El pueblo Tupinambá de la Sierra do Padeiro, en el Sur de la Bahia, enfrenta duras batallas por la recuperación de sus tierras ancestrales y sucesivas campañas de criminalización, persecución, prisiones y ataques a sus liderazgos promovidos por bandos armados a mando del latifundio y policías militar, federal e inclusive el ejército.
Caminhada dos mártires tupinambás de Olivença em 2013
Esas luchas se intensificaron, sobre todo después de la toma por los indígenas de decenas de haciendas y latifundios situados en la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença, territorio localizado entre los municipios de Buerarema, Ilhéus y Uma.
Desde entonces, los tupinambás han sido objeto de una odiosa campaña de criminalización. Provocaciones del latifundio llevaron a la sublevación de la población del municipio de Buerarema, lo que resultó en agresiones de indígenas e incendio de residencias de familiares de tupinambás. Desde mediados del año pasado, la Fuerza Nacional de Seguridad ocupa el municipio de Buerarema y reprime tanto la población en revuelta cuanto los indígenas.
En la edición pasada de AND, repercutimos la denuncia hecha por el Consejo Indigenista Missionário – Cimi de un nuevo ataque de policías federales, en una acción violenta de reintegración de posesión realizada en 2 de febrero contra la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença. Los indígenas relataron que agentes de la Policía Federal invadieron y atacaron la aldea efectuando disparos. Las familias habitantes se retiraron en fuga para la mata y, debido al pánico provocado por el ataque policial, el pequeño tupinambá M. S. M., de 2 años, se desgarró de los padres y fue capturado por los policías federales y mantenido aislado en una institución sin poder tener contacto con sus padres y demás familiares.
En nota publicada en 17 de febrero, el Cimi protestó contra decisiones de la Justicia Federal y Estadual de la Bahia que “concedieron decenas de decisiones preliminares y/o decisiones en acciones de reintegración de posesión contra el pueblo Tupinambá, cuya ocupación es secular. El último día 30 de enero, una base militar llegó a ser montada en la Sierra do Padeiro para que las fuerzas federales (Policía Federal y Fuerza Nacional), con apoyo de la Policía Militar, promoviesen la retirada de los indígenas de las tierras reconocidas como tradicionalmente ocupadas por la Fundación Nacional del Indio (Funai) desde 2009”.
En la semana pasada, fuerzas del ejército fueron enviadas para los municipios de Uma y Buerarema, en las proximidades de la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença, con el pretexto de conflicto entre indígenas y pequeños agricultores. La nueva ocupación militar de la región fue precedida, como veremos abajo, por una gran campaña de criminalización vehiculada por el monopolio de las comunicaciones.
La nota del Cimi aún esclarece que las provocaciones y ataques parten del latifundio, verdadero enemigo del pueblo Tupinambá, pues “muchos de los pequeños agricultores ya afirmaron que sólo aguardan las indemnizaciones para salir de las tierras. Cabe resaltar que, de modo general, la relación con los pequeños productores es bastante amistosa, a punto de que más de 200 niños, jóvenes y adultos no indígenas, estudian en la Escuela Estadual Indígena Tupinambá de la Sierra do Padeiro”.
El Procurador General de la República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, entró con un recurso en el Supremo Tribunal Federal (STF) – Suspensión de la preliminar nº 758 – solicitando la suspensión de las decisiones de reintegración de posesión. Esa acción, sumada a la intensa movilización del pueblo Tupinambá y de las organizaciones que apoyan su lucha, resultó, a finales de febrero, en la suspensión de parte de las órdenes de reintegración de posesión de las áreas localizadas en la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença, Sur de la Bahia, por el Supremo Tribunal Federal.
Campaña apócrifa de la Red Bandeirantes
Moradores de Ilhéus são revistados por militares
El odio del latifundio y sus portavoces no demoró en la forma de una rabiosa campaña contra los tupinambás y sus liderazgos más combativos, destacadamente el cacique Babau.
La red Bandeirantes vehiculó una serie de insultos contra el pueblo Tupinambá de Olivença, tratando los indígenas como “bandidos”, hablando de una supuesta lista de no-indios para la toma de latifundios. Editoriales y discursos rabiosos fueron cometidos a diestro y siniestro por el ancla de su noticiero Boris Casoy, principalmente conocido por su odio contra barrenderos y trabajadores de un modo general. No ahorraron ataques infundados y exhibieron fotos del cacique Babau, tratándolo cómo peligroso criminal y “asesino”, al estilo “se busca vivo o muerto” del western yanqui.
Con su peculiar histeria antipueblo, el noticiero de la red Bandeirantes trató las diferentes aldeas como “facciones indígenas”. El pretenso reportaje también intentó vincular los tupinambás, sin presentar cualquier prueba, al asesinato de Juraci José dos Santos, miembro de una asociación de pequeños productores de Ilhéus.
La conclusión de la “serie de reportajes” muestra el propósito de la Bandeirantes, entrevistando la figura de proa del latifundio, la senadora Kátia Abreu (PFL/DEM/PSD/PMDB), que enarbola la defensa de “todos los ciudadanos”, atacando pueblos indígenas, legítimos dueños de aquellas tierras, acusándolos de “insistir” en la “ampliación” de sus áreas.
Ejército tortura joven tupinambá
Todo eso sirvió para incrementar la represión. El día 26, la Comisión Pastoral de la Tierra publicó una nueva y grave denuncia: el día 20, soldados del ejército habrían abordado un indio tupinambá de 20 años y lo torturado delante de su padre.
El joven llevaba su padre al médico para la ciudad de Uma, Sur de la Bahia, cuando fue abordado por un patrullero del ejército. Al decir a los soldados que era de la Sierra do Padeiro, él fue zurrado para que rebelase el paradero del Cacique Babau y su hermano Tete.
El joven nada reveló y los soldados dijeron que buscaban el cacique y su hermano para fusilarlos.
En entrevista al Portal Sur de la Bahia, el teniente-coronel del ejército, Agnaldo Oliveira, afirmó que cuenta con “un efectivo de 700 hombres actuando a través de la Garantía de la Ley y de la Orden en las regiones del sur de la Bahia en que acontecen conflictos de tierra entre indígenas y productores rurales” y resalta que “ese efectivo es suficiente para cumplir la misión delegada por la presidente Dilma”. Oliveira aún destacó que el ejército incrementó “el trabajo de seguridad en la región juntamente con la Policía Militar, Policía Rodoviária Federal y Estadual y la Fuerza Nacional de Seguridad donde realizamos patrullas, bloqueos, revistas en personas y vehículos”.