La estabilidad del oportunismo petista a la cabeza del viejo Estado semifeudal y semicolonial  brasileño está cada día más próxima del ocaso. Y no por causa del show de denuncias de corrupción que la extrema derecha y sus vehículos de difusión promueven en abundancia, posibilitando que el PT y congéneres se aprovechen para levantar la bandera del “peligro de golpe”, que aún es capaz de movilizar los incautos.

El hecho es que las incontables maniobras propagandísticas acerca de las “realizaciones” de Luiz Inácio y Rousseff  ya no consiguen encubrir la real situación del país y del pueblo brasileño, acosado por la crisis general de superproducción relativa del capital cada vez más profunda, aunque aún no se haya manifestado de manera tan dramática cuánto en Europa.

De acuerdo con el índice de  la Pesquisa Industrial Mensual, del IBGE, la producción industrial retrocedió 0,6 % en noviembre, en relación a octubre; y 1 %, si comparada a noviembre de 2011. De enero a noviembre de 2012, la producción fue reducida en 2,6 %, volviendo a los niveles de 2009, cuando hubo recesión.

Considerando que la previsión de crecimiento del PIB para 2012 era de apenas 1% (especialistas dudan que haya llegado a tanto), es fácil percibir la apuesta de la gestión oportunista en los sectores extractivos y agrícola para sostener la propaganda de crecimiento, aunque sea falsa.

Pero la situación es mucho peor que esa.

Como para el oportunismo “imagen es todo”, queriendo disminuir en el Índice de Precios al Consumidor-Ampliado, usado para el cálculo de la inflación, Dilma usó  su influencia para que los ayuntamientos de Río de Janeiro y São Paulo no autorizasen reajustes en los transportes públicos en enero. En Río el pasaje pasaría de R$ 2,75 para 3,05, y desde noviembre estudiantes y trabajadores ya protestaban en las calles. Y como en toda propaganda engañosa, la letra pequeña ya decretó la consumación de esos aumentos para el final del primer semestre.

Pero aún sin eso la vida de las masas trabajadoras ya roza lo insoportable. El Dieese, en un reciente estudio, apuntó que el precio de la cesta básica aumentó por encima de la inflación en 10 capitales, siendo que en todo el país el precio subió. En Recife, el reajuste fue de 15,26 %.

Para sostener la contrapropaganda del gobierno de que la economía va bien y de que parte de la población salió de la pobreza, los brasileños son cada vez más estimulados a comprar, endeudándose hasta los huesos y, consecuencia natural, no consiguiendo pagar sus cuentas. Datos de la empresa Serasa-Experiam, de inicio de enero de 2013, apuntan que la insolvencia creció 15% en 2012, comparado con 2011, entre las personas físicas.

Subterráneamente, el PT y sus aliados promovieron en 2012 y ciertamente profundizarán en 2013, una contra-reforma laboral que retiró derechos y desregula millones de empleos, metió la mano, una vez más, en la sanidad pública de los trabajadores y disminuyó el rendimiento del ahorro (única alternativa para los pocos que consiguen ahorrar), entre otros ataques.

Para “ayudar”, la Confederación Nacional de la Industria entregó al Palacio del Planalto un rol de “101 medidas para modernización laboral”. Como era de esperarse, el documento ya está redactado en la forma de proyectos de enmienda constitucional, proyectos de ley, revisiones de súmulas del TST, etc., bastando a la gestión petista dar inicio a los trámites. Todo objetivando reducir salarios, derechos y garantías, precarizar y empeorar condiciones de trabajo, todo tratado como “modernización”, en sustitución a las “irracionalidades” vigentes.

Al corriente de eso, el pueblo brasileño necesita vivir con el aumento de la violencia estatal (militar y paramilitar), la criminalización de sus estrategias de supervivencia (como el comercio ambulante), el encarcelamiento masivo de la población más pobre, la especulación inmobiliaria desenfrenada incluso en las favelas, etc.

Todo eso conducido por un gobierno que se dice de los trabajadores y que se propone reescribir la historia con su versión de los hechos, secundado por centrales sindicales y “movimientos sociales” vendidos, patrocinado por contratistas, bancos y demás monopolios, que vieron las puertas del país abrirse de par en par para que se extraiga hasta la última gota de sangre de nuestro pueblo.

Resulta claro que no existe democracia para el pueblo. Solamente con el duro combate de los sectores más clasistas y combativos, derrotando el oportunismo y apuntando el camino democrático-revolucionario, el proletariado y las masas trabajadoras del campo y de la ciudad serán capaces de liberar su fuerza revolucionaria y destruir el actual estado de cosas.