Son tres los años transcurridos desde que Evo Morales asumiera la presidencia de Bolivia, atrás quedaron los viejos y consabidos discursos que suelen hacer los gobiernos entrantes despotricando los males de sus antecesores, de lo corruptos e ineficientes que eran, insinuando que la historia o una nueva historia se iniciaba con la entrada del flamante presidente.

En el caso de Morales, las promesas, así como las expectativas se elevaron como la espuma por una serie de motivos: el primero, la promesa de cambio revolucionario de manera pacífica, a través de las elecciones, el apoyo de los llamados "movimientos sociales", sus posturas barnizadas por atrayentes discursos ant-imperialistas y antineoliberales, así como el redituable discurso utilizado hasta el hartazgo de ser el primer presidente indígena y emergido de una de las no pocas zonas paupérrimas de Bolivia.

De aquellas promesas destacaban algunas como las siguientes:

• Reducción de los sueldos del presidente, ministros y parlamentarios.
• Nacionalización de los hidrocarburos.
• Nueva Constitución Política del Estado.
• Transparencia, Lucha contra la Corrupción y eliminación de los gastos reservados.
• Alfabetización.

Después de 3 años, ya estamos en condiciones de señalar con certeza, en qué grado se ha visto cumplida tan ambiciosas promesas o no, o si  simplemente se trataba más de la cháchara demagógica con la que se destacan de manera notable los gobernantes de América Latina.

Ni bien ingresó Evo Morales planteó la reducción de los sueldos de los mandatarios de los mayores niveles jerárquicos, entre ellos él, por la mitad de lo que anterior ganaban; con ello, redujo como efecto dominó los salarios en las instancias burocráticas de menor relevancia jerárquica. Sin embargo, al margen de esta reducción salarial demagógica, la hipercorrupta nueva elite boliviana se desquitó y se reintegró en los hechos cada centavo y mucho más, a través de "hábiles" y complejos mecanismos de corrupción que campean en el actual gobierno.

Por otro lado, el control del gasto público es inocuo e inservible cuando se agranda a límites estratosféricos la clientela burocrática dentro del gobierno; de hecho, el Poder Ejecutivo del Estado boliviano ha batido el record histórico en el número de ministerios -ahora llegaron a 20 ministerios-, muchos de ellos sin gran relevancia en el quehacer político, económico, ni siquiera cultural del país, su existencia sólo se justifica como una forma de aquietar la angurria de ocupar espacios de poder por la vasta clientela –llamada inefablemente como militancia o bases- que suele presionar a la dirigencia del partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), de las maneras más insospechadas; incluso, no pocas veces han existido peleas a patada limpia entre los dirigentes de los "movimientos sociales" que acompañan este gobierno en el marco del autocatalogado pretenciosamente como "proceso de cambio".

Además, nunca se verificó en los hechos la tan publicitada desaparición de las Superintendencias, cuya existencia en la organización administrativo-política dentro del Estado boliviano, se explicaba bajo la lógica neoliberal que las concebía como organismos de regulación y control de las actividades económicas privadas, principalmente extranjeras. Estas instituciones también han sido asaltadas por la masa clientelar del MAS y su existencia se justifica pues garantiza las cuotas de poder de los "movimientos sociales", es decir permite cubrir sin desparpajo alguno los costos de la cooptación de muchos movimientos sindicales y organizaciones sociales.

En cuanto a la nacionalización de los hidrocarburos, tampoco dejó de ser un discurso barato que no afectó de manera importante los intereses de las transnacionales petroleras que operan en el país; el discurso sólo sirvió para regatear sólo incremento de impuestos o de las llamadas regalías.

También sirvió de pretexto para ensanchar la burocracia, al rearticularse la empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la que según los informes del propio gobierno del MAS, no sólo irrumpieron sus angurrientas huestes, sino que también sirvió para emplear a algún agente de la CIA; quien supuestamente se infiltró en YPFB para informar al gobierno norteamericano de los pormenores de la actividad de esta empresa, pese a que sólo es una agencia recaudadora de impuestos y dilapidadora de los cada vez más magros ingresos, debido a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos.

