vota o queda sin los carguitos tan perseguidos para hacer sus negocios de los cuales extraen los presupuestos para bancar la próxima elección. Dilma usó aún la liberación de las enmiendas al presupuesto de los congresistas más recalcitrantes. Eso cuando ya había anunciado el corte de la orden de 50.000 millones de reales del presupuesto.

Vergonzosamente, balancearon sus cabezas afirmativamente a la imposición de la gerente de turno. Al día siguiente, la prensa de los monopolios alardeaba la primera victoria parlamentaria de Dilma.

Una exigencia de la crisis

En realidad, se conmemoraba la victoria del FMI y del Banco Mundial y de los especuladores nacionales y extranjeros, de donde partió la determinación de reducir el salario real de los trabajadores.

La decisión de hacer la contingencia de R$ 50.000 millones en el presupuesto de la Unión para el año de 2011, también, está dentro de las mismas exigencias de los organismos extranjeros dirigidos por los banqueros. Para ellos, lo fundamental es garantizar los recursos a ser transferidos por el país bajo las más diversas formas, pero principalmente bajo la forma de pago de la deuda y de los intereses obtenidos en las aplicaciones en los títulos públicos y otras formas de especulación.

Como ya afirmamos en este espacio, la crisis económica mundial, en el sistema imperialista, cobra de las colonias y semicolonias el pagamento de los perjuicios de sus empodrecidas instituciones financieras. En el caso del Brasil, hace mucho tiempo que ella ya se hacía sentir. Sin embargo, por tratarse de año electoral, las providencias recomendadas fueron aplazadas para no perjudicar la elección de la “compañera” Dilma.

La contingencia de una gran parcela del presupuesto ni de lejos alcanzará los privilegios de la burocracia petista, ni de los parlamentarios que acabaron de aprobar un súper reajuste en su remuneración. Ella recaerá, básicamente, sobre las condiciones de vida de la población más pobre, bajo la forma de degradación cada vez mayor del sistema de salud y del sistema educacional, además del aplazamiento y o cancelación de obras de saneamiento, de la construcción de viviendas y de la mejoría del sistema de transporte.

Sindicalistas vendidos

La escenificación promovida por los sindicalistas  gubernistas no convenció a nadie. Sus caravanas a Brasilia y sus discursos  en el plenario de las comisiones del congreso sólo sirven para desviar la lucha del terreno en que ella debe ser trabada: el suelo de la fábrica, la huelga general y manifestaciones callejeras. Los trabajadores están prestando atención y cada vez más se convencen de que las centrales sindicales corruptas y vendidas al extremo no representan sus intereses, y que al ser comprados por Luiz Inácio con recursos del Impuesto Sindical, toda esa burocracia sindical se hizo enemiga de muerte de los trabajadores.

Huelgas y rebeliones

Independientemente de los vendidos de las centrales sindicales, los trabajadores, empujados por las circunstancias, traban la lucha en su espacio de trabajo y organizan huelgas cuya principal reivindicación es un reajuste salarial que cubra la inflación de los alimentos y el respeto a los derechos asegurados en la CLT(legislación laboral).

Otro fenómeno que tiende a intensificarse son los levantamientos y manifestaciones en los barrios populares contra el descaso de los gerentes de turno en relación a las condiciones de vida. Es el caso, por ejemplo, de las áreas alcanzadas por inundaciones y deslizamientos las cuales, después de los días de sensacionalismo en la prensa, son abandonadas a su propia suerte y sus habitantes se organizan en protestas bloqueando carreteras y calles y quemando neumáticos y muebles estropeados.

Aunque reprimido por la violencia policial el pueblo pobre cada vez más toma conciencia del derecho de luchar por sus derechos y será en el fuego de estos embates que percibirán que la explotación del latifundio, de la gran burguesía y del imperialismo es la raíz de sus males y los del país. La elevación de su conciencia llevará parcela cada vez mayor del pueblo a sumarse a las hileras de los que dirán no a la farsa electoral en las próximas elecciones y se dirigirán para las batallas cada vez más radicalizadas. El oportunismo en el poder tenderá a agotar su arsenal de engaños llegando, finalmente, al completo desenmascaramiento ante las masas.

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