Por detrás de los vocablos “ley” y “justicia”, el viejo y podrido Estado brasileño esconde una burocracia cubierta de privilegios que les son garantizados por dar a las clases dominantes el debido respaldo para manejar el Estado según sus más pérfidos intereses.
Ocurre que vivimos tiempos de guerra. Guerras desencadenadas por la crisis general del capitalismo en su fase decadente, el imperialismo. Guerra que en Brasil se manifiesta, por un lado, como guerra civil reaccionaria contra el pueblo y, por otro, como pugna entre los grupos de poder incrustados en las siglas del Partido Único de la vieja orden de explotación y opresión, representantes de las fracciones de las clases dominantes locales, para apoderarse de cuotas cada vez mayores del resultado del sudor del pueblo brasileño y, para eso, conquistar para sí los puestos de mando en las tres esferas del viejo Estado, colocándolos a servicio del latifundio, de la gran burguesía (compradora y burocrática) y del imperialismo, principalmente el yanqui.
En esa pugna, los grupos de poder colocan sus agentes para hacer revelaciones sobre prácticas criminosas unos de los otros, lo que nos hace concluir que sobre eso todo es verdad. Verdad ocultada en los tiempos de colusión entre las clases dominantes, pero conocidas desde hace mucho por el pueblo, víctima de las prácticas forenses.
Tras venir a público tanta podredumbre del Poder Ejecutivo, en el cual “presidentes de la República”, a pesar de sorprendidos infraganti delinquiendo como jefes de cuadrillas asaltando el erario, cínicamente desdeñan; del Legislativo, cuyas denuncias ya nos son nauseabundas por los escándalos recurrentes y sin fin, y no pudiendo impedir que sean divulgadas las podredumbres de este feudo reaccionario que es el Poder Judicial, somos obligados a oír sonoras e indignadas voces reclamando contra ofensas a la “dignidad” de la institución y “honorabilidad” de sus integrantes.
¿Quiere saber lo que es la Judicatura? Pregunte: ¿quién colocó más de 700 mil brasileños pobres y negros atrás de las rejas en régimen inhumano? ¿Quién promovió miles de desalojos de áreas urbanas dejando al relente millones de personas? ¿Quién determina la expulsión de campesinos de tierras usurpadas por latifundistas? ¿Quién hace la vista gorda al genocidio por la policía de poblaciones faveladas y de barrios periféricos, principalmente jóvenes y negros? ¿Quién practica la venta de sentencias y liminares siempre en favor de los miembros de las clases dominantes en perjuicio de los pobres? ¿Quién, bajo el pretexto de pedir vistas, sienta sobre procesos de intereses de los grandes grupos económicos por hasta 10 años? ¿Quién mantiene un contubernio con las grandes bancas de abogacía, muchas veces, vinculadas a ex-magistrados? ¿Quién se niega a aplicar la ley del techo salarial en las carreras de Estado y que se aprovecha de la importancia pública del cargo que ocupa para cobrar por charlas y embolsar hasta 10 veces el salario por cada una? Eso, para atenernos sólo en lo que es público y notorio.
Este viejo Estado enraizado de cabo a rabo en la semifeudalidad y en la semicolonialidad secular del país, en que las clases dominantes siempre dedicaron profundo interés a los cursos jurídicos – los cuales enseñan que el Estado está por encima de las clases y vela por el bien común y que nadie está por encima de la Ley, como ha afirmado constantemente el Procurador-General de la República, Rodrigo Janot – nada más es que el instrumento de los grandes burgueses y latifundistas para ejercer el papel de verdugo del pueblo, e instrumento del imperialismo para expoliar y saquear la Nación.
No es de hoy que asertivas del tipo “para los amigos todo, para los indiferentes la ley, y para los enemigos los rigores de la ley” o “si la ley confunde, cambie la ley”, asertivas bastante triviales, tanto en el parlamento (que elabora las leyes) cuánto en la judicatura (sus “guardianes” y fiscales), muestran la interesada flexibilidad del sistema jurídico-político decadente de nuestro país.
Las siglas partidarias del Partido Único, sean las de la derecha, del centro o de la falsa izquierda; los integrantes de los demás poderes y las cúpulas de las Fuerzas Armadas, así como los monopolios de prensa, repiten hasta el hartazgo la falacia de que el problema de la corrupción descontrolada en el país es la cultura que afecta determinadas personas — finalmente, el problema son las personas deshonestas, corruptas — y que con puniciones ejemplares se corregirá y se moralizará la vida pública del país. Con esta cantinela pretenden tirar arena en los ojos del pueblo para proteger y esconder que el problema es este sistema económico anacrónico, semicolonial y semifeudal, secularmente mantenido inalterable en su estructura, en sus relaciones de propiedad y su cultura, del cual se irguió y se reproduce este Estado burocrático y genocida y su sistema político farsante, los cuales tienen en la corrupción su modus operandi.
El sistema político quebró, no hay quién no reconozca este hecho. Pero los defensores de este sistema de explotación y opresión no pueden extender tal reconocimiento a que el sistema de poder, el viejo Estado, se hunde en su descomposición general.
Las campañas moralizadoras sólo podrán parecer una solución por poquísimo tiempo, pues sólo con este viejo Estado se puede mantener y respaldar tal sistema explorador y opresor.
Ninguna reforma política posible de ser aprobada en este congreso podrá salvarlo de su bancarrota, tampoco la intervención militar que se planifica como salida última del imperialismo en nombre de la “orden y del patriotismo” lo podrá, ya que las Fuerzas Armadas son la médula de ese genocida Estado. Y no llevará mucho tiempo para que la inmensa mayoría de nuestro pueblo se convenza de que sólo con la completa destrucción de ese viejo Estado, cueste lo que costar, será posible establecer una Nueva Democracia, una Nueva Economía, una Nueva Cultura y un Brasil Nuevo. Proceso revolucionario este que avanzará con base en la lucha de clases radicalizada de los próximos años y décadas, las cuales forjarán sus instrumentos y estrategia.