Fusil y tractor contra el pueblo trabajador

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Traducido por Enrique F. Chiapa

Una articulación entre los gobiernos federal, estadual y municipal promueve el aumento de las acciones violentas contra los espacios populares en Río de Janeiro. Además de las megaoperaciones policiales y de la política de remoción de favelas, el Ejército invadió y ocupó el Morro de la providencia, una de las más antiguas favelas de la ciudad.

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Soldados do Exército em ação no Haiti e no morro da Mangueira em 1994

“Pensé que usted había venido aquí para dar tiro”, dijo un soldado del Ejército Brasileño para un profesor de educación física, que vive en el Morro de la Providencia, en el centro de Río de Janeiro, y pidió para no ser identificado. Esa es apenas una de las denuncias de abusos cometidos por los militares contra los moradores.

Invasión de domicilio, cacheos indiscriminados hasta de niños, pérdida de la privacidad y disminución en el movimiento del comercio local son las quejas más recurrentes. Desde 12 de diciembre, la favela está ocupada por 200 hombres del Ejército, siendo que dos días antes, en plena conmemoración internacional de los Derechos Humanos, la Policía Militar ya había subido al morro para facilitar la acción de los militares.

Según Marcia Silva, presidenta de la Asociación de Moradores de la Providencia, la ocupación militar es permanente, 24 horas por día sin fecha para terminar.

–Todo lo que es bueno uno acepta, pero eso no está agradando a la comunidad. Estamos con nuestra libertad vigilada. A las siete de la tarde no se ve más nadie por las calles. Los niños están presos dentro de casa. Solo se ve fusil 24horas por día. Y ni todos los soldados son educados. Invaden las casas sin autorización, cachean los niños, fuerzan las puertas y hasta lanzan gas de pimienta. Además ellos orinan en el medio de la calle, frente a mujeres y niños.

Nada menos que doce mil personas se encuentran en la situación descripta por Marcia. No es apenas el Morro de la Providencia que está ocupado, mas todo el entorno de la favela. De acuerdo con la versión oficial, la presencia del Ejército se justificaría para garantizar la seguridad del material utilizado en la reforma de 600casas. Pero hay quién dude, hasta por que allí fueron realizadas otras obras públicas sin registro de robo de material. Se desconfía de un acuerdo electoral entre Lula (PT) y el obispo de la secta evangélica ‘Universal del Reino de Dios’ Marcelo Crivella (PRB), firmado en 2006. Es lo que piensa Mauricio Campos, integrante de la Red Contra la Violencia, que estuvo en la comunidad y fue uno de los primeros a denunciar las arbitrariedades cometidas contra los moradores.

–Parece haber sido un acuerdo entre Crivella y Lula. Por que el dinero viene del gobierno federal, fue garantizado por medida provisoria, firmada por el propio Lula, en setiembre del año pasado. En aquella época se decía que las casas serían reformadas con una argamasa que sería a prueba de tiro de fusil, desarrollada por una universidad en San Pablo. Eso en aquella época. Entonces hubo una polémica. Debido a las denuncias, ellos volvieron atrás y cambiaron de proyecto. Primero, si los recursos habían sido destinados para una obra, ¿cómo se cambia la obra? Segundo: ellos ahora van usar argamasa común. La novedad en toda esa historia es que no estaba previsto que el Ejército sería responsable por la obra. Nosotros cuestionamos y quién respondió la primera vez fue un ingeniero de la empresa Predilar, que dijo que usaría el Ejército para garantizar la seguridad de los trabajadores más especializados de la obra y los materiales. Solo que no existe ningún precedente de robo o de amenaza contra obras públicas. Esto no sucede. Yo mismo trabajé durante muchos años en obras públicas en favelas y nunca vi eso. En la Providencia ya tuvo el favela-barrio y nunca hubo ese tipo de problema.

Acuerdo Lula-Crivella

Además de eso, el candidato de Lula a la intendencia de Río, Marcelo Crivella maniobró para que las casas escogidas para ser reformadas perteneciesen a fieles de la Iglesia Universal. Según Marcia Silva:

– De las tres primeras casas que sirvieron de modelo, dos eran de “fieles”. La otra entró por que estaba en el medio. Pero hay un problema: todas ellas presentaban problemas de infiltración y rajaduras. ¿Quién garantiza que no va a suceder lo mismo con las otras?

