La lucha por la tierra en Brasil conoció, en el mes pasado, un nuevo aumento de atrocidades con el asesinato de liderazgos campesinos e indígenas en Rondônia, en Bahía y en Maranhão.
El asesinato de Paulo Justino Pereira en una emboscada en Buritis, Rondônia, guarda semejanzas con otras muertes de liderazgos campesinos, inclusive en otros estados del país. Semejanzas esas que demuestran un verdadero “guión de la muerte”, como ha denunciado la Liga de los Campesinos Pobres (LCP), envolviendo la Ouvidoria Agraria Nacional, policías, Incra, Ibama y otras instituciones del viejo Estado.
Paulo Justino fue cobardemente asesinado a tiros después de haber participado como representante de los campesinos del proyecto Río Pardo de una reunión con el Ouvidor Agrario Nacional, desembargador Gercino da Silva Filho, y miembros de otros órganos estatales, además de latifundistas.
La gravedad de los acontecimientos recientes es mucho mayor por no tratarse de un hecho aislado. Lo mismo ya había ocurrido, en 2009, con Élcio Machado y Gilson Gonçalves, de la LCP, también en Rondônia; y en agosto de 2014 con Ireni y su marido Josias P. de Castro, en Mato Grosso. Hay aún denuncias de amenazas y tentativas de asesinato contra otros liderazgos con las mismas características.
No se trata de mera coincidencia. Cleomar Rodrigues, dirigente de la LCP del Norte de Minas y Sur de Bahía, fue asesinado en una emboscada en octubre del año pasado después de participar de una reunión de la “Comisión Paz en el Campo”, presidida por Gercino Silva. Comisión que trata con reverencia los latifundistas, da asiento a pistoleros conocidos y agentes de las fuerzas de represión. Lo que se percibe es que, en la política y en la metodología, la llamada “Comisión de Paz en el Campo” opera juntamente con grupos de exterminio, movidos no solamente por los latifundistas, pero con elementos de los órganos represivos del viejo Estado.
A pesar de las reiteradas denuncias hechas, esas reuniones continúan siendo realizadas, los liderazgos continúan siendo mapeados y eliminados sin que respuestas o providencias sean tomadas. Los bandos de pistoleros, en su mayoría compuestos por policías o ex-policías, alistados y pagados por latifundistas, pero siempre encobertados por el viejo Estado, siguen matando y aterrando campesinos en lucha por la tierra en varios estados, complementando la represión ejercida por los órganos del viejo Estado.
La política agraria de la gestión petista es esa: al mismo tiempo en que asienta una pesada piedra sobre el tema de la mentirosa “reforma agraria”, incrementa el aparato y la presencia maciza de las fuerzas represivas y de inteligencia del viejo Estado en el campo. O sea, cuestión agraria es cuestión de policía.
No nos olvidemos jamás del episodio de la hacienda Forkilha, en el Sur de Pará, en noviembre de 2007, bajo la gerencia de Ana Julia Carepa (PT), en que una operación de guerra montada por diversas corporaciones de las fuerzas de represión atacó brutalmente un campamento campesino, prendió centenares de personas, abusó de las mujeres, torturó adultos, ancianos y adolescentes, y, en la secuencia de la operación de terror en el campo, en pocos meses, asesinó 11 coordinadores de grupos del campamento, culminando con el asesinato del dirigente de la LCP, Luiz Lopes.
Ya en noviembre de 2013, diversas fuerzas de represión fueron enviadas a Río Pardo, Rondônia, para atacar los campesinos del área que compone la Floresta Nacional Bom Futuro. La población vivía allí aún antes de la creación de la Flona y fue expulsada sin indemnizaciones justas. La revuelta explotó en consecuencia de ese ataque y un militar de la Fuerza Nacional acabó muerto por un compañero suyo. La represión que se siguió también encarceló y torturó decenas de personas. Fue en la defensa de esos campesinos que Paulo Justino fue asesinado.
También los mandantes y ejecutores del asesinato del dirigente campesino Renato Nathan, en Rondônia, el año de 2012, continúan impunes y el crimen sin investigación.
Esos acontecimientos y tantos otros ya informados por AND y hartamente denunciados por el movimiento campesino prueban que la política del PT en el campo es la de liquidar la lucha más combativa mientras da ríos de dinero para el “agronegocio”, o sea, “limpiar” la lucha en el campo es decisivo para dar todas las tierras en las manos de los grandes latifundistas, empresas del “agronegocio” (soja, caña y ganado), de las corporaciones mineras etc. “En lo que se refiere” a la natimuerta reforma agraria, Dilma, en su segundo mandato, nombró como ministra de la agricultura la “reina” de los latifundistas e ignoró solemnemente inclusive la dirección gobiernista/corporativizada del MST, que se ve entre la inactividad y la presión de sus bases por radicalizar la lucha por la tierra.
En las ciudades la matanza de pobres no es diferente, principalmente en las favelas, donde la policía mata todos los días. Sin embargo, en el campo lo que ocurre es un aniquilamiento selectivo de liderazgos, no una matanza indiscriminada. Lo que están intentando hacer es destruir la cabeza de los movimientos más combativos de lucha por la tierra, principalmente de la Liga de los Campesinos Pobres, que viene deslindando con el camino reformista y oportunista en el campo y atrayendo cada vez más masas para el camino de la Revolución Agraria.
Igualmente los pueblos indígenas vienen sufriendo ataques por doquier, sea por grupos de pistoleros a sueldo del latifundio y de las fuerzas de represión del viejo Estado, sea del lobby latifundista en el Congreso. Los asesinatos de liderazgos indígenas son una constante y frecuentemente acompañados de la criminalización de su lucha por la demarcación de territorios, muchos ya con procesos finalizados, aguardando la homologación por el ministro de la justicia, Eduardo Cardozo, del PT, que no lo hace, claro, debido a los compromisos de la gerencia petista con los “héroes de la nación”, los latifundistas.
La lucha indígena no es sólo por tierra, sino que por la autodeterminación, algo que va ganando cuerpo cada día más entre muchos de estos pueblos.
Además de que la lucha en el campo es fundamental para la liberación y verdadera independencia del país. En las ciudades, delante de la crisis económico/política, sectores cada vez mayores del proletariado y de los movimientos populares vienen llamando a la preparación de la huelga general para derrumbar los “paquetazos” y demás medidas antipueblo de las distinguidas gestiones. En el campo debe potenciarse la más vigorosa lucha por la tierra, librándose de las amarras del oportunismo y tomando todas las tierras del latifundio.
Y es tarea también de los revolucionarios y verdaderos demócratas de las ciudades apoyar la Revolución Agraria como parte indispensable e impulsadora de la Revolución de Nueva Democracia en nuestro país.
