La crisis que se despunta en la actual gestión, con cinco meses de servicio, es una clara demostración de lo avanzado que está la descomposición del viejo Estado semicolonial y semifeudal brasileño. Ni bien calentaron sus asientos (otros están sentados hace décadas) y los miembros del staff oportunista y la propia Dilma Roussef ya se ven a prueba en la conducción de la gestión de las políticas del imperialismo, del latifundio y de la gran burguesía.
Como ya es tradicional en la política local, los grupos de poder se enfrentan entre sí, son capaces de entregar el país y todo para garantizarse cualquier pequeña ventaja sobre sus pares. La gerencia Dilma ya da muestras, como AND alertó desde antes de su elección, de que en momentos de agudas tensiones políticas puede precipitar todo el sistema de gobierno en una crisis institucional sin precedentes.
Así fue cuando de la votación en la cámara de los diputados del proyecto del nuevo Código Forestal elaborado por el revisionista y servil del latifundio Aldo Rebelo. El monopolio de los medios de comunicación informó ampliamente que la orientación del gobierno era para que no fuera aprobada la enmienda 164, que amnistía los deforestadores que habían sido multados, de autoría de un diputado del PMDB. Para eso, la gerencia Dilma necesitaba de los votos de la llamada “base aliada” y mandó el recado de que quién no votara con el gobierno perdería los ministerios loteados.
Palocci, como ministro de la Casa Civil, fue el encargado de transmitir el mensaje por teléfono al vice-gerente Michel Temer. Se dice que Temer se exaltó e intercambió ofensas con Palocci. En el día de la votación, el PMDB ayudó a aprobar la amnistía a los “deforestadores”. Nadie perdió ningún ministerio (claro, sólo por súbita estupidez alguien corta la rama en que se está sentado) y la relación entre PT y PMDB habría quedado sacudida por las ríspidas palabras intercambiadas.
Dilma y su camarilla petista, totalmente incapaces de contornar la insatisfacción de caciques peemedebistas, no pensó dos veces en recurrir a su padrino y mentor, Luiz Inácio, que listamente aterrizó en Brasilia para, olímpicamente, como es su estilo, pacificar los descontentes y promover la concordia necesaria a la tan necesaria “gobernabilidad” de una gerencia pusilánime y oportunista. Y no es que subestimemos una precoz capacidad maligna de los gerentes de turno, pero sólo ahora se dan cuenta en donde se metieron. PMDB aliado, Dilma sin habilidad política y de frágil salud, Temer vicepresidente, etc., enfrentarán profesionales de la política y del poder putrefactos.
La crisis sólo comenzó, su desbordamiento vendrá más adelante.
No se sabe lo que el PMDB llevó en pago por la paz, pero por ser la sigla aliada de más peso y de mayor poder, no es difícil concluir que consiguió otro buen pedazo de la subdivisión de las áreas más rentables de la administración “pública”.
La crisis en la alianza que sostiene la gerencia oportunista ocurrió cuando Dilma estaba alejada de los reflectores por causa de una alegada neumonía que la hizo cancelar varios compromisos y viajes, y en el auge de las denuncias del vertiginoso enriquecimiento “ilícito” contra Antônio Palocci.
Las denuncias de que Palocci enriqueció absurdamente en el periodo desde su defenestración del ministerio de la hacienda de Luiz Inácio en 2006 hasta su retorno como ministro de la Casa Civil de Dilma fueron inmediatamente adoptadas por las siglas que se dicen de oposición. Sin embargo, nadie se atreve a ir fondo en las investigaciones, porque si eso se torna moda, ¿quien se salva en el Congreso, en el Planalto o en la judicatura? ¿Quién, del gobierno o de la “oposición”, del pasado o del presente, no tiene algo a esconder?
Nuevamente eso fue usado por los “especialistas” en escándalos para clamar por el “fin de la corrupción” que es el “mayor mal del Brasil”, que es un absurdo “alguien enriquecer con informaciones privilegiadas del gobierno”. Hablan como si eso fuera la mayor de las novedades y el mayor de los asaltos al patrimonio público cuando todos los días, ininterrumpidamente, proponen y aprueban leyes y proyectos que dilapidan el patrimonio que debería ser de los brasileños. Entregan el territorio, el petróleo y otros minerales, la producción agrícola, las florestas, todos regiamente recompensados. Y hacen eso desde siempre, atendiendo cada deseo de sus patrones.
Además, el precio por el cual cualquiera de ellos vende sus servicios no debería ser un problema ético tan grave, porque en su gran mayoría tiene conexiones umbilicales con grandes contratistas, mineras, transnacionales, fondos de pensión, eso cuando no son ellos mismos socios, propietarios o directores, latifundistas explotadores de fuerza de trabajo esclava, etc. Los pocos restantes son oportunistas que se alzan travestidos de defensores de las buenas costumbres, pero se dedican de hecho a la salvación de ese viejo y purulento sistema de poder de las clases explotadoras.
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