Tanto Mauricio cuanto Marcia llamaron la atención para el estrés de los militares, lo que puede empeorar más aun la relación con los moradores en esa época del año. Marcia afirma que la tradicional fiesta de fin de año organizada por la asociación tuvo que ser suspendida.

–Los propios soldados se están quejando. Muchos nos dicen que no saben lo que están haciendo aquí. Ellos tendrán que pasar la navidad y el año nuevo aquí dentro sin querer.

Finalmente, la señora líder de la comunidad hace un llamamiento desesperado:

–Los vecinos no quieren esa obra. ¡Por el amor de Dios, tiren esa obra de mi comunidad!

Mas, por lo que todo indica el gobierno federal no va llevar en cuenta la apelación de los moradores. Según Mauricio Campos, de la Red Contra la Violencia, la orientación es la misma del período de la gerencia militar:

–Aparentemente es una nueva jugada del gobierno federal, junto con el Ejército, para reproducir lo que la dictadura militar hacía, o sea, una manera de estar presente armado, una forma de intimidación. Demostración de fuerza. La presencia ostensiva de la Fuerzas Armadas donde hay posibilidad de conflicto social. Esa presencia será prolongada por un año. Hay una información, que necesita ser confirmada, de que el comandante de la misión sirvió en Haití, en Puerto Príncipe.

De Haití para Brasil

Como ya fue publicado por AND (edición 17), las tropas brasileñas cumplen un papel sub imperialista en Haití. Recibiendo órdenes directas de EUA y de Francia, nuestros militares vienen siendo denunciados por diversas violaciones a los derechos humanos. Ahora lo mismo se reproduce dentro de las fronteras nacionales. Paulo Arantes, doctor en filosofía y profesor emérito de la USP, analizó la cuestión de la siguiente forma, en entrevista al sitio del Instituto Hunanitas Unisinos:

–La frontera que realmente importa es interna y social, la función de policía de las fuerzas armadas es cuestión de tiempo, y está siendo testada en el laboratorio cruento de Haití. En cuanto al descalabro de la seguridad pública nacional, no es una cuestión de mayor o menor presupuesto. Un aparato policial bien equipado continuaría amalgamando las ilegalidades, donde los pobres están condenados a sobrevivir, en la condición desechable de individuos fuera del derecho.

El cuadro no se restringe a la Providencia. Después de dos grandes operaciones policiales en el Complejo del Alemán y de otra en la Favela de la Corea, acciones que dejaron 34 personas muertas, la orientación del gobernador Sergio Cabral es de dar continuidad a la política de confrontación, que coloca la policía de Río de Janeiro en el tope del ranking mundial de letalidad.

Cecilia Coimbra, profesora del Departamento de Sicología de la UFF y presidenta del Grupo Tortura Nunca Más, registró esa tendencia de la política de seguridad de Río de Janeiro en el libro “Operación Río – el mito de las clases peligrosas”. Ella declaró para AND:

–Hice una búsqueda en los diarios Folha de San Pablo, O Globo, Estadão y Jornal do Brasil para mostrar como fue preparado ese clima de que vivimos en una guerra civil. Prepararon todo un clima de terror sobre la población, de que era el tráfico que dominaba, esa cosa toda para decir que era necesario hacer alguna cosa. Es el inicio, una vuelta, una retomada, digamos así, de una política de seguridad pública militarizada. Eso ya había sido usado durante la dictadura, y vuelve después de los gobiernos de Brisola que trató de hablar un poco sobre derechos humanos y sufrió una reacción muy grande por parte de la derecha conservadora.

La reanudación de la violencia oficial

Cecilia llama la atención para el recrudecimiento de la violencia oficial en Río de Janeiro y resalta el carácter mundial de la criminalización de la pobreza, que avanza en el mundo entero bajo las riendas del neoliberalismo:

