Un nuevo capítulo del juicio del “mensalão” es representado en el Supremo Tribunal Federal. Esta vez, la corte preocupada, teniendo que dar alguna respuesta a las expectativas de la sociedad y presionada por el monopolio de los medios de comunicación para hacerlo, al final ya se pasaron 8 años, escenifica ordenando el cumplimiento de las penas de los condenados que no pueden más recurrir de sus sentencias.
Para evitar la suprema desmoralización de mantener en libertad gente ya condenada en última instancia, los ministros decidieron, en otra sesión teatral, que José Dirceu, José Genoíno, Roberto Jefferson y otras emblemáticas figuras de la república deberían ser notificados de los locales donde deberían “amargar” su culpa.
Nada demasiado riguroso. La mayoría está condenada a régimen abierto o penas alternativas, que pasan a ser cumplidas a partir de la firma de un documento cualquiera, como en el caso de Genoíno. Otros, como Dirceu, tienen penas a cumplir en régimen semiabierto. Ninguno de ellos probará del infierno carcelario que ellos mismos y su partido ayudan a empeorar día a día.
Así, el viejo Estado, a través de su instancia máxima de la judicatura, pretende hacer creer al pueblo que no acabará en pizza otro juicio envolviendo gente del poder, mientras corren en las catacumbas los arreglos para el nuevo juicio de aquellos que tuvieron los tales embargos infringentes aceptados por el STF, siempre de ojo en los cálculos electorales de las diferentes fracciones del Partido Único.
Eso, sin embargo, ya no es más posible, ya que el pueblo está harto de la manera como los poderosos y sus más denodados serviciales son tratados y aún más muriendo de rabia de la manera como el viejo Estado trata los pobres del campo y de la ciudad. Y esto en medio a la frenética campaña movida por los portavoces de las clases dominantes por más y más penas severas para los “crímenes” cometidos por los jóvenes de las clases populares y de los que políticamente se muestran cada vez más dispuestos a todas las formas de lucha contra el actual estado de cosas.
Siempre fue así y siempre será mientras vivamos bajo este viejo Estado semicolonial y semifeudal brasileño.
Para quedar en un ejemplo contemporáneo, tomemos el caso del joven Douglas, asesinado por un policía en el barrio del Jaçanã, periferia de São Paulo, en octubre. El policía que lo acertó con un tiro en el pecho está suelto, es tratado aún como sospechoso y sigue trabajando para la PM paulista.
Bien diferente es la realidad de los presos políticos en las jornadas de protesta popular de junio/julio hasta hoy. Algunos siguen presos en las mazmorras medievales de penitenciarías de seguridad máxima y centenares responden a procesos sin la menor fundamentación. Todos tratados como bandidos de la más alta peligrosidad.
Y peor aún es la realidad de las víctimas del encarcelamiento masivo en el Brasil por el simple hecho de habitar barrios proletarios o ser campesinos pobres.
Mientras para juzgar un simple caso de corrupción llevan ocho, nueve, diez años o la eternidad, para decidir modificar las leyes de modo a criminalizar la juventud combatiente no llevan más que pocos meses cuando no, días.
Claro que la diferencia entre las dos situaciones es de que la corrupción no amenaza el statu quo, sino que lo afirma y profundiza, igualando todos los que ocupan cargos en la gestión del viejo Estado y que cometen crímenes mucho, pero mucho más hediondos de que ese, como la garantía por todos los medios de la explotación máxima de los trabajadores por el gran capital y el latifundio y la alienación del patrimonio nacional, por ejemplo.
En cuanto a la juventud que protesta combativamente en las calles, esta sí es un símbolo de rebeldía y contestación, aunque muchas veces sin dirección, que perdió cualquier recelo de enfrentar la represión y escapó de las garras del oportunismo electorero, osando exigir en las calles los derechos que son usurpados todos los días y más, expresando abiertamente su rechazo a la farsa electoral. Y necesita ser debelada a cualquier costo y rápido, pues que está haciéndose peligrosa.
Esa simple distinción es la marca de la aplicación de la ley en el Brasil.
Y es preciso reafirmar que lo que se denuncia y predica no es que las violaciones de derechos sean extendidas a las clases dominantes y sus lacayos, hasta porque es imposible, pero que todo el pueblo tenga el derecho a la amplia defensa, algo que el viejo Estado no permitirá.
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*Terminología: En Brasil “una situación acabar en pizza” significa que nada va a ser investigado, nadie va a ser culpado. Impunidad institucionalizada.
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