El día 12 de agosto, en el sudeste del Estado de Pará, Maria Paciência dos Santos, 59, fue atropellada por un camionero que avanzó sobre una manifestación de 1.500 campesinos en la BR-155. Al día siguiente, en un asentamiento en la Gleba Macaco, municipio de Unión do Sur, a cerca de 700 km de Cuiabá – MT, la campesina Maria Lúcia do Nacimiento fue asesinada a tiros. En 16 de agosto, también en el estado de Mato Grosso, el presidente de la Asociación de Productores Rurales Nova Unión (Aspronu), Josias Paulino de Castro, y su compañera Ireni de Silva Castro, fueron ejecutados por disparos de pistola 9mm en una carretera rural en el Distrito de Guariba, en Colniza, a poco más de mil km de distancia de la capital. Esos cuatro asesinatos de activistas y liderazgos campesinos en sólo una semana marcaron ese periodo reciente de escalada de la violencia contra el movimiento campesino, pueblos indígenas y remanecientes de quilombolas (poblaciones de antiguos esclavos rebelados) en lucha por la tierra y retomada de sus territorios.
Según números parciales divulgados por la Comisión Pastoral de la Tierra – CPT, en 2014 ya fueron registrados 23 asesinatos de campesinos en lucha por la tierra, siendo que otros tres casos están bajo averiguación. Los meses de julio y agosto contabilizan 11 de esas muertes en el campo.
Los asesinatos de Josias Paulino e Ireni Castro, con características claras de ejecución, tienen contornos aún más graves. En 5 de agosto, 11 días antes del asesinato de la pareja de campesinos, fue realizada en el Intermat (Instituto de Tierras de Mato Grosso), en Cuiabá, una audiencia con la presencia del Ouvidor Agrario Nacional, Gercino José da Silva Filho, un representante del Intermat, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Policía Militar, Incra (Instituto de Colonización y Reforma Agraria), MPF (Ministerio Público Federal) y Secretaría de Justicia del estado (Sejudh).
En esa audiencia, el presidente de la Aspronu denunció el adueñamiento de tierras públicas promovidas por latifundistas en el municipio de Colniza – MT y región. Según Josias, por intermedio de la Intermat, títulos irregulares de posesión de las tierras del proyecto “Filinto Müller” venían siendo emitidos en favor de hacenderos y empresarios de la región. Josias también denunció la extracción ilegal de madera y la implicación de políticos en los conflictos agrarios y el favorecimiento a la acción ilegal de fuerzas policiales en esos conflictos. Él apuntó también la existencia de pistoleros en el área.
– Estamos muriendo, somos amenazados, el gobierno de Mato Grosso es connivente, la PM de Guariba protege ellos, el gobierno federal es omiso, ¿será que yo voy a tener que ser asesinado para que vosotros creáis y tomen providencias? – declaró el presidente de la Aspronu en la audiencia [fuente: reportermt.con.br, en 17 de agosto de 2014].
Un vídeo con el registro de parte de esa audiencia fue publicado por El Pantanal Online y en él se puede ver Josias relatando las reiteradas denuncias ya hechas para la Ouvidoria Agraria Nacional, exigiendo providencias de las autoridades presentes y diciendo que era necesario dedicar más atención al agravamiento de los conflictos en la región.
– Estamos aquí para exigir nuestros derechos que las autoridades están robando, siempre humillándonos, tanto allá como aquí en Cuiabá. Estamos sufriendo hace muy tiempo y hace muy tiempo estoy llevando las denuncias a la Ouvidoria Agraria Nacional y a los Derechos Humanos. Es inhumano lo que estamos viviendo – declaró Josias, añadiendo que venía recibiendo amenazas de muerte debido a su lucha en defensa de las posesiones de las tierras del proyecto “Filinto Müller” y a las denuncias que venía haciendo contra latifundistas y contra la acción de pistoleros y policías.
Pasados 11 días de la audiencia, en el distrito de Guariba, municipio de Colniza, los cuerpos de Josias e Ireni fueron encontrados en una carretera rural, con marcas de varios disparos de arma de fuego calibre 9mm (arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas). Ireni fue alcanzada por tres disparos, siendo uno en la cabeza. En las manos de Ireni fue encontrada una máquina fotográfica totalmente damnificada, aparentemente con un disparo de arma de fuego.
