Sábado, 21 de febrero, São Joaquim do Monte, interior de Pernambuco. Cuatro pistoleros son ajusticiados por los campesinos acampados en los latifundios Jabuticaba y Consulta, después de llegar fuertemente armados y agredir algunos de los acampados. Tres campesinos, Aluciano Ferreira de Santos, Paulo Cursino Alves y Severino Alves da Silva, están presos acusados de haber matado los pistoleros.
Las pruebas de que ellos eran pistoleros a sueldo del latifundista están allá, fotos sacadas por los campesinos que muestran los asesinos de alquiler portando armas pesadas ostensivamente. Pero las fuerzas empeñadas en criminalizar toda lucha por la tierra y eliminar el movimiento campesino no quieren saber de las pruebas. El monopolio de los medios de comunicación dio nombres y apellidos de los “vigilantes” muertos, entrevistó sus familias como si ellos fueran honrados trabajadores. Editoriales de los principales periódicos del País vomitaron todo su odio al pueblo, clamando por la extinción del movimiento campesino, que amenaza las “instituciones democráticas” (léase propiedad privada de los medios de producción). El obrero modelo del FMI, aprovechando el episodio para otra vez más lisonjear la derecha virulenta, clamó por la punición de los campesinos prendidos.
El presidente del Supremo Tribunal Federal, la instancia máxima de la judicatura brasileña, Sr. Gilmar Mendes, convocó la prensa para declarar la ilegalidad de supuestos recursos federales pasados a organizaciones vinculadas al MST por el gobierno, que estaría financiando la ‘anarquía’ en el campo, por que los campesinos es que serían los ‘provocadores de la violencia’. Esta declaración sería cómica si no fuese trágica la situación de millones de campesinos que padecen las peores condiciones de trabajo en tierras en las cuales fueron abandonados a título de “asentamiento”.
Es más terrible aún cuando se recuerda que el Sr. Ministro salió de su residencia un sábado, pocos meses atrás, para expedir un habeas corpus para Daniel Dantas, condenado por la propia “justicia” y contra el cual abundan pruebas de hechos criminales de variada orden.
Todo eso, actos y palabras, siempre en nombre del “Estado democrático de derecho”, en defensa de las “instituciones democráticas” y pretendiendo dejar claro al pueblo a quién se debe servir. El Estado, que siempre cerró los ojos frente a los más abominables crímenes del pistolerismo del latifundio, estimuló y practicó masacres contra los campesinos, ahora viene a través del jefe de la judicatura criminalizar trabajadores que actuaron en legítima defensa de sus familias y sus tierras.
Pero, ¿por qué el Sr. Gilmar no pronunció nunca ninguna palabra de condena al Estado que ya promovió incontables masacres de campesinos pobres durante sus casi dos siglos de existencia? ¿Por qué ninguna palabra de condena a los latifundistas que hace décadas reclutan, arman y mantienen pistoleros, bandos paramilitares bajo la fachada de guardias para aterrar y asesinar campesinos que se atrevan a desafiarlos?
En el periodo de un año – entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 – 11 campesinos (esos sí, trabajadores honrados) fueron asesinados en el Pará, todos ejecutados por grupos de exterminio por haber participado de la toma de la Hacienda Forkilha, reprimida por la criminal operación “Paz en el Campo”, comandada por Ana Júlia Carepa – PT y desencadenada por presión de la pandilla latifundista. Centenares de campesinos están encarcelados en Brasil por el simple hecho de luchar por un pedazo de tierra. Y aún hay quién tenga el descaramiento de acusar los campesinos de criminales.
Ciertamente que las clases dominantes y sus portavoces desean que las masas – empujadas cada día para la mayor miseria y, consecuentemente, en algún momento para la revolución – sigan siendo víctimas de los más torpes crímenes y violencias sin reaccionar, sin defender sus hijos y conquistas, que la violencia sea una mano única practicada siempre contra el pueblo. Pero, desde el punto de vista del pueblo (entendido como las clases revolucionarias), la autodefensa es más que un derecho, es un deber en las actuales circunstancias, principalmente cuando de todos los lados cae la mayor represión y persecución a los pobres en nuestro país.
La dirección oportunista del MST, por ejemplo, aunque tímidamente haya apoyado los campesinos de São Joaquim do Monte, no explicó por qué las familias estaban acampadas ya hace 9 años, en ribas de carreteras y dentro de algunos latifundios sin usufructuar de la tierra. Tampoco titubeó en lanzar a los leones la figura de uno de sus liderazgos históricos, José Raínha, que comandó algunas ocupaciones en el Pontal do Paranapanema en febrero.
Acontece que ni todo el aparato estatal reforzado aún por las organizaciones oportunistas y revisionistas consigue detener la furia de las masas que se lanzan cada vez más en la lucha por el mantenimiento y conquistas de derechos, por la tierra, contra la criminalización de la pobreza y etc. Así como en las ciudades, el campo verá levantamientos de masas que reaccionarán en su justa ira, limpiando la tierra de las hierbas dañinas y de los parásitos que hace siglos se alimentan de la sangre del campesinado brasileño.
Cuánto a la judicatura, así como todo este viejo Estado, un día no existirá más, siendo sustituido por otro como parte del nuevo Estado de las clases revolucionarias dirigidas por el proletariado, que destruirán el latifundio, expulsarán el imperialismo de nuestro país, derrotarán la grande burguesía e instaurarán la necesaria y deseada Nueva Democracia.
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