La rendición consumada

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Traducido por Enrique F. Chiappa

Medidas de las últimas semanas profundizan proceso de desnacionalización de la economía y entrega del país. Estructura del Estado bajo ataque y derechos de los trabajadores en la mira. Gobierno elimina las últimas diferencias con programa económico 'tucano'*

En el día 25 de julio, presionado por la gritaría armada por la imprenta monopolista en torno del accidente del aeropuerto de Congoñas, Luiz Inácio destituyó el ministro de Defensa, Waldir Pires, y colocó en el puesto el ex ministro de Justicia y ex ministro de STF, Nelson Jobim.

A los 81 años, Pires no demostraba el pulso necesario para el cargo y hacía mucho estaba desprovisto del efectivo poder decisorio. Ni por eso deja de ser digna de nota la medida, al menos bajo el punto de vista simbólico.

El ministro saliente, en que pese a la gestión desastrada, es hombre digno, con una biografía forjada en las luchas democráticas y nacionalistas del último medio siglo.

El entrante, además de haberse destacado — como abogado, diputado, ministro de Justicia y ministro del STF — por la defensa de los peores intereses, es hombre del círculo íntimo de Cardoso. Algunos todavía recuerdan de la ridícula escena en que los dos — siendo entonces uno el jefe del Ejecutivo y el otro ministro del Supremo — aparecen tomando baño de mar en Isla Grande, en 2002.

Simultáneamente, fue anunciada la privatización de la mitad de la Infraero, como venía siendo exigido por el capital transnacional y asociado, a través de sus portavoces autorizados en la imprenta monopolista. Uno de ellos, el ex ministro Delfim Neto, se declara, una semana antes, arrepentido de haber participado de la creación de la empresa.

Anunciada la entrega de los aeropuertos no fue la única concesión de relieve que el gran capital arrancó de la administración federal. En realidad, ella apenas corona una secuencia de acontecimientos que se venía desarrollando en ritmo acelerado en las semanas anteriores.

Diferencias eliminadas

Si la gerencia petista (PT) asumió desde el inicio, el papel de administrador del poder vigente, manteniendo las líneas maestras de la conducción económica bajo Cardoso y desdoblándose para agradar el sector financiero — fuerza hegemónica del pacto de poder forjado en la década de 90 — , es cierto, por otro lado, que subsistieron, durante su primer mandato, diferencias secundarias relativas a la orientación tucana. Como ejemplo se puede citar la interrupción de las privatizaciones y la recomposición parcial del servicio público, devastado por el cóctel de terceración, suspensión de concursos públicos durante los años Cardoso.

Son justamente esas diferencias — resultantes, talvez, de mayor peso relativo de la burguesía burocrática bajo la gerencia Luiz Inacio, al paso que en la de Cardoso prevalecía la dominación externa en su forma más directa. Esas diferencias ahora están prácticamente liquidadas, con la rendición definitiva de la gran burguesía nativa como un todo, consiguiendo ceder todavía más a las imposiciones de afuera, en un acierto que tiene el PAC — Programa de Aceleración del Crecimiento su mayor expresión. Lo que los pasos del gobierno en los últimos meses indican es la adopción del programa económico del PSDB — estruendosamente derrotado en las urnas en 2006.

Lo que se revela paradoxal y que, si en el mandato obtenido en 2002 — cuando su conducción la gerencia del Ejecutivo federal tuvo como precio la infame carta de compromiso con los banqueros — Luis Inácio consiguió preservar alguna diferencia con su antecesor. En el mandato de 2006 — cuando decía ser contrario a las privatizaciones — esa diferencia se anula.

Privatización retomada

La privatización del sector eléctrico — que Cardoso y su grupo habían dejado engatillada, mantenida en baño maría entre 2003 y 2006, y ahora retomada. En el día 23 de julio, fue publicado el Decreto 6.161 — editado tres días antes — , incluyendo nueve líneas de transmisión de energía en el Programa Nacional de Desestatización.

Por el decreto, será privatizada la importante interconexión Tucuruí-Manaus, que comprende Amazonas y Pará. Se trata de un sistema integrado constituido por cinco líneas (Tuciruí-Xingu, Xingu-Jurupari, Jurupari-Oriximiná, Oriximiná-Itacoatiara, e Itacotiara-Cariri) y cuatro subestaciones (Jurupari, Oriximiná, Itacoatiara y Camiri). La interconexión Tucuri-Macapá (AP), compuesta por dos líneas (Jurupari-Laranjal y Laranjal-Macapá) y dos subestaciones (Laranjal y Macapá) tendrán el mismo destino.

