En el editorial anterior (Clamor y justicia irrevocables), AND afirmaba: “lo que se hace necesario y da indicios de que comienza a erguirse es un movimiento masivo de todos los verdaderos demócratas y personas de bien (no sólo supervivientes, familiares y sus asociaciones) que juzgan importante no sólo conocer la verdad sobre los años del régimen militar, pero también, y principalmente, la punición por los hediondos crímenes cometidos contra los comunistas, revolucionarios, demócratas y progresistas”.
Esas palabras estaban correctas, porque marzo fue definitivamente un mes decisivo para que esa movilización creciera.
A comenzar con el día 8 de marzo, cuando el Movimiento Femenino Popular (MFP) marcó las celebraciones del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, levantando de forma precisa la justa consigna de “Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: punición para los criminales del régimen militar, civiles y militares, mandantes y ejecutores de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas”.
Contrastando con otros movimientos que dicen defender las mujeres en agremiaciones oportunistas, el MFP empuñó la bandera que tantas mujeres: abuelas, madres, hermanas, viudas e hijas, por tantos años, han mantenido erguida, a pesar de innúmeros atropellos, intimidaciones, amenazas, persecuciones, dolor y lágrimas. Y fue con la manifestación histórica en las calles del centro de Río, acto que culminó a las puertas del Club Militar, paradero este justificado por el movimiento por ser la guarida donde se profiere la defensa más descarada de tan infames crímenes. Allí, la manifestación tiró tinta roja y con la misma dejó grabado su clamor de justicia y de resistencia.
Esa demostración proveniente de campesinas, obreras y estudiantes, mujeres maduras y jóvenes, ciertamente impresionó por la osadía, ya que hasta los porteros que vigilan el ingreso al Club Militar, sorprendidos y manchados de tinta, se refugiaron en el interior de aquel siniestro lugar.
En 26 de marzo, el Levante Popular de la Juventud, con el apoyo de otros movimientos, realizó actos en casas o locales de trabajo de siete torturadores en siete capitales brasileñas. La repercusión fue enorme y el monopolio de los medios de comunicación fue obligado a dar destaque a los “escrachos”, como fueron llamados en referencia a las acciones del mismo nombre realizadas por los jóvenes argentinos.
Ya antes de eso, un movimiento también de la juventud, llamado Aparecidos Políticos, venía realizando actos públicos frente a cuarteles de las fuerzas armadas, cambiando simbólicamente el nombre de calles y plazas que homenajean enemigos del pueblo.
El día 29, en respuesta a una provocación de los “gorilas de piyama”(como son conocidos los militares golpistas retirados), que pretendían hacer una conmemoración del golpe de 64 en el Club Militar, una manifestación se dirigió a la puerta del edificio, quemó retratos de torturadores y lanzó tinta roja en la calzada. La PM reprimió con gas de pimenta, choques eléctricos y bombas lacrimógenas y prendió un manifestante. A pesar de las banderas de un sin número de siglas oportunistas electoreras, eran jóvenes los que las portaban, y en acto de rebeldía a la posición de sus organizaciones, allí manifestaban uniéndose en unísono a los movimientos realmente comprometidos con la causa de la punición a los criminales del régimen militar y que daban el tono de la manifestación.
Paralelamente a esa demostración de que el pueblo ya no aguanta más tanta tergiversación y artimañas, una fuerza de tarea del Ministerio Público Federal fue creada para encaminar procesos contra notorios criminales del régimen militar. Como buenos “defensores de la ley”, juzgaron encontrar una brecha en la Ley de la Amnistía y defendieron la tesis de que la desaparición forzada de militantes contra el régimen militar es un crimen continuado y, por lo tanto, ya fuera del alcance de la ley, que beneficia los acusados de crímenes cometidos antes de 1979.
La denuncia presentada contra Sebastião Rodrigues de Moura, alias Curió, mayor del ejército en la época de la Guerrilla del Araguaia, por secuestro de cinco guerrilleros, fue negada por el juez federal, que alegó que los fiscales “ignoraron los esfuerzos de reconciliación nacional” hechos en la época de la Amnistía. Nuevos procesos serán encaminados y el Ministerio Público de São Paulo también se prepara para procesar criminalmente torturadores notorios.
La limitación de ese tipo de acción consiste exactamente en que, buscando una brecha en la Ley de la Amnistía, implica en el reconocimiento de que ella es legítima, cuando hacer con que ella sea revocada es exactamente el camino exigido por todos que se pretenden defensores de los derechos del pueblo y de la punición para los mandantes y ejecutores, civiles y militares, de los crímenes cometidos contra los combatientes revolucionarios y demócratas en el periodo del régimen militar. ¿Según el “derecho internacional” la tortura tampoco es crimen imprescriptible?
Hablar en reconciliación nacional es exactamente el argumento urdido por los últimos gerentes militares y los traidores y renegados que acordaron la Ley de la Amnistía, que no preveía la verdad ni mucho menos juicio y punición de los crímenes de Estado. Y los renegados que hoy están a la cabeza de la gestión de turno del Estado, ex-guerrilleros arrepentidos que sirven de mensajeros entre los generales de servicio y los civiles y el ministerio de la defensa, que nada más es que intermediario de los chantajes del alto comando militar, que a todo momento “recuerda” al PT, PCdoB, PSB y toda camarilla de oportunistas encastillados en el Planalto de los compromisos asumidos por ellos para ser electos.
Pero con el pueblo funciona diferente. No hay chantaje que lo haga desviar el rumbo, porque no está prendido a compromiso ninguno con esos crápulas. Mientras los gorilas de piyama – como portavoces de los de la activa – lanzan manifiestos con miles de firmas contra la comisión gubernamental de la media-verdad sin justicia e insinúan con la remota amenaza de un nuevo golpe, los movimientos populares, demócratas y revolucionarios empuñan con cada vez más firmeza la bandera de la investigación y punición de los criminales del régimen militar.
Y en breve serán millones los que defenderán esa consigna, obligando al viejo Estado a reconocer sus crímenes hediondos y a punir sus comisionados mandantes y ejecutores.
No nos dejemos engañar por maniobras diversionistas de la parte de los que actualmente gestionan el viejo Estado; no nos dejemos iludir con grupos igualmente oportunistas electoreros que quieran adueñarse de los movimientos y traficar con esa justa demanda del pueblo brasileño. Es preciso no descansar hasta que el último torturador y asesino no sea punido.
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