El atentado cobarde que asesinó con 4 tiros en la cabeza Marielle Franco, concejal por el Psol en la ciudad de Río, en la noche del pasado 14 de marzo, chocó y conmovió millones de personas en Brasil y en el exterior. Retumbando indignación, levantó el clamor de justicia tantas veces preso en el pecho de miles de madres delante del exterminio cruel de sus hijos e hijas, y que por su condición de humildes trabajadoras, su dolor y voz no tiene eco sino entre sus vecinos de desdicha, en las ciudades y en los campos de Brasil.
Las declaraciones de solidaridad a los familiares de Marielle crecen, entre muchas demagógicas, cuando no descaradas y cínicas, tales como las de autoridades del viejo Estado, políticos de varias siglas y, en particular, de los canallas que monopoliza los medios de comunicación, especialmente la Red Globo, con su labor afinada en torcer los hechos, mentir y ventilar gases venenosos para entorpecer mentes.
Por otra parte, las gigantescas protestas, cobran respuestas mucho mayores de las flojas de “atentado a la democracia” de tibios reformistas y de las “furiosas” promesas de los oportunistas electoreros de hacer “venganza” en las urnas. Las masas movilizadas, principalmente de la juventud, recurrieron a las protestas en la expectativa de no sólo punir los criminales, ejecutores y mandantes, pero elevar las protestas al nivel y a las formas de la lucha revolucionaria, a fin de derrocar todo este sistema de explotación y opresión, sostenido y mantenido por este viejo y genocida Estado de grandes burgueses y latifundistas, serviles del imperialismo, principalmente yanqui.
Por el contexto y evidencias, la ejecución de Marielle fue una demostración de descontento por los intereses contrariados de grupos de poder bien estructurados en los órganos de seguridad pública, principalmente cúpulas de la policía militar, frente a la amenaza que representó la intervención militar a su monopolio de violencia y del abuso de autoridad, que además de rentosos negocios es parte considerable del Poder político. Lanzar un cadáver en la mesa del general interventor, además de demostración de fuerza, fue un recado fascista a los luchadores del pueblo. Y, para demostrarlo con gran repercusión, tirar la vida de una mujer negra, defensora de los “derechos humanos” y militante de la izquierda legal como miembro del parlamento.
El asesinato torpe y las masivas protestas de repudio señalan que no sólo la crisis política que sacude el país desde 2015 se profundizó como crisis de seguridad pública y militar, pero también y principalmente, que la situación revolucionaria que despuntó en 2013, con las masivas explosiones de la juventud en todo el país, está pasando a un nuevo momento, prenunciando nuevas y mayores olas de la protesta popular.
Por el lado de la reacción significa que sus ataques a la lucha popular se desarrollaron. Los constantes ataques contra la lucha por la tierra (con masacres y el asesinato de activistas y dirigentes, en el campo), la práctica sistemática de las masacres de pobres en la ciudad y las persecuciones políticas y condenas draconianas de activistas y liderazgos de las protestas de junio/julio de 2013 y 2014, pasaron a desarrollarse con la eliminación de militantes políticos y de luchadores populares.
Por el lado del pueblo representa el pasaje de la convicción creciente de las masas en el rechazo a la farsa electoral y acciones de rebelión, en las expectativas y esperanzas en el camino cada vez más belicoso, a los cuales se sumarán muchos otros, hasta entonces creyentes en las promesas de cambios de un país mejor para el pueblo por la vía pacífica y electoral, desilusionados por el crimen brutal contra quien creía y actuaba por cambios por dentro del sistema.
De la parte de la intervención militar, hay de cuestionar: ¿el silencio y desfachatez de declaraciones lacónicas de miembros del Alto Mando militar y del interventor sobre la ejecución de Marielle contrasta o coaduna con la prédica especializada del general Heleno, de eliminar todo y cualquier sospecho de hostilidad? Y más: ¿cómo juzgar, en este contexto, la exigencia del Comandante general del ejército por “seguridad jurídica” para las acciones de sus tropas? ¿Es o no un eufemismo para impunidad de autores de violaciones y crímenes que serán cometidos? Y que decir de las bravatas de saneamiento en las fuerzas policiales, cuando la intervención militar, tras 30 días, ni siquiera tocó en la situación del 41º Batallón de la PM, conocido por esparcir el terror y la extorsión a las poblaciones del Chapadão, Acari, Rocha Miranda y otras áreas contiguas (hechos sabidos y bien conocidos de la corregidora de la policía). ¿Y que decir del silencio sobre la denuncia hecha por el colectivo “fala Akari” y repercutido por Marielle, cuatro días antes de su ejecución, sobre el asesinato de dos jóvenes que tuvieron sus cuerpos lanzados en un riacho? ¿Y, por fin, que decir del hecho de las Fuerzas Armadas den cobertura a las truculencias practicadas por el Ayuntamiento del Río en Vila Kennedy?
