Velório de Adenílson Kirixi assassinado após invasão policial

La lucha por la tierra atraviesa un momento extremamente delicado. Luiz Inácio y Dilma Rousseff, gerentes semicoloniales que se eligieron con promesas de una “reforma agraria verdadera”, se revelaron los más descarados enemigos del movimiento campesino.

El ya menguado “programa de asentamientos” fue prácticamente enterrado. De acuerdo con datos de noviembre de 2012 divulgados por el propio Incra, el número de asentamientos cayó 24% en comparación con 2011. No existe ninguna política de distribución de tierras* y, al contrario de lo que alardean los oportunistas, la concentración de la propiedad de la tierra en el país se agravó aún más en los últimos años.

Concentración y manipulación

El total de tierras tituladas en el país es de aproximadamente 400 millones de hectáreas. 45% están en las manos de sólo 1% de los propietarios (que detiene porciones superiores a mil hectáreas). Toda esa tierra, casi 200 millones de hectáreas, para aproximadamente 20 mil latifundistas, ya que muchos de estos poseen más de una propiedad.

En el otro extremo, 21% de las tierras comprenden 91% de las propiedades (de hasta cien hectáreas), lo que representa más de 5,5 millones de familias campesinas en 84 millones de hectáreas.

Mientras que cada latifundio ocupa en media 10 mil hectáreas, para cada familia campesina la media es de sólo 15,2 hectáreas. Es debido a esa brutal concentración de tierras que existen aún más de 5 millones de familias de campesinos sin tierra.

Los números oficiales sobre la situación agraria son manipulados y distorsionados groseramente. En los ocho años de gerencia Luiz Inácio, el gobierno anunció haber asentado más de 600 mil familias, manipulando números de regularización y reordenación agraria y de reasentamiento de afectados por represas, cuando en realidad, como denunció una de las publicaciones de la burguesía nacional, la revista Carta Capital de 3/8/2011, basada en los estudios del geógrafo Ariovaldo Umbelino, fueron sólo 154.157 en sólo 175.799 hectáreas. Y ese cuadro poco o nada cambió.

Política de exterminio

En las gerencias Luiz Inácio y Rousseff el número de prisiones, torturas y asesinatos de activistas y dirigentes campesinos crecieron exponencialmente, sobre todo en la región amazónica y en el Nordeste del país.

Las naciones indígenas son blanco de los mismos ataques. Hemos acompañado y repercutido la lucha sin tregua de los Guarani-Kaiowá en Mato Grosso do Sul. Lo mismo ocurre en diversas otras regiones del país, como en Jacareacanga, en el Pará, donde, en noviembre pasado, una aldea Munduruku fue invadida por policías federales que ejecutaron el indio Adenílson Kirixi.

La situación de criminalización y persecución es tan absurda que Don Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Son Félix del Araguaia, en el Pará, defensor de la lucha de la nación Xavante, fue obligado a alejarse de la región bajo escolta policial después de sufrir repetidas amenazas de muerte.

La lucha por la tierra en el Brasil sigue siendo una interminable guerra no declarada, cuyo agravamiento remonta a los dramáticos ciclos históricos de las guerras campesinas en el país”

Sea protagonizada por los campesinos, por las naciones indígenas o por las comunidades negras que reivindican la condición de ‘quilombolas’ comunidades afro descendientes, la lucha por la tierra en el Brasil sigue siendo una interminable guerra no declarada, cuyo agravamiento remonta a los dramáticos ciclos históricos de las guerras campesinas en el país. El informe de Conflictos en el Campo de la Comisión Pastoral de la Tierra – CPT de 2011 apunta que el año pasado ocurrieron 350 conflictos en el campo, lo que equivale a prácticamente un conflicto por día. Datos parciales de la CPT también apuntan que, de enero a noviembre de 2012, más de 27 campesinos e indígenas en lucha por la tierra fueron asesinados, centenares amenazados de muerte y decenas detenidos, torturados y procesados.

Entre los graves crímenes cometidos por el latifundio y las fuerzas de represión del viejo Estado está la ejecución por policías del líder campesino Renato Nathan, en Buritis, Rondônia, en 9 de abril del año pasado, encubertada por acusaciones absurdas de “formación de cuadrilla”, “guerrilla”, etc.

