Editorial - Cautiverio, rebelión obrera y fascismo

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La situación de los trabajadores en las obras del PAC, de la Copa del Mundo y principalmente en las de las grandes usinas hidroeléctricas de Jirau, Santo Antônio y Belo Monte, no podría ser peor. Las constantes revueltas obreras han derrumbado el mito del progreso y del crecimiento del país y expuesto las condiciones degradantes de trabajo en las obras. Inclusive han puesto a prueba la organización de los trabajadores, que teniendo sus más elementales derechos irrespetados, no pueden contar con el mínimo apoyo de sus sindicatos, ya que estos están totalmente comprometidos con las contratistas y con la gerencia petista.

Pero esa realidad es más siniestra aún. En estas obras fueron acantonados decenas de miles de obreros traídos de todas las partes y en ellas está en vigencia un sistema de cautiverio, donde todo tipo de abusos es practicado descaradamente. Los peones y los otros empleados son entrenados para llamarse a sí mismos y a sus compañeros de "colaboradores", mientras las más flagrantes situaciones de humillación, de privación de la libertad y de intimidación y amenazas de capataces y policías son prácticas triviales. A la inevitable y justa revuelta de los trabajadores frente a tan  protervo y condenable régimen de cautiverio, no podría ser otra la respuesta que la represión de los matones contra los trabajadores, comparable a los tiempos de la esclavatura. Y acto siguiente, por los medios de comunicación monopolistas el más roñoso, despreciable y cobarde linchamiento moral de los bravíos y honrados obreros de la construcción.

Once obreros se encuentran encarcelados en el hediondo presidio Urso Branco (anexo "Pandinha"), en Porto Velho, Rondônia, después de la huelga de marzo y el incendio de los alojamientos, imputado sin prueba alguna al grupo de trabajadores, que con la misma razón de la inmensa mayoría de los huelguistas, se indignó con la venta de la huelga por los sindicalistas oficialistas de la CUT y del Sindicato de los trabajadores en la Construcción Civil de Rondônia (Sticcero). Pero es mucho más grave, hay denuncias de que fueron secuestrados y mantenidos en cárcel privada en el interior de las de obras de la usina por dos días, incomunicables y sin recibir ningún tipo de alimentación. En este caso, el Sticcero ayudó no sólo a acusar los obreros, como apuntó para la policía los liderazgos, que serían "vándalos y criminales" por no aceptar su torpe actuación en la huelga.

Después de la huelga, sobrevino también una ola de despidos masivos ­– tipificados por justa causa – con más de mil trabajadores yendo a parar a la calle. Ellos irán muy probablemente alimentar la cadena de subcontrataciones en otras obras, cayendo en las garras de intermediarios y otros esquemas mafiosos de captación de fuerza de trabajo. Un posible retraso en las obras tampoco sería tan malo para la Camargo Correia y GDF-Suez, ya que para concluir dentro del plazo pueden contar con infinitos aditivos contractuales que les traerán otros miles de millones en financiación. En el caso de Jirau, el presupuesto ya subió de R$ 8.900 millones para más de R$ 15.000 millones. Y así siguen en movimiento esas máquinas de moler gente en que se convirtieron las grandes obras alardeadas por Luiz Inácio y Dilma.

Pésima también es la situación de los trabajadores de la WPG, empresa tercereada en Jirau, que los abandonó a la propia suerte, sin al menos dar la baja en sus documentos de trabajo. Como si fuese un sindicato patronal, el Sticcero defendió la WPG, proponiendo el pago sólo de los días trabajados, y no hasta el día del despido con baja en los documentos, lo mínimo que protegería los obreros, que son de otros estados y tienen familias para sostener. Además, el sindicato cortó el pago del hotel donde los trabajadores estaban hospedados, dejando los cerca de 60 trabajadores prácticamente al relente en las calles de Porto Velho.

Pero esa villanía del Sticcero no es una particularidad de él, sino que emana del propio oportunismo en la gerencia del Estado, que usa la cúpula del sindicalismo de Estado de la CUT como correa de transmisión en el atropellamiento de los más elementales derechos de los trabajadores.

Las figuras de proa de la gerencia FMI/PT, como el Sr. Gilberto Carvalho, se esmeran para garantizar a las contratistas y demás monopolios los logros prometidos, así como para asegurar las donaciones de campaña para sus candidatos este año de farsa electoral y otros beneficios del oficio. Para tanto, no vacilan en atropellar cualquier derecho laboral y en tratar las huelgas y protestas obreras como cuestión de policía. En el caso de Jirau, la Fuerza Nacional de Seguridad y otras policías y servicios de información están protegiendo las obras y reprimiendo los trabajadores ostensivamente.

En Belo Monte la situación no es mejor. Las huelgas se suceden y el mismo método policial es utilizado por el gobierno para reprimir los trabajadores. En todos los casos, sin embargo, las direcciones traidoras de los diferentes sindicatos pretenden descaracterizar la movilización obrera como siendo provocada por agentes externos, como periodistas, organizaciones clasistas, etc.

Esto porque, dicen, las obras son "estratégicas". Son estratégicas para la contra-propaganda del oportunismo en la gerencia del viejo Estado, que a todo momento reverbera la "creación de empleos" y "distribución de renta" de sus proyectos anti-obreros. Este sí es el modelo de "desarrollo" y "crecimiento" que PT, PCdoB, PSB, PMDB y otros conocen y se jactan de ser fiscales.

Además de eso, la gerencia Dilma trata de reunir permanentemente en sus "gabinetes de crisis", representantes de las centrales y sindicatos gobiernistas, de las contratistas, de la judicatura, etc. Sólo no se prestan a atender a las demandas de los trabajadores que tienen que trabajar a miles de kilómetros de sus familias, con pésimos salarios, alojamiento, alimentación, plan de salud, etc. Se sume a todo esto los constantes "accidentes" de trabajo e incluso asesinatos de obreros por la policía.

Para la actual gerencia del viejo Estado semifeudal y semicolonial  brasileño se trata de asegurar que las obras no paren, ni que para eso se tenga que apuntar fusiles para las cabezas de los obreros; de garantizar el logro máximo para las contratistas y monopolios nacionales/transnacionales; de atropellar cualquier tipo de derecho laboral o de las poblaciones indígenas y ribereñas vecinas a esos proyectos. Todo eso aceitado con abundantes recursos del BNDES, que es quién financia esa infamia toda para el logro de constructoras y transnacionales del área de energía, que van a operar el sistema.

¡Cualquier semejanza con el fascismo no es mera coincidencia! Pero ni el fascismo más sofisticado puede impedir la lucha contra la explotación y opresión, muy al contrario, empuja las masas para el combate.

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