La masacre contra la población pobre de São Paulo gana contornos cada vez más dramáticos a medida en que va revelando la intención genocida del viejo Estado de promover una “limpieza” en los barrios pobres de las grandes ciudades, y la crisis en la gerencia estadual, que se vio forzada a admitir su responsabilidad, sustituyendo el secretario de seguridad y el comando de las dos policías estaduales, como si un simple cambio de personas resolviese el problema del pueblo, que no puede más salir de casa sin el riesgo claro de ser asesinado.
Ya pasa de 300 el número de muertos con las mismas características de ejecución desde octubre, en un ascenso difícil de acompañar, ya que las informaciones son fragmentadas y mezcladas a otros homicidios, o presentadas de manera a dificultar su totalización. Para que se tenga una idea, hubo 592 homicidios en todo el estado en octubre, un promedio de 19,09 por día, siendo 11,12 en la región metropolitana. Sólo en el fin de semana entre los días 23 y 25 de noviembre fueron 22 asesinados en la gran São Paulo con características de ejecución.
Para quien tiene alguna duda sobre la autoría de esos crímenes, o de la mayoría de ellos, datos de la Policía Civil revelan que las fichas policiales de la mayor parte de los muertos en esas circunstancias fueron accedidas antes de las ejecuciones, en una clara y gravísima demostración de cómo actúan los grupos de exterminio, formados casi siempre por policías.
Y cuando no actúan en vehículos descaracterizados y encapuzados, matan uniformizados, con la protección del viejo Estado, que los encubre con el velo de los “autos de resistencia”, expresión utilizada para las ejecuciones de pobres en diferentes situaciones.
También el número de los autos de resistencia tuvo un aumento asombroso en el último periodo: datos del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), de la Policía Civil paulista, muestran que entre 24 de octubre y 19 de noviembre la policía mató, supuestamente en enfrentamientos, 62 personas (media de 2,29 por día), cuando de enero a septiembre la media ya era de alarmante 1 persona por día. Esos son los que la policía asesina oficialmente. Eso sin hablar en la ocupación militar de varios barrios proletarios paulistanos, en la llamada “Operación Saturación”, imponiendo toques de queda y otras atrocidades contra la población.
Varias ciudades del interior y del litoral del estado presenciaron masacres y ejecuciones del mismo tipo, aumentando la triste estadística.
Si, por un lado, el número de ataques a policías también creció, eso está siendo utilizado, tal como en los crímenes de mayo de 2006, como pretexto para aterrar la población y matar indiscriminadamente personas en las calles.
La violencia criminal parte siempre del Estado, y cada vuelta del espiral va ampliando los alcanzados, ahogando cada vez más gente en sangre, inclusive algunos de sus propios agentes. Es el gobierno de São Paulo que siempre quiebra los acuerdos con lo que llama de “crimen organizado” (pero no asume ni el acuerdo ni la rotura), y aún se aprovecha de eso para exterminar otra parte de la población pobre.
La misma situación, en proporciones menores, sucede en Santa Catarina. Una ola de ataques está ocurriendo, con quema de autobuses y ejecuciones sumarias. Un vídeo fue divulgado por los encarcelados en el presidio São Pedro de Alcântara, en Florianópolis, en el cual está documentada la salvajería del director del presidio y de los carceleros, que sometían diariamente los presos a brutal tortura, en una supuesta tentativa de que los presos asumieran la responsabilidad por la muerte de la esposa del director.
Esa no es una situación aislada. En Brasil toda la población carcelaria, que ya llega a aproximadamente 600 mil personas (4ª mayor del mundo), padece de superpoblación, malos tratos de todas las especies.
La masacre contra los pobres, no sólo de São Paulo, pero del Brasil, no sólo lo que se comete en olas, pero también rutinariamente, es intolerable. No se puede naturalizar este nuevo acto de terrorismo cometido cotidianamente por el viejo Estado.
La guerra del viejo Estado nunca fue contra el “crimen organizado”, contra el PCC (no se puede citarlo en la prensa). Es una guerra declarada contra el pueblo, que se hace cada vez más rebelde, incapaz de vivir en condiciones que se agravan día a día.
El problema es que el Estado no puede prender ni matar todo el mundo, mientras que el pueblo puede fácilmente vivir sin algo que lo oprime. Y así será, a la corta o a la larga.
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