Las áreas campesinas son constantemente asediadas por el Incra, que además de no cumplir sus promesas, últimamente ha amenazado de desalojo familias que viven y producen en sus tierras hace más de diez años.

Desde el punto de vista político, el latifundio nunca estuvo tan actuante y comete sus crímenes en las barbas de las llamadas “autoridades”, contando con la complicidad y apoyo de las fuerzas de represión.

El año pasado, policías militares promovieron acciones violentas de reintegración de posesión sin cualquier mandado judicial contra familias campesinas en la hacienda Inhumas, en Uberaba (abril) y en Campina Verde (octubre), ambas en el Triângulo Minero; y también contra las familias del campamento Santa Catarina (Hacienda Palo D’arco), en Manga, Norte de Minas, en noviembre. También en noviembre, la Fuerza Nacional realizó una nueva tentativa de desalojo y reprimió brutalmente miles de familias de poseros que viven y trabajan hace más de 25 años en tierras en el nordeste de Mato Grosso. En Manga, Norte de Minas, la tentativa de toma de la Hacienda Beirada, en 22 de noviembre último, sólo no fue victoriosa debido a la defensa evidente hecha por la policía militar de los bandos de pistoleros y arrendatarios que se enfrentan por aquellas tierras.

Desafiando y superando una a una todas esas dificultades, el movimiento campesino combativo sigue avanzando y resistiendo.

El último año, las familias organizadas por el Comité de Defensa de las Víctimas de Santa Elina – Codevise y por la Liga de los Campesinos Pobres conquistaron y cortaron una parte de la Hacienda Santa Elina, en Corumbiara, Rondônia. También en Rondônia, después de una gran lucha, los campesinos conquistaron las áreas Canaã y Rayo de Sol.

En Uberlândia – MG, varios movimientos conformaron el Fórum Minero de la Revolución Agraria, decidieron no participar más de las audiencias de la Vara de Conflictos Agrarios, que se convirtió en un mero mostrador en que las reintegraciones de posesión son invariablemente decididas ignorando la propia constitución de la Vara y de las constantes protestas del Ministerio Público.

Además, centenares de miles de jóvenes de familias campesinas son atraídos con los llamamientos ilusorios de los proyectos de la gestión oportunista, como el PAC, para ser lanzados como animales en las obras, donde toda clase de violaciones de los más elementales derechos son cotidianas. La simple reclamación desencadena la más brutal represión, criminalización del derecho de manifestación y ocupación por fuerzas represivas del Estado, como vemos en las usinas de Jirau y Santo Antonio, en Rondônia, Belo Monte, en el Pará, y en otras regiones del país.

La situación es de lucha

A pesar de los golpes y pérdidas sufridos por el movimiento campesino, a pesar de los esfuerzos realizados por la gestión del viejo Estado para colocar una pesada piedra sobre la cuestión agraria, la reacción no logró acabar con la lucha por la tierra o destruir sus organizaciones combativas. El movimiento campesino combativo, destacadamente la Liga de los Campesinos Pobres, sigue resistiendo, movilizando y organizando tomas de latifundios, promoviendo el corte popular de la tierra y la producción en diversas regiones del país.

Se coloca la necesidad y la urgencia de fortalecerse la Alianza Obrero-Campesina y el apoyo a la creación de los Comités de Defensa de la Revolución Agraria. La situación es insostenible para los millones de campesinos sin tierra en nuestro país y el fin de la llamada “reforma agraria” del viejo Estado está más que decretado. Se avecinan grandes combates de las masas campesinas.

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* Es importante observar para el hecho engañador de que la referencia por parte del Estado, de sus gestiones de turno y de los monopolios de prensa sobre “reforma agraria” induce a la opinión pública a la falsa idea de que las familias beneficiadas por sus “programas de asentamientos” reciben las parcelas de tierras de forma gratuita, cuando estas firman un contrato de deuda agraria con el INCRA, el cual tendrá que ser saldado en determinado plazo.
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