Río, vitrina de la podredumbre del viejo Estado

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Podredumbre a cielo  abierto. En Río de Janeiro, de los cuatro últimos gobernadores, tres se encuentran, hasta el cierre de esta edición, atrás de las rejas: Sérgio Cabral, Anthony Garotinho y Rosinha  Garotinho. Luiz Fernando Pezão, actual gobernador citado en delaciones vinculadas a la Operación “Lava Jato”, en febrero, fue destituido de su cargo por el Tribunal Regional Electoral (TCE) y sólo  se mantiene en el puesto porque recurrió del juicio y aguarda decisión en última instancia sobre el caso. Si no fuera por el foro privilegiado, la lista de exgobernadores presos tal vez se ampliaría delante de las acusaciones que recaen sobre Moreira Franco, ministro de Temer.

Ellan Lustosa/AND
Tropa da Força Nacional atacou o protesto para defender bandidos da Alerj, 17/11 (Foto: Ellan Lustosa/AND)

Para ampliar la depravación, se suma la situación  de Jorge Picciani, parlamentario que hace más tiempo está al frente de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) como presidente. La galería  C, localizada en el segundo piso de la cadena pública de Benfica, es también, desde el día 21 de noviembre, su nueva dirección. Él fue detenido juntamente con los diputados Paulo Mello y Edson Albertassi, todos del PMDB.

El día en que el legislativo decretó la soltura de los tres parlamentarios, centenares de personas  fueron a la puerta de la Alerj para exigir que el plenario no deliberara por la revocación  de la prisión del jefe de aquella casa. Una brutal represión fue desatada por la Tropa de Choque de la Policía Militar (PM) y por la Fuerza  Nacional, que dispersaron los manifestantes con tiros de bala de goma a quema ropa y bombas de efecto  moral y de gas  lacrimógeno.

Antro de bandidos

El histórico de medidas y de la actuación de la Alerj y de su  encarcelado jefe dan idea del nivel a que llegó el bandidismo  que controla el viejo Estado.

Eligiéndose a sucesivos  mandatos con base en relaciones con grupos paramilitares de la Bajada Fluminense, Picciani presidió intermitentemente la Alerj  por 12 años.

Su  familia, que cuenta con dos hijos diputados, es dueña de una empresa especializada en subastas de ganado y de dos  mineras, que sumadas poseen un capital estimado en 77 millones de reales, según reportaje reciente de la revista Piauí. Cifra altísima, pero ciertamente subestimada, capaz de dar apenas una idea de cuan rentosa puede ser la vieja  política a cuesta del trabajo del pueblo y de la Nación.

Una de esas mineras suministra gravilla a diversas obras del estado, incluyendo, no por casualidad, las del Parque Olímpico de Río y las del BRT, pasillos de autobuses  que están siendo construidos en la ciudad  desde 2014 y que hasta hoy no fueron concluidos.

El día 16/11, cuando fue detenido por primera vez,   Picciani llegó de Porsche  Cayenne en la sede de la Policía Federal (PF). El coche en casi nada se asemeja a los autobuses que componen la flota vieja e insuficiente de la Fetranspor, federación de las empresas de autobuses  de Río, a quién  Picciani favoreció en pago de gordas propinas, según denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) y delações  de envueltos  en el esquema. El cartel, a propósito, es comandado por Jacob Barata Filho, también encarcelado.

La prisión  de Picciani, Mello y Albertassi  por la Operación  “Cadena Vieja”, programada inicialmente para ocurrir a finales de noviembre, fue anticipada para mediados del  mismo mes debido a  una maniobra envolviendo el jefe del ejecutivo, Pezão, y el legislativo. Sabedores de la inminencia de la operación, los envueltos tramaron el nombramiento de Albertassi  como consejero del Tribunal de Cuentas  del Estado (TCE) para la vacante de Jonas  Lopes, ex-presidente del TCE, lo que le conferiría  foro aún más privilegiado de que como diputado.

