En febrero de 2009, en el municipio de São Joaquim do Monte – interior de Pernambuco – cuatro pistoleros, después de seguidas amenazas de muerte a los campesinos ocupantes de la hacienda, entraron en el campamento portando armamento pesado, como atestiguan las fotografías sacadas por los propios campesinos acampados. Fueron cercados por la masa de campesinos y ajusticiados en una actitud de legítima defensa. En el bullicio inmediato de los monopolios de prensa, Luiz Inácio y otras figuras de proa del viejo Estado, como Gilmar Mendes, se juntaron a la odiosa campaña desencadenada contra aquellos campesinos por puniciones severas a los trabajadores que defendieron sus vidas y las de sus familias. Como siempre, los pistoleros fueron tratados como "humildes operarios" de la hacienda ocupada.
En el inicio de diciembre, sin embargo, cuando ocurrió el asesinato con requintes de crueldad de dos campesinos en Buritis, Rondônia, ni el más tenue señal de pronunciamiento condenando los asesinos fue dado por el Planalto y adyacencias, ni siquiera apareció en los informativos de los grandes monopolios. Lo mismo aconteció con los asesinatos del dirigente de la LCP de Pará/Tocantins Luis Lopes de Barros este año y otros 12 campesinos pobres del sur de Pará (a lo largo de 2008), por grupos de pistoleros de los latifundistas de aquella región, en la secuencia de la operación "Paz en el Campo", desencadenada por Ana Júlia Carepa-PT y precedida de verdadera histeria por parte de las revistas Veja, Isto É, y diarios Estado de São Paulo y Folha de São Paulo, además de la prensa local, que deliraban sobre la existencia de una guerrilla.
Por el contrario, todos los esfuerzos del viejo Estado, con Luiz Inácio a la cabeza, han sido invariablemente para criminalizar los campesinos en lucha por la tierra, que desde ya están condenados a pagar las penas de cadena, agresiones, tortura y muerte sin el mínimo derecho de defensa.
En el caso de los asesinatos de Élcio Machado y Gilson Gonçalves en Rondônia, coordinadores de la Liga de los Campesinos Pobres en aquella región, toda una siniestra trama envolviendo el Ouvidor Agrario Nacional, Gercino da Silva Filho, la ouvidora provincial, Márcia do Nascimento Pereira, el superintendente del Incra en el estado, Luiz Duarte Freitas Junior, el comandante del 7º BPM de Buritis, mayor Antônio Matias de Alcântara, el latifundista Dilson Caldato y sus pistoleros fue tejida para reconocer y asesinar los liderazgos del campamento Río Alto, en el municipio de Buritis. Según informaciones de la Coordinación de la LCP de Rondônia esto se comprueba por el hecho de que hasta la reunión ocurrida en la sede del Incra en Porto Velho, en 3 de diciembre, con la presencia de esas personas y de los dos campesinos asesinados, los liderazgos del campamento no eran conocidos. Ya el día 5 Élcio y Gilson desaparecieron, siendo encontrados muertos a las márgenes de un río de la región, con señales de tortura como uñas y parte de la piel arrancadas y brazos partidos.
Además de prestar una ayuda al latifundista, la reunión produjo una acta que muestra de manera inequívoca para qué sirve la política agraria de Luiz Inácio y sus burócratas, que hablan de "Paz en el Campo", y comprobó de forma cabal la naturaleza del Incra como agencia del latifundio. En ella se lee la denuncia falsa del latifundista, una serie de compromisos hechos por la policía y por el Incra, la amenaza clara a los campesinos hecha por el señor Gercino y la promesa del latifundista de "orientar sus ‘operarios’ a no cometer irregularidades" contra los campesinos. Sólo dos días después sus "operarios" cometieron la "irregularidad" de secuestrar, torturar y asesinar dos campesinos, que estaban presentes en la reunión, pero no tienen ninguna de sus palabras registradas en acta, ya que estaban sólo para ser encuadrados y reconocidos.