Ese es el segundo caso este año de ataque contra liderazgos en lucha por la tierra después de la realización de reuniones de esos con representantes de gobiernos, fuerzas de represión y otros agentes del viejo Estado.
AND repercutió en su edición nº 131 la denuncia del Consejo Indigenista Missionário de que, el día 9 de mayo, cinco líderes indígenas Kaingang fueron detenidos por la Policía Federal, “en una verdadera emboscada, mientras participaban de una ‘reunión’ promovida por representantes del gobierno del Río Grande do Sul y por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en el municipio de Faxinalzinho”.
Red Bandeirantes vuelve a la carga contra indígenas
Después de atacar los Tupinambás del Sur de la Bahia, la red Bandeirantes de televisión volvió a la carga, esta vez, contra el pueblo Pataxó, acusando los indígenas de la “desaparición” de un hacendero. La serie de ataques, vehiculada entre los días 20 y 22 de agosto, era abierta con la afirmación de que la ampliación del territorio indígena por la Funai “generó el conflicto”.
Acompañado de un comandante de la PM, el reportero de la emisora, en tono indignado, narró que los indígenas exigieron que se parara de grabar el interior de la aldea, que la policía era constreñida a pedir autorización para entrar y que había barreras con candados en la entrada de la aldea. A eso, el cacique respondió tranquilamente diciendo que los Pataxós tienen que saber quién entra y sale del local. ¿Pero qué es lo que los señores de la Bandeirantes preguntarían a un gran empresario o a un latifundista sobre los portones, candados, vigilantes armados etc. de sus propiedades?
Con imágenes de fondo de bloqueos de carreteras realizados por indígenas en otras ocasiones, la narración del telenoticiero de la emisora decía que esa era la cuarta vez que la Policía Federal iba a investigar “secuestros y asesinatos” dentro de áreas “invadidas por indios”.
Colocándose como defensora de la naturaleza y de los campesinos (!!!), dicha serie de “reportajes” dice que los “invasores” indígenas alcanzaban reservas forestales, asentamientos del Incra y haciendas productivas.
Blandiendo la constitución, la Bandeirantes dice que es prohibido ampliar áreas indígenas, y presenta un “especialista” que dice que el laudo de la Funai que determina esa ampliación es fallo “porque considera invasión de propiedades privadas como aldea”. Y cita una reunión realizada en junio de este año en que el secretario de asuntos sociales de la Secretaría General de la Presidencia dice haber un “acuerdo” entre él e indígenas para que no bloquearan las carreteras e invadieran propiedades. Pero en ningún momento hay registros de que los indígenas se habían comprometido con eso.
La Bandeirantes dramatiza la situación de los “productores”, pero no habla de la situación de los indígenas y trata los legítimos dueños de aquellas tierras como “invasores”. Pero, a pesar del esfuerzo inaudito para intentar trasparecer “imparcialidad”, la Bandeirantes revela todo su pavor y odio dedicado a los pueblos indígenas cuando el reportero declara que ellos son dueños del 12% del territorio nacional, “pero dependiendo de la Funai van a aumentar”. Los Pataxós, así como los Tupinambás, fueron tachados por la emisora de “grupos armados que se dicen indios”.
A lo largo de todo “reportaje” la Bandeirantes pide “refuerzo policial”, cuestiona porque la Fuerza Nacional aún no actuó en la “tierra sin ley”, y que por eso los mandados de reintegración de posesión ya expedidos contra los indígenas no fueron cumplidos.
Toda esa situación, conectada a la serie órdenes de reintegración de posesión expedidas por jueces que incumplen la propia legislación burguesa, destacándose las recientes, con el objetivo de expulsar familias que hace varios años viven y trabajan en sus tierras en el Norte de Minas Gerais y Rondônia; a las prisiones políticas de campesinos en Río Pardo y Monte Negro – RO denunciadas en la edición anterior de AND; a la incesante campaña de criminalización, persecuciones, prisiones, torturas y asesinatos de campesinos, indígenas y remanecientes de quilombolas en lucha por la tierra, son la innegable comprobación de que hace mucho el viejo Estado declaró guerra contra el movimiento campesino y la lucha por la tierra.
