La solemnidad de la toma de posesión de la nueva Procuradora-General de la República, Raquel Dodge, ocurrida el último día 18 de septiembre, fue marcada por la defensa del “imperio de la ley”. En este aspecto, se alinearon la Procuradora-General y el gerente cuadrillero Michel Temer.
Según la procuradora, nadie puede estar arriba o abajo de la ley, discurso habitual en la boca de los que componen el Ministerio Público y la judicatura, todos ellos conocedores de que la cosa no es bien así. Prueba suficiente está estampada en la foto de la posesión en la cual Raquel Dodge y la presidente del Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, estaban al lado de tres grandes violadores de la ley.
El jefe de la cuadrilla del PMDB, en una nueva actuación cínica, se alineó a Dodge afirmando que la autoridad suprema está en la ley y no en la autoridad constituida, aprovechando la oportunidad para provocar su desafecto, Rodrigo Janot, antecesor de Raquel Dodge.
Para las clases dominantes, la ley es sólo un detalle, ya que son ellas que, directamente o por sus apoderados, la elaboran. Por eso la confianza de Temer, que se encuentra detentor del control sobre la pocilga autodenominada de Congreso Nacional, en modificar el actual cuadro jurídico para posibilitar que él no sólo no sea retirado de la gestión del Viejo Estado como, juntamente con la cuadrilla, escape de la cadena.
Concretamente, los dueños del poder, latifundistas y grandes burgueses, serviles del imperialismo, como afirmamos, directamente o por sus apoderados, elaboran las leyes a su imagen y semejanza, imprimiendo en ellas el sello del carácter de clase del Estado. Después las entregan a los cuidados de una privilegiada burocracia que cela por su aplicación.
La lógica que rige la ley de los dueños del poder es la opresión y la explotación que garantizan relaciones de producción perversas, derivando de ahí relaciones sociales inicuas. Ejemplo notorio es que, mientras Temer y Dodge exaltaban la excelencia de la ley, campesinos de Tocantins resistían a la acción de las instituciones que, en nombre de la ley, les quitaban el derecho a la tierra. En Mato Grosso do Sul, pistoleros fuertemente armados, aplicando la lógica de los latifundistas, incendiaron casas y pertenencias de los Guarani y Kaiowá de la tomada Guyra Kambi’y en el municipio de Douradina.
Aplicaron la misma lógica vigente en Pau d’Arco (PA) y en Colniza (MT), para no hablar de Eldorado de los Carajás (PA) y Santa Elina (Corumbiara – RO).
Para las clases dominantes, la ley es la garantía de sus privilegios, los cuales ellas ven como derechos. Así, los hacedores de ley, con el objetivo de mantener sus privilegios, ni se dieron el trabajo de modificar la legislación electoral, una de las principales fuentes de la corrupción y podrecimiento del quebrado sistema político de la vieja orden.
Ni aún las encuestas de opinión realizadas por órgano del monopolio de prensa, indicando que la población en peso rechaza todos los nombres presentados por las siglas del Partido Único para concursar a la gestión del viejo Estado, sirvieron de advertencia a la patota del Congreso Nacional.
El ambiente de total repulsa popular a toda esa podredumbre de la política oficial y de inseguridad frente a la delincuencia generalizada es tomado como pretexto por los milicos reaccionarios para someter la Nación a su bota y bayoneta. Pero es la violenta revuelta popular que está fermentando contra toda esta vieja orden que hace con que las clases dominantes muevan los altos mandos de las fuerzas pretorianas del sistema de explotación y opresión. Ya ponen las uñas de fuera a través del General Hamilton Mourão, que predica abiertamente la intervención militar bajo el silencio de un títere ministro de la defensa, que gasta su precioso tiempo discutiendo con el jefe de policía de Río de Janeiro.
Para el pueblo existe un derecho que está por encima de la ley, de la cual Raquel Dodge dice que nadie puede estar arriba: el derecho de luchar por sus derechos, desde siempre pisoteados. Es la indignación popular frente a tanta podredumbre de ese sistema de explotación que reprime impiedosamente su más simple y justa protesta, que potencializa su razón de que la rebelión se justifica.
Esta es la lógica del proletariado, de los campesinos y de todas las masas populares. El derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación, así como del derecho de organización y manifestación. Finalmente, el derecho a una vida digna con todo lo que esto representa y que es despreciado por la lógica de la ley de los dominantes. Por eso es por lo que el pueblo ansía y prepara su revolución. Una revolución que quiebre la lógica de la vieja orden y aplique un programa basado en la conquista y mantenimiento de sus derechos fundamentales.