La siniestra campaña de criminalización del movimiento campesino viene profundizándose claramente y el mayor responsable por eso es la gerencia Luiz Inácio, que dio total libertad para los latifundistas, conocidos como ruralistas, que emprendan toda y cualquier actividad, sea ella legal o ilegal bajo la protección del Estado reaccionario, para detener el crecimiento del movimiento campesino. Todo con el beneplácito del "independiente" poder judicial, principalmente el Supremo Tribunal Federal, que en la persona de su presidente Gilmar Mendes viene expidiendo órdenes de "reintegración de posesión" para las policías estaduales, amenazando con intervención federal caso los gobernadores no cumplan las órdenes. Y el empeño es tal que este irreprochable señor ha estado personalmente en las zonas más conflictivas, como hizo en Marabá, en Pará, en 4 de diciembre, al abrir la cooperativa del Consejo Nacional de Justicia para expulsar decenas de miles de familias de las áreas ocupadas, en su inmensa mayoría tierras ‘griladas’ (adueñadas ilegalmente) por notorios latifundistas en el estado.
Todo eso apuntalado en declaraciones histéricas de los representantes del latifundio y materias en el monopolio de los medios de comunicación en una campaña sistemática de ataques al movimiento campesino, tildándolo como cuadrillas, guerrilleros, vándalos, alborotadores y, peor, de atentar contra la sagrada e inviolable propiedad privada de la tierra. Claro está, hace mucho tiempo, que atacar la propiedad privada es peor que matar campesinos, como secularmente y cada día más prueban los hechos.
Otra prueba inequívoca de que se promueve la más intensa persecución a los campesinos en lucha por la tierra es el número de muertes en el campo. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra – CPT, en la gerencia Cardoso (los datos comenzaron a ser recolectados en 1997) fueron asesinados 204 campesinos, siendo 77 en la región amazónica. Ya en la gerencia de Luiz Inácio 222 campesinos fueron muertos hasta agosto de 2009, 121 en Amazonia, lo que comprueba que el viejo Estado bajo gerencia de esta "izquierda" canalla mató más que el anterior y un 157% más en la región amazónica. Vale recordarse que esos números son subestimados, no incluyendo los desaparecidos, secuestrados a mando de los latifundistas o enterrados en local desconocido. ¡El latifundio agradece por el servicio, señores!
Sin embargo, apunta la realidad que Luiz Inácio, envuelto en la campaña electoral de 2010, quiere esconder: en su gerencia hubo más muertes en el campo que en la de Cardoso. Justamente Luiz Inácio, que en 1995, en la ocasión de la batalla de Santa Elina, en Corumbiara, en el sur de Rondônia, hizo uso de toda su demagogia para prometer que, si un día fuera presidente de Brasil, repartiría la hacienda y la distribuiría a los campesinos, promesa cuyo cumplimiento ni siquiera amagó pasados sus 8 años de estada en la presidencia, a pesar de las apelaciones de las familias, que aún con profundas secuelas físicas y psicológicas, llegaron a acampar en la plaza de los Tres Poderes, en Brasília.
La práctica de matanzas y hasta genocidios en el campo no es novedad alguna, en esa tierra infeliz, hace siglos. Tampoco es novedad que todas las gerencias de turno lo practican como receta del viejo Estado. Lo que se debe verificar de todo este creciente y abominable ataque al movimiento campesino es que resulta del temor de la reacción frente al ascenso de su organización y sus luchas. Los campesinos, cada vez más manifiestan en hechos la conciencia de que el único camino para que se liberen es el de la destrucción del latifundio. Dadas las condiciones de su nivel de organización y de la correlación de fuerzas no permiten realizarla de un sólo golpe, se lanzan en nuevas, sucesivas y persistentes tomas de tierras, golpeando el latifundio parte por parte. Es lo que el movimiento campesino combativo y sin amarras ni vínculos con los gerentes del viejo Estado está anunciando como la revolución agraria. Es contra esta bandera, erguida alta por los trabajadores de la tierra de gran parte del país, con la simpatía de cada vez más amplios sectores del pueblo brasileño, que se dirige todo el odio del viejo Estado, que tiene en el latifundio uno de los pilares de sustentación y reproducción del capitalismo burocrático en Brasil.
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