En el seno de YPFB, se ha destapado el caso de corrupción más grande –hasta el momento- del gobierno de los "movimientos sociales"; perpetrado nada más, ni nada menos que por el ex Senador del MAS Santos Ramírez, un hombre del entorno de Evo Morales, quien en los primeros años de la presente década se rasgaba las vestiduras reclamando transparencia en la gestión de los recursos naturales, principalmente, los hidrocarburos de Bolivia.

Pese a ello, las autoridades del MAS continúan manteniendo la vieja promesa de invertir 1.000 millones de dólares para el refundación de YPFB, empresa estatal cuyo burocratismo, parasitismo y corruptela están ampliamente demostrados.

En cuanto a la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, lo único que viabiliza esta constitución es la afirmación del partido de gobierno en el tinglado de poder dentro de los próximos años, logrando fortalecer el carácter corporativo del Estado boliviano, dotando de presencia formal a algunos sindicatos y organizaciones indígenas cooptados dentro de la misma estructura estatal, un ejemplo de ello es la creación de una cuota indígena dentro del Parlamento boliviano, siendo el criterio para catalogar como indígena a una persona, la pertenencia a las "organizaciones indígenas" aliadas y manejadas por el MAS.

Uno de los puntos centrales, en la discusión de la Nueva Constitución Política del Estado era el reconocimiento de funciones territoriales a las organizaciones campesinas e indígenas, sin embargo, en el texto final de la Constitución se cortó toda posibilidad de autonomía a los gobiernos comunales, la tendencia del reconocimiento de las autonomías indígenas que plantea la Constitución está basada en criterios folklóricos, cuando no refuerzan las alianzas corporativas del MAS y ciertas organizaciones indígenas.

Otro de los puntos candentes de la Constitución se trató del tema de abolición del latifundio, en realidad los criterios esgrimidos fueron vacíos, en principio, sin previo esbozo de los  fundamentos teóricos, económicos y políticos, la Constitución del MAS hizo que la gente discuta de manera sesgada el parámetro mínimo para considerar a un latifundio, siendo la elección entre 5.000 y 10.000 hectáreas, terminando por definirse en 5.000 hectáreas. Pero, lo más curioso es que dado a que la Constitución no tiene efectos retroactivos, los actuales propietarios de tierras que superen incluso las 10.000 hectáreas serán respetados; una verdadera demostración de cinismo, por cuanto en Bolivia todas las tierras tienen propietarios, pese a que la actualización del catastro rural está muy rezagada, entonces será absurdo buscar o frenar la aparición de nuevos propietarios de tierras con una extensión superior a las 5.000 hectáreas.

En cuanto a la Transparencia, Lucha contra la Corrupción y eliminación de los gastos reservados; bastaron 3 años para que este flagelo se expandiera en gran parte de las instancias gubernamentales y partidarias del MAS, hechos de corrupción no sólo han sido identificados en YPFB, como ya anotáramos líneas arriba, sino que también dentro de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presidida por Patricia Ballivián y la empresa estatal recaudadora de peajes (VIAS Bolivia), el Servicio Nacional de Migraciones con el tráfico de otorgamiento de pasaportes bolivianos a ciudadanos chinos, involucramiento de altas autoridades gubernamentales y altos dirigentes de los "movimientos sociales" aliados al gobierno del MAS con el contrabando en diversos puestos fronterizos del país.

En tanto que, el proceso de Alfabetización resplandece como el principal éxito del MAS, el logro de la alfabetización de cerca de 1.200.000 de personas, la mayoría de ellas ubicadas en zonas rurales y personas por encima de los 15 años. Aunque tan fulgurante resultado, a nuestro juicio sólo es prematuro y la verdadera evaluación sólo se verá en el tiempo, pues la principal causa que impide la consolidación de la alfabetización, además de la enseñanza de las primeras letras y números a todas las personas, sin duda es la continuidad de estos programas en el tiempo.

