Las fuerzas de la represión, la judicatura y las gerencias estaduales y federal continúan a producir y mantener presos políticos en diversas regiones del país. Algunos aún están realmente encarcelados y centenares están acusados por crímenes como “formación de cuadrilla” y “porte de explosivos”, tipificaciones de crímenes “comunes” que encubren la motivación política de sus prisiones por haber participado de protestas populares en el último periodo y respondido a la brutalidad de la represión policial en alguna medida, o inclusive habiendo sido detenidos aleatoriamente.
Pero no fueron sólo las jornadas de protesta popular iniciadas en junio que propiciaron la producción de presos políticos, esas aberraciones en tiempos de “democracia”. La lucha obrera y campesina también es pródiga en ese aspecto, que lo digan las rebeliones de trabajadores de las obras de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, etc., y los campesinos pobres hechos rehenes del viejo Estado Brasil en todo el país.
Recientemente AND denunció la situación de Luiz Bonfim, obrero de la Montcalm, tercereada de la transnacional de la minera Anglo American, en la región de Conceição do Mato Dentro, centro de Minas Gerais. Este trabajador del estado de Sergipe de 23 años, padre de dos hijos pequeños, quedó detenido, incomunicable, sin contacto ni siquiera con la familia, por casi un mes, acusado de colocar fuego en los alojamientos de la empresa después de la habitual y brutal represión policial sobre los obreros en huelga. El testimonio de un único policía – que lo prendió –, basado en alegaciones de personas vinculadas a la gerencia de la transnacional, fue considerado suficiente para la “justicia” mantenerlo preso, a pesar del testimonio de decenas de personas que afirmaban que Luiz no inició el incendio.
Ocurre que esa cuestión candente de nuestros días se torna aún más grave por el hecho de que entre los gerentes de turno del viejo Estado semifeudal y semicolonial brasileño están figuras que en época remota osaron desafiar el régimen vigente y fueron por eso secuestrados, detenidos, torturados, mantenidos incomunicables. Algunos (Dilma entre ellos), dígase de pasada, delataron compañeros de la resistencia armada.
Pues esos mismos renegados, que no tienen la mínima honradez de desafiar sus verdugos de otros tiempos (hoy aliados) y determinar la apertura de los archivos del régimen militar fascista y juzgar los mandantes y ejecutores, civiles y militares, asesinos y torturadores, de los crímenes de aquel periodo, son hoy los responsables por el mantenimiento de los presos políticos de la “democracia” brasileña.
Y aunque Roussef, con semblante cargado, pueda reprehender a un diplomático que osó comparar la embajada brasileña en La Paz con el Doi-Codi (policía política-centro de tortura da dictadura) en el caso del bandido senador boliviano contrabandeado para el Brasil, no puede osar hacer lo mismo con los pobres de las favelas y los luchadores populares presos en las mazmorras medievales en que fueron trancados por motivos políticos. ¿Y qué decir de los secuestrados y desaparecidos, los Amarildos (Amarildo: Peón recientemente desaparecido después de detenido por la policía) del pueblo?
Además, a los que viven alardeando que Brasil es el país de la impunidad, es preciso que se diga que vivimos en el país con a 4ª mayor población carcelaria del mundo, con más de 550 mil presos. El problema es justamente la cruel selectividad de esa punición, que apunta exclusivamente para los más pobres, criminalizados exactamente por su miserable condición. Sin perder de vista que los que van presos son nada más que los supervivientes del verdadero genocidio de la juventud del campo y de las favelas y barrios pobres de las grandes y pequeñas ciudades.
Lo emblemático de todo eso es que la única persona que permanece en la cadena por las protestas de junio en São Paulo es la mendiga Josenilda da Silva Santos, de 38 años, acusada de haber robado en la noche del día 18 de junio un cobertor, ropas y una crema hidratante de una tienda. Hasta el cierre de esta edición, Josenilda permanecía presa.
Cuando se trata de las clases dominantes y sus comparsas que gestionan el viejo Estado, la historia es otra. Aun cuando condenados y tras longuísimo transcurso de los procesos, notorios chorros de dinero público (citando sólo uno de sus crímenes), como Maluf y los “mensaleros”, no van para la cadena. Gente como Pimenta Neves, ex editor del periódico Estado de S. Paulo, asesino confeso de su novia y condenado por la justicia tras años de recursos, siguen libres.
Todo eso sólo puede conducir a la conclusión de que sólo pobres y revolucionarios van para la cadena en el Brasil, lo que hace más urgente que se sume a las exigencias del pueblo en sus protestas la bandera de la liberación inmediata de los presos políticos y la extinción de los procesos que existan contra ellos.
