La “Comisión de la Verdad” fue anunciada en 16 de mayo. Los integrantes, casi todos juristas, fueron nombrados por la gerente Roussef en medio a una ceremonia llena de lágrimas y populismo barato. Dilma clamó por la verdad y la memoria, pero negó la justicia – palabra que ni siquiera fue pronunciada en su discurso – y la necesidad de reescribir la historia. Pero la justicia popular continúa en las calles, “escrachando” torturadores en todo el país.

Rousseff, entre seus pares, celebra mais um passo na impunidade aos torturadores

Las organizaciones de ex-militantes políticos y los movimientos populares que defienden la investigación, juicio y punición de los torturadores de la gerencia militar, no tienen ilusión con los alcances de esa Comisión. Las críticas no se restringen a la ausencia de carácter punitivo, pero también al periodo abordado – de 1946 a 1988, lo que en la práctica desvirtúa el centro de las investigaciones del periodo de la gestión militar. Además de la demora en definir la Comisión, convocada seis meses después de la aprobación de la ley, ella también es criticada por no ser obligada a divulgar todas las informaciones que consiga levantar.

Lo que se espera de esa Comisión, es una especie de efecto blush en la gerencia actual. Lo que no podía más ser explicado es que la actual gerente continuara a actuar como si no hubiera sido también una víctima de las mazmorras de la dictadura, evidenciando el pacto político con los militares. Pero, el pacto continúa. Finalmente, ya afirmó el vicegerente Michel Temer, la “Comisión de la Verdad” va “pacificar el país”. Pacificación, sólo si sea en los mismos moldes de lo que viene ocurriendo en las favelas cariocas.

Y apenas comenzaron los trabajos la Comisión y ya se confirman las sospechas de los movimientos populares. Varios miembros, como Paulo Sérgio Pinheiro, que es diplomático, ya declararon que no van a presionar por la punición de los torturadores. Otro miembro, Gilson Dipp, que es ministro del Superior Tribunal de Justicia, actuó contra familiares de desaparecidos políticos del Araguaia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya el ex ministro de la Justicia, José Carlos Días, que también forma parte de la Comisión, llegó a igualar torturadores a torturados y afirmó que todos deberían ser investigados.

Ministerio Público

El Ministerio Público Federal va a investigar las denuncias hechas por el ex comisario Cláudio Antonio Guerra, ex-jefe del DOPS de Espírito Santo, de que por lo menos diez cuerpos de combatientes de la lucha contra la gestión militar habrían sido incinerados por él en la usina Cambahíba, en Campos.

Las “revelaciones” están en el libro “Memorias de una guerra sucia”, un testimonio de Cláudio a periodistas y que ha levantado una serie de cuestiones entre los movimientos populares. Por el momento en que fue publicado, se sospecha que el libro contenga más mentiras que verdades, objetivando desviar las atenciones de los crímenes y criminales del régimen militar.

Gorilas de Pijama

Después del anuncio de la composición de la “Comisión de la Verdad”, los militares de pijama, reunidos en sus clubes, declararon que van a crear una comisión paralela para responder a las investigaciones.

Pedido negado

El cabo Anselmo, conocido delator de militantes durante el régimen militar, tuvo el pedido de indemnización negado por unanimidad por la Comisión de Amnistía. Él pedía indemnización de R$ 100 mil y alega que antes de haber pasado para el lado de allá, había actuado contra el régimen. Él fue responsable por la muerte de más de un centenar de personas, inclusive su compañera Soledad, que estaba embarazada.

Rechazada denuncia contra Ustra

El día 22 de mayo, el juez federal Marcio Milani rechazó la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) contra el torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra y el delegado de la Policía Civil, Dirceu Corvina. Ellos fueron denunciados por el MPF por el secuestro de Aluízio Palhano, desaparecido en 1971. El MPF va a recurrir de la decisión. El juez afirmó, en su decisión, que ellos no podían ser punidos porque la víctima ya está muerta y usó el discurso de la gerente Dilma para justificarse, ya que ella misma afirmó no querer la punición de los torturadores.

Rio Grande do Sul: identificación de centros de tortura

Porto Alegre va a identificar los locales que sirvieron como centros de tortura durante el régimen militar y hacerlos centros culturales, para recordar los muertos y desaparecidos políticos. La medida fue tomada como ejemplo de la Argentina, donde los centros clandestinos fueron transformados en museos y toda la ciudad ganó placas indicativas de la residencia, prisión y pasaje de los militantes.

Placas en São Bernardo

Acciones para reavivar la memoria de aquellos que lucharon comienzan a esparcirse por el país. El día 19 de mayo, São Bernardo do Campo tuvo los nombres de calles y plazas cambiados. Donde antes vigoraban nombres que homenajeaban torturadores, fueron colocados los nombres de Olga Benário y Carlos Marighella.

“Escraches”

El día 14 de mayo fue marcado por “escraches” a los torturadores, promovidos por el Levante Popular, en once estados del país: Pernambuco, Pará, Bahia, Ceará, Sergipe, Paraíba, Río Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Río Grande do Sul. Pancartas, carteles, panfletos, entonación de lemas y dramatizaciones de las torturas sufridas por los militantes fueron las armas utilizadas por los jóvenes en sus denuncias.

