Una encuesta realizada por el instituto IBOPE, encomendada por la Confederación Nacional de la Industria, apuntó que 63% de la población brasileña evalúa como óptima o buena la gestión de Dilma Roussef en la gerencia del viejo Estado semifeudal y semicolonial brasileño.

Mientras el monopolio de la prensa exalta la vultuosa propaganda oficial de las “realizaciones” de la gerencia PT-FMI, promoviendo el récord de popularidad de Dilma, el pueblo, principalmente la parcela más pobre, sigue acosado por doquier por las políticas más fascistas y genocidas.

Son matanzas cotidianas en las grandes ciudades, el latifundio actuando libremente con sus pistoleros protegidos por el Estado, el caos en la salud pública, la epidemia de dengue que mata miles, el robo de derechos duramente conquistados, la remoción de poblaciones indeseables, el encarcelamiento masivo, la criminalización de la pobreza en general, entre otros crímenes cometidos por el Estado y, por fin, la lluvia…

En marzo, el Brasil asistió estupefacto a otra tragedia anunciada, y tanto más dolorosa por causa de la negligencia, inepcia y corrupción con que el viejo Estado semifeudal y semicolonial brasileño trata todo lo que dice respeto al pueblo y sus derechos.

Poco más de dos años después de las lluvias torrenciales que mataron más de 900 personas en la región serrana fluminense en enero de 2011, otras 33 víctimas fueron contabilizadas (pues son tratadas por el gobierno como un número) en la misma región, sin que nada fuese hecho para evitar ese tipo de desastre. Además, miles de personas fueron desalojadas o quedaron desamparadas, sin contar los heridos.

Algunos hechos ilustran la manera como son tratadas las víctimas de cualquier catástrofe natural (en el caso de las que tratamos aquí dejaron de ser naturales y se hicieron una cuestión social) en este país.

Apenas R$ 2.100 millones (36,8%) de una previsión de R$ 5.700 millones fueron liberados por el gobierno federal a través del Ministerio de la Integración Nacional para el país todo para fines de prevención de riesgo de desastres naturales. De lo que fue liberado, R$ 224 millones fueron para Río de Janeiro, siendo este el segundo estado con mayor repase. La mayor parte del presupuesto fue destinado a la ciudad de Río de Janeiro, siendo que Petrópolis, escenario de la más nueva tragedia, recibió míseros R$ 42.100. Es lo que dice la organización Contas Abertas.

Hasta ahora, ninguna de las 6.076 casas prometidas salió del papel en las ciudades de Petrópolis, Nova Friburgo y Teresópolis. Según números oficiales, 7084 familias están recibiendo alquiler social de R$ 500,00 (insuficiente para pagar alquiler en cualquier lugar) y otras tantas están todavía sin ningún tipo de ayuda.

La misma lluvia de marzo expuso otra mácula, esta vez en Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Dos condominios construidos con recursos del proyecto “Mi casa mi vida” que costaron R$ 17,5 millones al gobierno federal fueron anegados y presentaban grandes rajaduras. Todos los habitantes aceptaron salir de áreas de riesgo para hacerse víctimas de una nueva negligencia. ¿O será que nadie sabía que ese terreno también era un área de riesgo?

Marzo aún reservaba otra noticia indignante. Tres años tras la tragedia del Morro da Bumba, en Niterói, región metropolitana de Río de Janeiro, que dejó 47 muertos en 2010, las familias de los muertos y sobrevivientes siguen desalojadas, 3.200 recibiendo el alquiler social, otras ni eso. Nada menos que 80 familias siguen viviendo en abrigos.

En el fin del mes, fueron “descubiertas” rajaduras que comprometían la estructura de dos edificios, de un total de 11, que están siendo construidos para las víctimas del deslizamiento en Niterói. Los edificios fueron demolidos, lo que atrasará aún más las obras. ¿Será que nadie hizo estudio del suelo antes de iniciar la construcción?

Ante todos esos casos, apenas ejemplos, las “autoridades” insisten en fingir que fueron tomados desprevenidos, derraman lágrimas de cocodrilo, van a misas para pedir menos lluvia a São Pedro, etc… Pero, principalmente, lanzan todo su preconcepto y reaccionarismo en las masas pobres y únicas víctimas de la habitación en área de riesgo. Para los gerentes del viejo Estado son los únicos culpables por las tragedias.

Fue lo que demostró la gerente Dilma Roussef en la “posesión” del nuevo papa cómplice de torturas y desapariciones en la Argentina. En declaraciones a la prensa, ella defendió la toma de “medidas más drásticas” para la retirada de las familias que viven en áreas de riesgo. Y en eso, más o menos, se resume el diagnóstico y el remedio del viejo Estado para ese tipo de situación.

O sea, como serviciales del imperialismo, de la gran burguesía y del latifundio, los gerentes municipales, estaduales y federal punen las víctimas una segunda vez, ya que son tratadas como culpables por su propia muerte o por la pérdida de la familia.

Para ellos poco importa si laderas o áreas inundables son las únicas opciones de vivienda para las poblaciones empobrecidas. Importa menos para donde ellas irán después de ser expulsadas de esos terrenos. Lo que importa es que salgan y dejen de figurar en las estadísticas de “poblaciones expuestas a riesgos”, lo que con certeza causa embarazos ante la “comunidad internacional”.

El gobierno paga regiamente a las contratistas para construir en terrenos que inundan y/o se mueven, casas y edificios que rajan aún antes de quedar listos; el poco dinero destinado a la prevención de tragedias de ese tipo es desviado, sobrando sólo lo suficiente para la instalación de sirenas. Y el pueblo que es el culpado de lo que le acontece.

Para hablar la verdad, se trata aquí de un crimen premeditado, un asesinato masivo, genocidio continuado cometido por el viejo Estado contra las masas más vulnerables.