Esta guerra civil reaccionaria contra el pueblo y a quién lo apoya, sea en la ciudad como en el campo, no es obra del acaso. Es la cruda realidad de la descomposición avanzada de una máquina burocrática-administrativa-policía genocida y decrépita. Como reflejo de la crisis general de su enfermizo capitalismo burocrático, la crisis política y moral, agravada por la crisis de la seguridad pública, ya ingresó en el terreno de una crisis de dominación del viejo Estado. Ella se expresa en la lucha sin cuartel entre las fracciones de las clases dominantes locales y sus respectivos grupos de poder por el control de la máquina del viejo Estado, en todas sus esferas.
En esa lucha desesperada, las fuerzas políticas y partidarias del corrupto y quebrado sistema político sólo en una cuestión se unifican: apoyar el incremento de la represión al pueblo pobre, sea a través de los grupos de exterminio organizados por las mafias del aparato policial-militar, sea a través de la forma más declarada: la intervención militar. Todas esas formas son volcadas a contener la revuelta popular creciente y prevenirse de un levantamiento revolucionario, bajo el pretexto de combatir el “crimen organizado”. Dan ese pretexto como si la delincuencia que se exacerba exponencialmente en la sociedad – hija de la miseria y desigualdad imperantes y putrefacción general del Estado – fuera el principal y mayor problema del país – lo que de hecho no es. Está muy lejos de serlo, pues no pasa de mero síntoma de la naturaleza del vigente sistema de explotación y opresión del pueblo y de subyugación de la Nación.
Aún porque, en cuestión de crimen organizado, las agremiaciones políticas oficiales del país, como espanta la Nación la cúpula del partido del presidente de la república, son insuperables en su robo y pillaría de los cofres públicos, al punto del propio sistema tener que promover una Operación “Lava Jato”, en la tentativa de, salvando las apariencias, buscar recuperar un mínimo de legitimidad y credibilidad de las instituciones de su “Estado Democrático de Derecho”. Operación esta que, dígase de pasada, fracasó frente a la resistencia del mundo político oficial en tener sus cúpulas derrocadas.
De ahí que la intervención militar, por una razón mayor que la crisis de seguridad pública en Río – como ya hemos afirmado aquí – cumple planificación de largo curso en función de la gravedad de la crisis de dominación que se instaló en el país. Ella es la marcha por la imposición de la centralización de un poder que amenaza fragmentarse y se lanza como globo de ensayo para crear opinión pública favorable a la intervención militar ampliada, con el objetivo de futuro golpe de Estado contrarrevolucionario.
Régimen de monopolios y dominación imperialista secular que condena la producción nacional a su mero complemento; concentración de la propiedad de la tierra y miseria al campesinado, salarios de hambre y crisis constantes con desempleo masivo, retirada de derechos de los trabajadores, sometimiento cultural, científico y tecnológico. Finalmente, injusticias, abusos, represión y genocidio continuados sobre el pueblo y privilegios indecentes y sin fin para una ínfima minoría de ricachos. Estos son los problemas cruciales de nuestro pueblo y de nuestro país, son la manifestación de la situación histórica en que la revolución democrática ha sido aplastada a hierro, fuego y sangre. Nunca realizada, estancada y pendiente.
La solución de esta contradicción sólo podrá ser resuelta por la violencia revolucionaria de las masas aplicada contra sus opresores y explotadores. Su creciente rechazo a la farsa electoral ya se torna algo más de una mera demostración de lo que ellas no aceptan más. El viejo Estado y su putrefacto sistema político, en su saña por mantener intacta su vieja orden, sólo pueden ofertar a las masas más represión, control social opresivo y engaños.
Para remover las tres montañas de explotación y opresión sobre el pueblo y la Nación – la semifeudalidad, el capitalismo burocrático y el imperialismo – se hace necesaria mayor determinación de las masas bajo la dirección firme del partido de vanguardia del proletariado y asentado en la alianza obrero-campesina, para demoler estas montañas, lo que cobrará tiempo relativamente largo y el inseparable e implacable combate a su fuerza auxiliar en el seno del movimiento popular, el montón colosal de basura del oportunismo electorero, para establecer la Nueva Democracia sobre la base de una Nueva Economía y una Nueva Cultura.