Hay una política mundial que se establece, que es mucho peor de que en 94, 95 cuando se produjeron en corazones y mentes de la población flumínense (del estado de Río de Janeiro) el mito de que vivimos en una guerra civil. Es la idea de que “en nombre de la seguridad de algunos nosotros podemos hacer cualquier cosa con los denominados peligrosos”. Y esto creció mucho por que existe una orientación mundial. El llamado estado de excepción o la política de tolerancia cero viene siendo cada vez más implementada en términos mundiales. La criminalización de los movimientos sociales, en especial de la pobreza, pero también de otros movimientos sociales que no piensan como la norma, de acuerdo con el modelo dominante. Y al lado de la criminalización, preconizan penas más duras, pena de muerte, reducción de la mayoridad penal, está todo dentro del mismo paquete. Todo tiene un contexto que viene fortaleciéndose, como el Estado Penal. Podemos ver como el Estado está respaldando todo esto. Respalda la tortura, el aprisionamiento, el exterminio. Eso está clarísimo. En Río de Janeiro, esa política de seguridad pública militarizada, que opta por la confrontación, para el exterminio, viene siendo implementada hace tiempo. Desde el final del segundo gobierno Brizola. Marcelo Allencar trajo el secretario de seguridad Nilton Cerqueira –que fue miembro del aparato de represión (de la dictadura), responsable por el asesinato de Carlos Lamarca – y él implementa realmente la política de seguridad pública militarizada, basada en la confrontación y en el exterminio. Y todos los demás gobernadores continuaron. Y, con Sergio Cabral, los números son todavía más alarmantes.

Expulsando los más débiles

En la otra punta de la violencia cometida contra las clases populares está la llamada política de remoción de las favelas. Siempre con el apoyo del monopolio de los medios de comunicación, se trata de convencer a la población de que los habitantes de las favelas cometen crímenes ambientales, y por ese motivo deben ser expulsados. El titular del diario O Globo de 18 de diciembre de 2007, prácticamente exige que la Prefectura desaloje los moradores de la Chácara do Céu, en el Morro dos Hermanos, localizada en Leblón, zona sur de la ciudad: “Ministerio Público accionará la prefectura por omisión en la expansión de la favela”.

Para la profesora Adriana Facina, titular del Departamento de Historia de la Universidad Federal Fulmínense, esa agresión contra los menos favorecidos económicamente, viene siendo acelerada por causa del tan alardeado Plan de Aceleración del Crecimiento, el PAC del Gobierno Federal:

–Hay un proceso de mercantilización profundizada de la sociedad que tiene uno de sus aspectos en la valorización mercantil del suelo urbano. Aquello que existía en el latifundio, tener el control de la tierra, sobre las personas, va haber también en la ciudad. Eso se profundiza mucho en la dictadura. Tanto que uno de los sectores que más crece en la época es el de la construcción civil. Las obras faraónicas... Eso crea un polo de valorización que imposibilita la favela. La política del PAC, por ejemplo, es una política renovada de desalojo. Por que allí se van a crear condiciones inhabitables para aquella población. Y con la presencia constante de las fuerzas militares, se matan dos conejos con una pedrada. Se controlan las llamadas clases peligrosas y se suma a esto un tipo de valorización del suelo incompatible con la vida de quien es pobre.

El mismo diario O Globo, en su versión electrónica, lanzó en mediados de diciembre una campaña para alcahuetar. En medio de los reportajes, que tratan de convencer al lector sobre la necesidad de expulsión de determinados grupos de personas de sus casas, se exhiben botones que el internauta puede accionar para denunciar cualquier lote que le parecer ilícito. O sea, él aprieta un botón y manda la policía encima de aquellos que sufren los efectos más perversos del neoliberalismo.

No fue la primera embestida contra los moradores de las favelas en los últimos dos años. En febrero de 2006, la Prefectura de Río de Janeiro promovió la destrucción de las 67 casas que componían la favela Arroyo Pavuna, localizada al lado del Condominio Río 2, en la Barra de Tijuca, que pertenece a la constructora Carvalho Hosken. En julio del mismo año, el prefecto Cesar Maia ordenó que demoliesen el Canal del Cortado, vecino de un terreno de la misma empresa. Ese año, dos días después del término de los Juegos Panamericanos, la prefectura trató de remover el Canal de Anil, en Jacarepaguá, que también fue albo de la especulación inmobiliaria.

De los tres casos encima citados, en apenas uno la prefectura consiguió. En los otros dos prevaleció la resistencia de los moradores, amparada por diversos movimientos sociales y algunos pocos parlamentarios que todavía se colocan al lado de las buenas luchas. En el plano de la represión militarizada, el propio gobernador del Estado ya garantizó que las acciones van continuar. O sea, 2008 será un año decisivo para las luchas populares.


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