En São Paulo, cerca de cien jóvenes extendieron un gran cartel en la Calle Teresa Moura, 36, ap.23A, Guarujá, con la frase “aquí vive el torturador de Dilma”. Era la residencia de Maurício Lopes Lima, teniente coronel reformado, torturador de Dilma Rousseff. En 2010, él fue identificado por el Ministerio Público Federal como uno de los responsables por la desaparición de seis personas y por la tortura de veinte, entre 1969 y 1970.

En Belo Horizonte, más de cien manifestantes revelaron que el médico forense João Bosco Nacif da Silva era responsable por hacer laudos médicos falsos, entre ellos el de João Lucas Alves. João Lucas era militante del Comando de Liberación Nacional (Colina), ex-sargento de la aeronáutica, y fue bárbaramente torturado en las dependencias del DOPS de Belo Horizonte. El laudo acusaba suicidio, pero entraba en contradicción al informar escoriaciones, hematomas y uñas arrancadas.

En Teófilo Otoni (MG), los jóvenes tomaron las calles de la ciudad para recordar y homenajear Nelson José de Almeida, militante del Colina, desaparecido a los 21 años, después de ser torturado por Augusto de Assis Toledo, agente del DOPS de Minas Gerais.

En la Bahia, los jóvenes también tomaron las calles. La protesta reunió 150 jóvenes de diversas ciudades y denunció el torturador Dalmar Caribé, asesino de Carlos Lamarca y Zequinha Barreto. Los jóvenes se dirigieron a la Asociación de Karate de la Bahia, fundada por la familia del torturador.

En Sergipe, los jóvenes denunciaron el medido José Carlos Pinheiro, director del Hospital y Maternidad Santa Isabel. El médico acompañaba y diagnosticaba la condición de salud de los militantes detenidos, determinando si ellos soportarían o no la continuidad de las sesiones de tortura.

En Recife (PE), la juventud denunció el juez jubilado Aquino de Farías Reis, frente al número 240 del Condominio Ilha das Flores, en la Avenida Beira Mar. Él era el comisario responsable por el DOPS de Pernambuco durante la prisión, tortura y asesinato de Odijas  de Carvalho, estudiante de agronomía y destacado militante del Partido Comunista Brasileño Revolucionario (PCBR). Odijas fue sometido a las más crueles torturas, pero no entregó ninguna información a los agentes de la represión. Después de una semana de torturas, fue encaminado al hospital y falleció  dos días después.  El día 28, los jóvenes pernambucanos volvieron a las calles y ocuparon el Viaducto Presidente Médici, que fue rebautizado de Viaducto Pe. Antônio Henrique Pereira Neto.

En Belén (PA), 50 personas protestaron frente al edificio del Ministerio de la Hacienda. Los jóvenes denunciaron que en el órgano estarían trabajando Magno José Borges y Armando Souza Días. Los dos agentes de la represión eran conectados al DOI-Codi, actuaron en el combate a la Guerrilla del Araguaia, en el sur del estado, y hoy forman parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Durante la Guerrilla de Araguaia, ellos serían – según denuncia de Paulo Fonteles, hijos de militantes del Araguaia – responsables por ordenar el corte de las manos y de cabezas de los combatientes revolucionarios.

En Río de Janeiro, los manifestantes se dirigieron al barrio Flamengo, en la calle  Marquês de Abrantes, nº 218. Denunciaron que allí residía el ex-jefe del DOI-Codi en Río, José Antônio Nogueira Belham, responsable por la desaparición del ex-diputado federal Rubens Paiva. El diputado fue detenido en casa y llevado al batallón de la Policía del Ejército. Los manifestantes llamaron la atención de los vecinos y transeúntes, con pancartas, cacerolazos, carteles y dramatización de las torturas sufridas por los militantes. Los que por allí pasaron, dieron su apoyo al movimiento.

En Natal (RN), la Plaza Cívica, frente al Palacio de los Deportes, fue tomada por el pueblo para recordar varios luchadores populares: Edson Nieves (militante de la Vanguardia Popular Revolucionaria), asesinado en 1970; Emanoel Bezerra (destacado dirigente del Partido Comunista Revolucionario), asesinado en 1973, después de sufrir diversas torturas, en el DOI-Codi de SP, liderado por Fleury. Su laudo fue firmado por Harry Shibata, escrachado en São Paulo el mes pasado. Los jóvenes también homenajearon Anatália Alves (militante del PCBR), que actuaba junto a los campesinos del Nordeste y fue bárbaramente torturada, y su cuerpo calcinado; y José Silton Pinheiro (militante del PCBR), asesinado a los 24 años en Río de Janeiro y también tuvo su cuerpo calcinado.

En Fortaleza capital de Ceará, 80 jóvenes se manifestaron frente a la antigua sede de la Policía Federal, hoy Secretaría de la Cultura Municipal. Los jóvenes denunciaron que el local fue un centro de torturas y exigieron el cambio de nombres de plazas, calles y avenidas que llevan el nombre de torturadores en la ciudad. En la Paraíba, los estudiantes promovieron manifestaciones en la Universidad Federal de la Paraíba y en la Escuela Estadual Presidente Médici, en la capital João Persona. En Río Grande do Sul, la ciudad de Santa Maria fue invadida por carteles que denunciaban las atrocidades del régimen militar.

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