La creciente intervención militar en la vida nacional atropellando las decisiones de las instituciones del viejo Estado brasileño – tales como el uso de tropas federales para reprimir las protestas populares en Brasilia, luego la amenaza y coacción sobre el Supremo Tribunal Federal ejercida por el comandante del Ejército general Vilas-Boas cuando era votado el habeas corpus para Luiz Inácio; el decreto de la Garantía de la Ley y de la Orden para intimidar los camioneros y las masas populares que apoyaban su huelga nacional, además de la intervención en Río de Janeiro para masacrar los pobres de las favelas bajo el pretexto de combatir el “crimen organizado” – se extendió incluso al farsante proceso electoral. Eso ocurrió por las manos del mismo comandante del Ejército que “invitó” los candidatos a presidente para una “entrevista”. Son hechos que por sí mismos desenmascaran los cacareos sobre “Estado Democrático de Derecho” de los defensores de esta vieja orden, desnudan la naturaleza de clase latifundista/burguesa y semicolonial/semifeudal del viejo Estado brasileño y deja patente la completa falencia de su sistema político oligárquico y corrupto.
Y para dejar plasmada la escalada de la intervención militar, el mismo general afirma, en entrevista a un órgano del monopolio comunicacional, que el resultado de las elecciones puede ser cuestionado en su legitimidad. Hay que resaltar aquí que, en ese caso, el término “legitimidad” asume nítidamente el carácter de clase arriba referido. Pero no deja de sonar como pillería, pues desde el engaño del “Plan Cruzado” (cuando apenas retornaba el país al gobierno civil) el proceso electoral viene siendo impactado por creciente abstención, votos nulos y blancos de la población decepcionada y desacreditada con los sucesivos gobiernos, ocupados ya por prácticamente todas las principales siglas del Partido Único – los cuales no pasan de meras gestiones de turno a servicio de los intereses del imperialismo, principalmente yanqui y de sus lacayos de la gran burguesía y latifundistas. En la grave crisis política y moral en que se hunde el país, más que nunca, la farsa electoral carece de cualquier legitimidad, menos aún para expresar la voluntad del pueblo brasileño.
Esta falta de legitimidad proviene directamente del hecho de las elecciones sean llevadas en la base de la corrupción y del dinero grueso expendido por corporaciones extranjeras, principalmente yanquis, por bancos y contratistas locales. Se suma a eso el hecho de que las bases electorales de la mayor parte del país son dominadas por seculares oligarquías de origen esclavista, semifeudal y semicolonial.
Claro está que en una elección de Partido Único como esa, el hecho de un alto mando de las Fuerzas Armadas levantar la hipótesis de cuestionamiento de su resultado es la demostración patente de la crisis de dominación de las clases explotadoras, cuyas fracciones y correspondientes grupos de poder se enfrentan en una lucha a muerte por el puesto de dirigente del viejo y podrido Estado brasileño.
No por otra razón el alto mando de las Fuerzas Armadas puso en marcha acciones para, bajo la retórica de la preservación de las “instituciones democráticas”, crear opinión pública para su intervención bajo cobertura constitucional, una vez que incumbiría a las Fuerzas Armadas la defensa de la “orden interna” – o sea, el mantenimiento de las corruptas y carcomidas instituciones de este viejo Estado, de los grandes burgueses y latifundistas, serviles del imperialismo, principalmente yanqui.
Como se verifica en la realidad, la irrefutable situación explosiva de crecientes descontento y revuelta de las masas populares, en el campo y en la ciudad, con toda esta situación empodrecida, imposibilita el restablecimiento pacífico de la vieja orden. Eso es comprobado por los levantes ocurridos a partir de 2013, en los cuales las masas ya mandaron el recado de que no aceptan más vivir la opresión y la espoliación vivida hasta entonces. En verdad, las palabras del general son la tergiversación del golpe de Estado militar contrarrevolucionario preventivo al inevitable levantamiento general del pueblo brasileño.
Usando como laboratorio la intervención militar en Río de Janeiro, en el cual intensificaron la guerra civil reaccionaria contra el pueblo pobre y negro, pudieron medir el pulso de las masas. Por lo que se ve, tiraron la conclusión que deberían aumentar la letalidad de la intervención con el aumento de los asesinatos del pueblo en las favelas – población que, secularmente, se vio suprimida de derechos elementales, de empleo y renta mínimamente decentes, de servicios públicos mínimamente dignos de enseñanza, de salud, de seguridad, cuando extorsionada que es por la dictadura sin fin de impuestos.
Tal acción, como de hecho aconteció, sólo disminuyó el abstracto, virtual y tan publicitado prestigio de las Fuerzas Armadas entre la población, conforme demostraron las investigaciones más recientes sobre la crisis en Río de Janeiro. Ellas indicaron aún una caída en el índice de aceptación de la intervención militar.
Entre las leyes de la historia de la sociedad de clases hay un axioma imperecedero: donde hay opresión, hay resistencia. Por lo tanto, el aumento de la violencia contra el pueblo pobre sólo aumentará su indignación y su disposición de encontrar formas de oponerse y poner un fin a la opresión.
No cabe, por lo tanto, autoridad a las Fuerzas Armadas del empodrecido Estado brasileño para posicionarse sobre la legitimidad del carcomido proceso electoral. Este derecho es del pueblo que cada vez más rechaza ambos y hace eco a la consigna de Ni elección, ni intervención militar! Revolución, Ya!