Curiosamente, la   mayoría de los miembros del propio TCE fue detenida o alejada  por el recibimiento de mesadas millonarias pagadas por empresas interesadas en la aprobación  de contratos de suministro  de todo tipo de servicio  sobrefacturado al Estado. El delator del esquema fue nadie menos que Jonas Lopes, “punido” por el TCE con  la jubilación.

No es de hoy  que la mafia  de los transportes en Río encuentra en los parlamentarios de la Alerj aliados preciosísimos para el mantenimiento y ampliación  de sus  negocios. Mientras que la población  es abusada cotidianamente en transportes caros e ineficientes, bandidos de la Fetranspor siguen enriqueciendo ilícitamente por medio de generosos aumentos en las tarifas.

Vale recordar que la Alerj  tuvo papel decisivo en las concesiones de exenciones  fiscales a monopolios  que, solamente en 2016, se aproximaban de siete mil millones de reales. El Grupo Petrópolis, por ejemplo, cuyo dueño es Walter Faría, socio de Picciani  en unas de las mineras, dejó de pagar 687 millones al estado.

Aquí, es importante no perder de vista que la actuación  del Ministerio Público (MP) y de cuota de la judicatura, lejos de significar una limpieza ética o “moralización”, se inserta en la lucha  de grupos de poder por el espolio del Estado y por el mantenimiento de las instituciones estatales. El MP y la judicatura  son partes indisociables de esa crisis, cumpliendo papel importante en la criminalización  de la pobreza, como parte de la guerra civil reaccionaria dirigida contra el pueblo.

Aunque  tales prisiones hayan se dado bajo la égida  del MP y de la judicatura, ninguno de esos crímenes era desconocido del pueblo. ¿Que fueron, finalmente, las denuncias de las remociones forzadas de favelas y del sobrefacturación de obras para  la Copa y las Olimpíadas ocurridas durante las manifestaciones de 2013 y 2014? El cartel de las empresas de autobuses  en Río también estuvo en el centro de las denuncias de aquellos jóvenes combativos.

Derechos del pueblo pisoteados

Contrastando con las gordas fortunas que las cuadrillas acumularon de años en el viejo Estado, los derechos del pueblo son pisoteados y maltratados  para pagar la cuenta.

La principal universidad del estado, la Uerj, agoniza delante de la falta de presupuestos, robados por integrantes de la cuadrilla que controla el viejo Estado y que contó con  el apoyo político irrestricto del PT en los últimos años. A los estudiantes, faltan el pago de bolsas, el funcionamiento regular del restaurante universitario y el mantenimiento de salas y laboratorios. A los trabajadores, funcionarios públicos o tercereados, sobran meses de salarios  atrasados, deudas que se acumulan y despidos.

En el inicio de septiembre, un parecer del ministerio de la Hacienda, controlado por el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el ámbito del viejo Estado, Henrique Meirelles, sugirió el cierre de la Uerj y el despido inmediato de los funcionarios. Ya en el fin de noviembre  fue la vez del Banco Mundial recomendar que Brasil acabara con  la enseñanza pública gratuita.

En las favelas de la ciudad, la guerra civil reaccionaria hace víctimas cotidianamente. Investigación publicada a finales de octubre  por el Forum Brasileño de Seguridad  Pública mostró que una persona es asesinada por fuerzas policiales a cada tres horas y 12 minutos en el país, con  el auxilio de las Fuerzas Armadas reaccionarias, potencializando la escalada de violencia  que arrastra el país a la barbarie.

Así,  Río de Janeiro es la más  expresiva vitrina de la caótica crisis económica, política, moral, institucional y militar por cuál pasa el capitalismo burocrático y el viejo Estado brasileño. Robos de dinero público, “autoridades” presas a montones como producto de la pelea entre las cuadrillas, derechos del pueblo pisoteados y la rebelión  popular: uno impulsa el otro. La guerra civil reaccionaria es incrementada. Es así que el pueblo va aprendiendo a   defenderse contra el viejo Estado y a asegurar  sus derechos con su justa protesta, cada vez más belicoso.

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