Serán privatizadas otras diez líneas de transmisión: la Colinas-Ribeiro Gonçalves, que va desde Tocantins a Piauí; la Ribeiro gonçalves-São João do Piauí; la de São João do Piauí a Milagres, en Ceará; Jardim-Penedo, ligando Sergipe y Alagoas; Maggi-Juba, en Mato Grosso; Nova Mutum-Sorriso, También en Mato Grosso; Sorriso-Sinop, en el mismo estado; Presidente Médici-Santa Cruz 1, en Río Grande do Sul; Bateias-Pilarzinho, en Paraná y São Luis II — São Luis III, en Marañon (esta juntamente con la subestación São Luis III).

Enclaves de exportación

También en el día 23, fue publicada la Ley 11.508, que establece el régimen jurídico de las Zonas de Procesamiento de Exportación (ZPEs). Las ZPEs son, literalmente, áreas cercadas concedidas por el Estado brasileño a empresas privadas para que estas fabriquen productos para exportación. Con el pretexto de estimular la venta de productos al exterior para captar dólares, fue abierta la posibilidad de creación de verdaderos enclaves privados — inclusive extranjeros — en territorio nacional.

No obstante la ley diga que apenas empresas brasileñas pueden instalarse en ZPEs, es necesario recordar que, desde 1995, no exista más diferencia entre empresa de capital nacional y las transnacionales instaladas en territorio brasileño . La exigencia de que el capital social de la empresa a ser instalada sea formado "con el producto de la conversión de moneda extranjera" y/o "con la internación de bienes de origen externa" claramente favorece las últimas en detrimento de las primeras.

Peor que eso: la ley obliga a la empresa que quiera operar una ZPE a adquirir en el exterior los bienes necesarios a sus actividades — lo que las transnacionales tienen mucho más facilidades para hacer.

Para empeorar, el Ejecutivo vetó el artículo que preveía la necesidad de cobertura en moneda extranjera de esas adquisiciones, lo que tendrá como efecto estimular la evasión de dólares en vez de su atracción. También contribuirá para eso otro veto, opuesto, al artículo que imponía a las empresas la obligación de realizar gastos mínimos en el país. La justificativa fue de que la imposición "podría afectar compromisos asumidos en acuerdos internacionales".

Como sino bastase, 20% de la producción de las ZPEs — bien como la totalidad de la energía eléctrica generada en ella — podrán ser destinadas a venta en territorio nacional. Disfrutando de tamañas ventajes económicas, las transnacionales concurrirán en ventaja con lo que resta de las empresas brasileras también en el mercado interno. En contrapartida, muy pocas obligaciones son impuestas a las empresas beneficiarias del régimen. Una de ellas es la de "atender a las instrucciones de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda cuanto al cerramiento del área, al sistema de vigilancia y a los dispositivos de seguridad". Hecho esto, no necesitarán de autorización federal para nada que se pretenda hacer en las áreas delimitadas. Cada ZPE tiene duración prevista de 20 años, prorrogables por otros 20.

Drenaje de recursos

Definitivamente conformada con la condición de socia menor del capital extranjero, la burguesía burocrática se contenta en financiarse con el dinero del Estado y de los trabajadores para evitar el completo desaparecimiento. Y hace eso en un arreglo que, en consecuencia, favorece todavía más el socio mayor en detrimento de ella propia.

La Medida Provisoria 382, publicada en el día 25, es un claro ejemplo de la manera como se da esa transferencia de recursos. Ella permite al Estado entregar recursos al Fondo de Amparo al Trabajador FAT a las empresas de los sectores de calzado, textil y muebles. Además, exenta de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social Cofins empresas importadoras de bienes de capital de esos sectores.

Se trata, sin duda alguna, de sectores de alguna importancia en la economía nacional y que han sido duramente golpeados, en los últimos años, por la concurrencia predatoria de las importaciones, bien como por otros factores (contención de la capacidad de consumo interna, altas tasas de interés). Todavía, envés de tasar las importaciones — para no hablar en ampliación del mercado interno — , lo que el gobierno hace y: i) tirar dinero de los trabajadores para entregar a esas empresas; ii) reforzar uno de los más antiguos puntos de estrangulamiento de la economía brasileña, la importación de bienes de capital.

