La lucha por la tierra en el Brasil, que ya era dramática para los campesinos pobres desde su inicio, está radicalizándose cada vez más.
La gerencia PT-FMI decidió dar un golpe final para sepultar la fracasada “reforma agraria”, interrumpiendo los asentamientos y tildando los que ya existen de “favelas rurales”, en las palabras de Gilberto Carvalho, secretario general de la presidencia. Dilma entonces, ni se pronuncia sobre el asunto, y no como omisión, pero sí como señalización a los latifundistas de que el camino está libre para atacar el movimiento campesino.
El MST, enredado en las mallas del Estado, en el oportunismo de su dirección y en las disputas internas entre diferentes “señores feudales” regionales, no hace otra cosa que lanzar críticas al viento y plantear la disminución del espacio en el gobierno y la drástica reducción de los asentamientos.
El monopolio de los medios de comunicación festeja este otro “punto de contacto” con la gerencia oportunista y lanza editoriales en serie, intentando convencer al pueblo de que la cuestión agraria fue resuelta por el agronegocio y con el cuento del “apoyo a la agricultura familiar”. Y es cuento, porque tal agricultura familiar es necesaria para mantenerse, aunque siempre como pequeña producción arruinada, como formadora del valor de la fuerza de trabajo, a través del suministro de los productos de la alimentación básica de la clase obrera a precios disminuidos, impuestos a esos campesinos por los intermediadores. Por eso que el gobierno, aunque tarde, ya reconoce que no hay más ninguna reforma agraria a ser hecha.
Mientras tanto, las masas campesinas en lucha por la tierra y sus liderazgos más destacados están siendo cazados por la judicatura, policías, órganos ambientales y fiscales y, claro, los grupos armados a sueldo de los latifundistas, que actúan libremente, encubiertos por el viejo Estado, e inclusive compuestos por policías.
Los estados del Norte y del Nordeste del país siguen siendo los campeones en asesinatos de liderazgos campesinos y entre ellos, Rondônia se destaca en esa triste estadística, superando en 2012 el Pará, que detenía la delantera hace varios años, es lo que dice la CPT en una previa de su informe anual sobre muertes en el campo.
Toda clase de violencia se abate sobre el movimiento campesino combativo: desalojos violentos, incendio de viviendas, plantaciones, animales y pertenencias, persecuciones, cercos militares, prisiones arbitrarias, torturas, intentos del gobierno de lanzar masa contra masa y acción de pistoleros que han acabado con la vida de combativos liderazgos y apoyadores de la lucha campesina.
Dígase de pasaje, existe un histórico de décadas de acciones conjuntas entre policías y pistoleros, sea cumpliendo mandados judiciales, sea actuando a mando de latifundistas. Como ejemplo podemos recordar la Batalla de Santa Elina, en 1995, cuando decenas de pistoleros se sumaron a los policías en la represión a los campesinos.
Ya se pasó un año desde el asesinato del líder campesino y apoyador de la Liga de los Campesinos Pobres, Renato Nathan Gonçalves Pereira, en el municipio de Buritis, RO. Lo que se vio desde entonces, de la parte de la policía y del viejo Estado, fue la perversa transformación de la víctima en criminal, con intensa campaña difamatoria en la prensa del Estado.
Sobre las señales de bárbara tortura y de ejecución, así como las denuncias de la participación de policías civiles en la acción que lo asesinó, ninguna iniciativa fue tomada.
Sólo no contaban con la intensa movilización, inclusive internacional, promovida por varias organizaciones de lucha por la tierra y de defensa de los derechos del pueblo, que promovieron actos políticos y comisiones de abogados que presionan para que el derramamiento de sangre de Renato no quede impune. Encorralado, el delegado de la ouvidoria agraria nacional, nombrado especialmente por el ouvidor Gercino Filho, no tiene respuestas a dar al movimiento campesino y al pueblo brasileño.
Igualmente, el campesino Adimar de Souza, acusado de haber participado de un enfrentamiento armado en la misma región de Buritis, fue detenido, torturado casi hasta la muerte por policías de Ouro Preto do Oeste, región céntrica del estado, y permaneció meses internado entre la vida y la muerte en una UTI de Porto Velho. Sólo no contaban sus verdugos con imágenes hechas de Adimar gozando de perfecta salud después de su prisión, inclusive dando entrevista. La Policía Civil alejó dos policías que serían responsables y no se sabe también si habrá proceso.
Esos son sólo ejemplos de lo que enfrentan los campesinos hoy en Rondônia y, en alguna medida, en todo el país. El gobierno Dilma no sólo les dio la espalda, como también instruyó el poder judicial y las policías a cerrar el cerco sobre los movimientos más combativos. Encorajados, los latifundistas y sus bandos armados promueven todo tipo de atrocidad, con la tranquilidad de quien siempre tuvo la impunidad asegurada. Y con eso pretenden enterrar la cuestión agraria.
Como se trata de una tarea democrática de primera orden, la cuestión agraria sólo será resuelta con el fin del latifundio, no sólo el improductivo, pero de todo y cualquier tipo. Es lo que registra la historia del país en sus ciclos de revueltas campesinas. Y es esa la lucha de muerte que los campesinos siempre trabaron, con conciencia de su papel histórico irrenunciable, de llevar a cabo la revolución agraria como parte de la revolución de Nueva Democracia.
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