Esta antigua máxima del dicho popular, a lo largo de la historia de nuestro país se hizo justificable desde tiempos remotos hasta los días de hoy. Su constatación por el pueblo no es, ciertamente, conformismo y sí impotencia frente a los señuelos y traiciones que viene vivenciando. Por eso surgen expresiones como “pizza” para definir las escenificaciones de punición para cada escándalo de corrupción, cada negociado y entreguismo.
Las reacciones al acogimiento por el Supremo Tribunal Federal STF de los “embargos infringentes” (artimaña jurídica que da derecho a los condenados por el STF de exigir un nuevo juzgamiento anulando o anterior) para algunos de los reos del “mensalão”, por parte de los diferentes sectores reaccionarios, tanto fuera como dentro de la gestión del Estado, revelan bien que no hay nada para esperar ni de la derecha asumida ni del oportunismo electorero. En todas las manifestaciones siguientes al voto de Celso de Mello, sólo se veían los cálculos electorales de las diferentes siglas del Partido Único.
Mientras los sectores más reaccionarios de la derecha se exaltaban contra “el mayor escándalo de corrupción del Brasil” y promovía la reedición del movimiento “Cansé”, el oportunismo capitaneado por PT/PCdoB conmemoraba y aplaudía el voto “garantizador de la constitución” de Celso de Mello, oponiéndolo a Joaquim Barbosa, promovido a justiciero por el coro de cuervos del monopolio mediático.
Teniendo como objetivo la farsa electoral que se avecina, esos dos sectores de la derecha disputan la opinión de la llamada clase media, bastante susceptible a las ideas de que la corrupción es el mayor crimen contra la nación y de que el Brasil es el país de la impunidad. Ya el PT amplía su contrapropaganda de que la disputa en 2014 será “entre dos modelos”, intentando nuevamente crear falsa polarización programática entre PT (y compinches) y PSDB (y sus compinches) y usando la farsa electoral una vez más como juego plebiscitario.
Particularmente, los discursos de petistas empedernidos refuerzan el mito de la independencia de la judicatura, como si esta estuviera por encima de las clases. Lo mismo hicieron los tucanos, sobre la condenación de los acusados del “mensalão”, como si la “justicia” del viejo Estado fuese capaz de hacer justicia.
Para los movimientos populares más consecuentes, aquellos que nacieron entre los campesinos pobres, en las periferias de las grandes ciudades, entre estudiantes, obreros y demás trabajadores, y se desarrollaron en la lucha contra el viejo Estado y sus instituciones, independientemente de quien ocupe su gerencia, la cosa es mucho más grave.
El problema no es el reconocimiento del derecho de “amplia defensa” para honorables bandidos, pero la negación de derechos para la gran mayoría de la población trabajadora y pobre de este país. Como dejó evidente el clamor popular de las rebeliones de junio/julio, el deseo no es que se use esposas en las espectaculares operaciones de la Policía Federal, que escenifican prisiones de políticos y empresarios, pero que se deje de usarlas en el momento de la prisión de los hijos del pueblo. Sobre todo que se deje de prender cuando el crimen sea el de ser pobre.
Lo que el pueblo debe exigir no es la extensión de la máxima fascista “bandido bueno es bandido muerto” a los venerables corruptos y vendepatrias, pero que el viejo Estado deje de aplicarla a la juventud pobre y negra de las favelas y barrios pobres del Brasil.
Sobre todo porque el problema, evidentemente, no es el de que “este es el país de la impunidad” como se repite hasta el cansancio, pero sí la de la punición selectiva y odiosa, con carácter de clase, aplicada por las fuerzas de represión y por la judicatura en todas sus instancias.
Es justamente ese “amplio derecho de defensa” reclamado ahora por los oportunistas en la gerencia del viejo Estado que es negado diariamente a centenares de miles de pobres encarcelados en el Brasil. El derecho de ir y venir, tan valorado por el monopolio de la prensa en tiempos de protestas populares, es negado todos los días a la población de las regiones metropolitanas, que no tiene el dinero del pasaje del transporte colectivo. Es el derecho a la vida, que es negado a los jóvenes asesinados por la policía o grupos paramilitares en las áreas campesinas y en las ciudades grandes y pequeñas.
Ahora tramita en el congreso una ley que tipifica el crimen de ‘terrorismo’, grotesca arma a ser utilizada contra los movimientos revolucionarios e inclusive reivindicatorios. Ninguna palabra fue dicha sobre el terror de la población de las favelas de Río cuando el ‘caveirão’(vehículo policial blindado) entra en las callejuelas al sonido de: “yo vine a chupar su alma”. O aún sobre las familias despertadas en medio de la noche por un helicóptero de la policía ametrallando coches y casas. El terrorismo de Estado no es considerado crimen, pero forma parte del día a día de los Amarildos secuestrados por las “fuerzas del orden” y que nunca más retornan. ¿Y que decir de los presos políticos de la “democracia”, aquellos obreros y estudiantes encarcelados y procesados por hacer huelgas o protestas?
Sobre eso, el voto “garantizador de la constituyente” del “decano” Celso de Mello no trata. Las masas saben muy así como son tratadas sus causas, cuando llegan a ser juzgadas por ese, uno más, colegiado garantizador de los privilegios de las clases dominantes y de la dominación imperialista en el país.
Es la completa falta de derechos para el pueblo, que todo produce y nada tiene. Es sobre eso que la patota petista se exulta al conmemorar su derecho a defensa.
Sin embargo llegará el día en que la máxima antes referida será enterrada por la rebelión popular. Y esta lo hará levantando una nueva leyenda, la de que ¡”quién no trabaja no come”!
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