Durante más de treinta años, la producción interna de esos bienes fue un objetivo incesantemente buscado por los que ansiaban la emancipación económica de Brasil. Primero, por que la importación de ellos era uno de los principales factores de evasión de dólares. Segundo, por que esa producción es necesaria hasta mismo para que el país tenga autonomía para formular políticas industriales.

Lo que se presenta como estímulo a la industria nacional es, en realidad, refuerzo de la sumisión: se favorecen sectores económicos que nunca tuvieron contradicción con el imperialismo (a excepción del textil, en tiempos idos) quebrando lo que resta de una de las industrias más estratégicas para cualquier economía, la de bienes de capital — ya casi totalmente diezmada durante el período Cardoso.

Paralelamente, actúan otros instrumentos de transferencia de renta de las clases trabajadoras para el capital externo y sus socios menores. La liberación del uso de recursos del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio FGTS en el mercado financiero, establecida en el inicio del año en el ámbito del PAC, es una muestra clara. Otro ejemplo es la campaña de ataques a la Seguridad Social, insuflada por instituciones financieras interesadas en apropiarse del dinero descontado mensualmente por los trabajadores para el INSS y apoyada por entidades de la burguesía burocrática, deseosas de compensar con el fin de los encargos de la seguridad social a la sangría que el sistema financiero les impone con sus tasas de intereses extorsionadoras.

Desmantelamiento del Estado

En este proceso de profundización de la dominación externa, el propio Estado pierde fuerza como elemento de mediación y se torna, cada vez más, albo de la rapiña de esos sectores.

La más clara expresión de esto es la tentativa de desmantelamiento de la simulación del servicio público existente en Brasil y su transformación en fuente de lucros para entidades privadas.

Favorecida por la reforma administrativa de 1998, la contratación de funcionarios públicos bajo el régimen celetista en vez del estatutario fue el primer golpe aplicado por la administración Cardoso contra la estructura del Estado (antes, Collor ya había dimitido millares de empleados de diversas entidades de la administración pública). La sustitución de servidores concursados por personal tercerista sin garantías y sin concurso fue el paso siguiente.

El tercer paso — y más grave — hasta entonces, no había sido tentado en ámbito federal. Se trata de la delegación a empresas privadas de la administración de las reparticiones públicas.

Esta fue la receta aplicada en San Pablo por el PSDB en los últimos diez años. El sistema publico de Salud, por ejemplo, pasó a ser administrado por sus concurrentes de la iniciativa privada — una de las marcas de la gestión Alckimin (ex gobernador de San Pablo). No hay más concursos: las administraciones privadas contratan y dimiten quien bien entienden.

Con la prohibición de terceristas en el servicio público federal por el Tribunal de Cuentas de la Unión, se observó, a partir de 2003, una tímida recomposición, con la abertura de concursos y la prioridad de la contratación por el régimen estatutario. Ahora, la administración federal da una guiñada: el Proyecto de Ley Complementar 92, enviado al Congreso en junio, autoriza el ejercicio de funciones públicas por fundaciones de derecho privado en diversas áreas.

Dos de ellas merecen destaque: Salud (con expresa mención a los hospitales universitarios, que el gobierno desea ver transformados en Oscips — Organización de la Sociedad Civil de Interés Público, a ejemplo de los hospitales paulistas) y Asistencia Social (lo que, aliado a la campaña contra la Previdencia, denota una clara disposición en desmantelar el sistema de Seguridad Social establecido por la Constitución de 1988). La gerencia FMI-PT parece definitivamente empeñada en eliminar cualquier vestigio de diferencia entre su administración y la de su siniestro antecesor.

La Infraero — Empresa Brasileña de Infra estructura Aero portuaria es una empresa pública federal brasileña, creada por la Ley nº 5862, en 12 de diciembre de 1972, vinculada al Ministerio de Defensa, que administra infraestructura aeroportuaria y aeronáutica, con 67 aeropuertos, 81 unidades de apoyo a la navegación aérea y 32 terminales de logística de carga.


(tucán: símbolo del partido de Fernando H. Cardoso)

 

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