De hecho, gran parte de los actuales analfabetos, en determinado momento si fueron alfabetizados, sin embargo, el carácter efímero de estas políticas hizo que muchos alfabetizados de ayer, se convirtieron en los "analfabetos funcionales", es decir que por el desuso de la escritura y la lectura con el tiempo se olvidaron de aquello que les fue instruido.

El programa "Yo sí puedo", de todas formas, ha logrado un record de alfabetización de ese 1.200.000 de personas, con un cuerpo de alfabetizadores de 70.000 coordinadores, supervisores y facilitadores entre bolivianos, cubanos y venezolanos, que actuaban en el marco de un convenio resultante de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), a través de mecanismos audiovisuales que Cuba viene ensayando desde hace 40 años en muchos países del mundo -17 países: Venezuela, Haití, Argentina, México, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, Guatemala, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Mozambique, Colombia, Granada, Guinea Bissau y Timor Leste.

En todo caso, el gobierno boliviano se estaría atribuyendo "milagros que resultan producto de ave marías ajenas", pues el gran mérito de Evo Morales es haber dejado trabajar en condiciones aún no muy claras, al cuerpo de coordinadores y profesionales cubanos y venezolanos en Bolivia, que han logrado ese impresionante número de alfabetizaciones en tres años, claro está que si bien este número de alfabetizaciones ha sido reconocido por instancias como las de UNESCO, quedan dos dudas muy grandes: 1) ¿Cuáles son los parámetros para considerar que una persona quedó entera y satisfactoriamente alfabetizada?, 2) ¿Esta alfabetización será sostenible o como los múltiples experimentos de alfabetización en Bolivia terminará formando analfabetos funcionales ?

La primera interrogante debería estar disponible en los diversos portales de Internet o de la UNESCO que avalan el método "Yo sí puedo", un mínimo acto de transparencia no caería mal; en tanto que la segunda interrogante, sólo podrá ser respondida con el transcurrir del tiempo, aparentemente el gobierno pretende seguir apoyándose en los gobiernos de Cuba y Venezuela en un programa de continuidad de la alfabetización llamado "Yo sí puedo , seguir", sin seguir aclarándose las condiciones de tal convenio, sólo se explica que se hace en el marco de la "solidaridad". De todas formas, esta política educativa no está inserta en un plan general de Educación del gobierno de Morales, cuya carácter errático alcanzó el cenit cuando asumió la cartera de Educación el ministro Félix Patzi, quien se enredó en un discurso "descolonizador" cuyos extremos, alcances y fundamentos jamás fueron coherentemente explicados.

Otros dos méritos que suele atribuirse el gobierno de Evo Morales, sin desperdicio de fanfarria, son dos medidas asistencialistas el Bono "Juancito Pinto", un bono de 200 bolivianos anuales que se otorga a los niños del primer al octavo grado de primaria, por haber asistido a clases, las cifras oficiales señalan que este bono no ha aplacado los altos niveles de deserción, pero sí ha servido para granjearse cierta "popularidad" en las zonas más alejadas del país, donde el Estado boliviano prácticamente es inexistente.

La otra medida asistencialista es la aplicación de la llamada "Renta Dignidad" que es un bono de 2.400 bolivianos anuales que se entrega a los ancianos mayores de 60 años, los fondos utilizados para el pago de esta renta, pudieron ser obtenidos merced a un recorte presupuestario a las Prefecturas, Municipios y Universidades, situación que conllevó a duros enfrentamientos contra estos sectores, pero que sin embargo fueron superados por el gobierno del MAS.

Estas medidas asistencialistas, según el gobierno del MAS, tienden a redistribuir la riqueza en el país, sin embargo, las cifras indican algo distinto, pues tal redistribución se viene realizando en un periodo donde se han registrado altos niveles de inflación y en el que paradójicamente se han sumado 170.000 nuevos pobres.