Editorial - Media verdad para embaucar a la Nación

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En 27 de octubre, la justicia argentina condenó 18 militares por crímenes contra la humanidad cometidos en el período del régimen militar (1976-1983). Trece de esos militares recibieron pena de prisión perpetua. Entre ellos está el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, apodado  "Ángel de la Muerte", que actuaba asignado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y es uno de los criminales más odiados por el pueblo argentino. El veredicto fue transmitido en vivo para todo el país.

La judicatura argentina ya condenó 222 militares por crímenes contra la humanidad y cerca de 800 están siendo procesados desde que fue revocada la "Ley del Punto Final", creada por el gobierno Raúl Alfonsín en 1986, y también después del derribo de los decretos de amnistía sancionados por Carlos Menem en 1989-90.

También en 27 de octubre el congreso uruguayo aprobó una ley que considera delito de lesa humanidad los crímenes ocurridos en el régimen militar (1973-85), que pasan a ser imprescriptibles. Aún con la ley de la amnistía vigorando en el país, la justicia uruguaya ya había juzgado y condenado 16 criminales del régimen militar, inclusive dos ex-presidentes, Gregorio Alvarez y Juan Maria Bordaberry, que están presos.

Ya en Brasil, los crímenes hediondos del régimen militar fascista siguen impunes e inclusive la denuncia de un torturador por varias de sus víctimas ni siquiera tuvo la atención de la judicatura. Un tibio proyecto de ley, de autoría del ejecutivo, que crea la Comisión de la Verdad, fue aprobado primero en la Cámara de Diputados (21 de septiembre) y después en el Senado (26 de octubre), cuya finalidad es la de, en sólo dos años, "examinar las violaciones a los derechos humanos practicadas en el periodo fijado en el artículo 8º del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) a fin de tornar efectivo el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional". La comisión formada por siete miembros, inclusive militares, no tendrá poder para punir ni responsabilizar a nadie.

La creación de la Comisión de la Verdad era uno de los puntos del 3º Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3), lanzado en el inicio de 2010 y que causó mucha controversia, principalmente entre los militares, que "denunciaban" un cierto carácter "revanchista" en la creación de la Comisión. En la ocasión, Luiz Inácio selló un nuevo pacto con los sectores más reaccionarios de la sociedad brasileña, objetivando acomodar las cosas para la elección de Dilma y pavimentar el camino para sus pretensiones electorales futuras.

La verdad aún es que la creación de esa Comisión de la Verdad tiene tres objetivos: 1) escenificar un acierto de cuentas con el pasado a través de una falsa investigación, para intentar acomodar la gran insatisfacción cargada en el pecho por miles de víctimas y familiares de secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por agentes al servicio del viejo Estado brasileño en el periodo del régimen militar-fascista; 2) satisfacer a la llamada "comunidad internacional", cuyos tribunales, por una cuestión de coherencia mínima que justifique su existencia, no pueden aceptar el simple olvido sobre la práctica sistemática de actos de lesa humanidad por el Estado; y 3) promover una "reconciliación nacional" oficial por decreto.

Pero es principalmente volcada para atender a las reclamaciones de instituciones internacionales, cuyos pronunciamientos al respecto, como procedió la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que al juzgar la denuncia sobre el caso de la Guerrilla del Araguaia, decretó que "son inadmisibles las disposiciones de amnistías, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que pretendan impedir la investigación y punición de los responsables por graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas".

Sin embargo, desde el inicio, los idealizadores de dicha comisión trabajaron en estrecha colaboración con los militares, coordinados por Nelson Jobim y asumiendo su papel servil el traidor y renegado José Genoíno. Todos trabajando con la certeza de eternizar la impunidad de los militares, sin dar mucha importancia a los referidos tribunales internacionales.

Y por hablar en Araguaia, en septiembre los restos mortales de un hombre con marcas de tiros en la cabeza fueron encontrados, a pesar del desinterés, por el grupo que hace las búsquedas en la región. Las características de la osamenta son compatibles con uno de los guerrilleros y material genético fue enviado para análisis. Mientras que los familiares de los guerrilleros del Araguaia no renuncian de la búsqueda de sus cuerpos, la camarilla de traidores que tomó de asalto el partido que dirigió la guerrilla, sirviéndose de su sigla para bajo ella conformar un partido revisionista empodrecido desde la médula, sigue esforzándose para evitar que la verdad venga a público.

En el mismo día de la aprobación de la creación de la Comisión de la Verdad, el senado aprobó la llamada "Ley de Acceso a la Información", de autoría del ejecutivo y enviada al congreso en 2009, que limita el plazo máximo de sigilo para los documentos ultra secretos en 50 años. Se trata también de otro arreglo entre el oportunismo de PT, PCdoB y congéneres para impedir el acceso a las informaciones sobre la represión en el régimen militar, una vez que esos archivos difícilmente serán encontrados, ya que gran parte de ellos probablemente haya sido destruida.

Es preciso destacar que esos acontecimientos en Argentina y en Uruguay, a diferencia de Brasil, están determinados por el hecho de que, en los dos países vecinos, el gran e irrenunciable clamor por la punición a los genocidas ha obligado a sus respectivas judicaturas a acatar las denuncias y punir, aunque parcialmente. Ya en  Brasil, desde la ley de la amnistía en el inicio de la década de 1980, se dio énfasis en la "imposibilidad" de punición para los criminales de guerra, asesinos y torturadores del régimen militar.

Resta decir que esos bandidos siguen activos, circulando por todas las esferas del Estado o encubiertos en otras organizaciones. Consecuencia de tanta impunidad es la continuidad del mismo aparato y sus objetivos, tal como revelaron las denuncias de la revista Carta Capital en su edición de 16 de octubre. Aunque hayan pasado tantos años de esos tenebrosos acontecimientos, muchos de los responsables por sus ejecuciones siguen vivos, mantenidos en los servicios de información intactos y modernizados, determinando políticas en el área de defensa, haciendo declaraciones, firmando columnas en la prensa monopolizada, etc.

Aquí, lo máximo a que se llegará con esa Comisión de la Verdad, si materializados sus propósitos, es mucho menos la verdad y mucho más a una "reconciliación nacional" oficial por decreto, como quieren sus idealizadores, que no se cansan de repetir que el Brasil debe "pasar la página" de la historia. Ledo engaño, ninguna reconciliación nacional es posible bajo regímenes de explotación y opresión, aún cuando cuente con la ayuda de una "izquierda" de traidores y renegados o presididos por delatores de alta patente.

El hecho ineludible es que en el actual nivel de movilización por la apertura de los archivos militares y punición de los torturadores y demás criminales del régimen militar es imposible obligar el Estado a hacer cualquier cosa en ese sentido.

Es preciso levantar un poderoso movimiento popular por la identificación y punición ejemplar de esos facinerosos que ensombrecieron la nación por más de 20 años.

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