Traducción Enrique Chiappa

El día 6 de mayo, el fascista Bolsonaro y su gobierno de generales decretaron una nueva “Garantía de la Ley y de la Orden” (GLO) que autoriza el uso de tropas de las Fuerzas Armadas reaccionarias sobre 59% del territorio de Brasil, área definida como Amazonia Legal, que comprende diversos estados de la región norte del país. Este ya se configura como  un nuevo paso en el golpe contrarrevolucionario preventivo en marcha en el país y de intervención directa de tropas regulares en el combate a la lucha democrática de los campesinos pobres.

El decreto  nº 10.341, que autoriza la GLO, tiene el plazo de validez hasta 10 de junio de 2020, pudiendo ser extendido. Según el ultrarreacionário vicepresidente y general, Hamilton Mourão, estas no son acciones estacionales y siguen la planificación del Ministerio de la Defensa previsto por lo menos hasta 2022.

Esa medida definida por el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, que es presidido por Mourão (cuya función es coordinar las acciones en la región), da a las Fuerzas Armadas poder sobre todas las operaciones destinadas a actuar contra “crímenes ambientales”, como ocupaciones de tierra, “deforestación ilegal” e incendios. El envío de las tropas está vinculado a las acciones preventivas y represivas.

La llamada Operación “Verde Brasil 2” fue iniciada en 11 de mayo con tres bases permanentes (Mandos Conjuntos) instaladas en los estados de Rondônia, Mato Grosso y Pará, donde actuarán esencialmente. El efectivo de 3,8 mil soldados será destinado a la nueva operación y el coste previsto es de R$ 60 millones. Según los militares reaccionarios, lo que se espera es el mismo resultado de la Operación “Verde Brasil 1”, que tuvo el coste de R$ 124 millones.

Los órganos antes responsables por acciones de cuño supuestamente ambiental, como el  Instituto Brasileño del Medio ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), ahora serán directamente dirigidos y accionados por los Comandos de las Fuerzas Armadas, obedeciendo a la división jurisdiccional de los propios órganos militares.

El uso de las GLO para combatir la lucha por la tierra

Las tan aclamadas “acciones preventivas y represivas” que están a cargo de las Fuerzas Armadas en consonancia con la nueva GLO, conforme anunciado por el ultra reaccionario Mourão, tienen un objetivo: combate a los campesinos en lucha por la tierra.

Los supuestos “crímenes ambientales” como pequeñas quemadas y derrumbadas son, sabidamente, prácticas rutinarias necesarias para todos los campesinos pobres. La quemada, aunque ilegal, es la forma más rápida y menos extenuante de preparar el terreno, utilizada ampliamente por los campesinos pobres sin acceso a la tecnología. La derrumbada también ocurre. Es verdad que todas esas acciones son mucho más practicadas y en mayor escala por los latifundistas; sin embargo, las Fuerzas Armadas las utilizarán como pretexto para reprimir los campesinos, especialmente los organizados y en lucha democrático-revolucionaria, y no los latifundistas.

La recuperación de tierras de grandes latifundistas o de la Unión por parte de los campesinos pobres sin tierra es una necesidad para supervivencia de esos, acción justa que el viejo Estado no provee. Sin embargo, esas acciones han sido encuadradas como “crímenes ambientales” y son uno de los principales argumentos a servicio del latifundio en lo que concierne al combate a los campesinos en lucha.

Los crímenes del latifundio con relación a las grandes devastaciones de miles de hectáreas, deforestación e incendios como los orquestados el “día del fuego” en 2019, siguen impunes con el aval del viejo Estado.

Lo que quiere la nueva GLO

La implementación de GLO para encubrir las acciones de las tropas de ocupación impuestas por el viejo Estado tiene, en su numeroso histórico reciente, diversas acciones de ataques a los campesinos.

En medio a los incendios criminales a mando del latifundio en agosto 2019, conforme publicado en el AND, el gobierno de Bolsonaro y de los generales decretó, vía GLO, el empleo de tropas de las Fuerzas Armadas y de otras fuerzas federales para, aparentemente, “combatir el incendio” en toda la región de la Amazonia Legal con la llamada Operación “Verde Brasil 1”.

En el transcurso de eso, el día 7 de septiembre decenas de hombres de las Fuerzas Armadas y Fuerza Nacional desembarcaron en el área Enilson Ribeiro, municipio de Seringueiras (Rondônia), permaneciendo en el área por una semana en una operación basada en esta GLO. Conforme denuncia realizada por la Comisión Nacional de la Liga de los Campesinos Pobres (LCP), los militares cometieron todo tipo de intimidaciones, amenazas, abusos y humillaciones. Invadieron y revisaron casas de campesinos, incautaron espingardas de caza, buscaron agresivamente informaciones sobre los dirigentes, sobre cuando serían realizadas las reuniones y asambleas, y sobre los abogados que defienden las familias. En la región, a propósito, no había ningún foco de incendio como los registrados en otras localidades.

Tres días después, en la misma operación, el Ejército reaccionario, la Fuerza Nacional y la Fuerza Táctica de la Policía Militar (PM) expulsaron 400 familias campesinas del Campamento Buena Esperanza, en Porto Velho.

Ya este año, en mayo, en el Pará, estado donde está localizada una de las tres bases de la operación actual, un asentamiento federal Vila Unión, distante cerca de 140 kilómetros del centro de Marabá, fue uno de los blancos en los dos primeros días de operación.

El carácter de operación de guerra volcada contra los campesinos pobres en lucha, principalmente, es evidente por los hechos recientes. En noviembre de 2019, el fascista Jair Bolsonaro afirmó que pretendía la creación de una nueva GLO, nombrada como “GLO del campo”, para reprimir el movimiento campesino y restablecer los latifundios que tuvieron sus tierras retomadas por el movimiento campesino.

Bolsonaro afirmó en sus redes sociales que “la tropa de la GLO no es para hacer relaciones públicas, ella va para imponerse, contener acciones terroristas, depredación de bienes, quema de autobuses, evitar que inocentes mueran etc.”,  tildando como “terrorista” la lucha de los trabajadores por acceso a su derecho.

La propuesta de la “GLO del campo” no fue concretizada y la Operación “Verde Brasil 1” fue finalizada en el fin de 2019. En consonancia con datos del sistema Detener, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), hubo un aumento de las tasas de deforestación en la Amazonia Legal aun con la presencia de los militares, comprobando que ese no era su objetivo.

El área degradada en septiembre de 2018 fue equivalente a 745,15 km cuadrados, mientras que en el mismo periodo del año de 2019 fue de 1450,18 km cuadrados. Ocurrió, en penas el primer mes de ocupación, un aumento de cerca de 96% de áreas deforestadas en la región con relación al mismo periodo del año pasado.

Crece la lucha por la tierra

Los estados escogidos para acoger las bases de operación son también los que más registran conflictos oriundos de la lucha por tierra, en consonancia con el informe Conflictos en el Campo Brasil 2019, producido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Estos conflictos son caracterizados por acciones de resistencia y enfrentamiento por la posesión, uso o propiedad de la tierra y recursos naturales, como ocupaciones, retomadas y campamentos envolviendo campesinos pobres, con poca o sin tierra.

En el estado de Mato Grosso fueron constatados por la CPT 86 conflictos por tierra, envolviendo cerca de 15,3 mil personas; en el Pará se constató 195 conflictos, envolviendo cerca de 30 mil personas, y en Rondônia se constató 82, envolviendo cerca de 7 mil personas.

Aún según el informe, la región Norte tiene la mayor cantidad de conflictos por tierra entre las regiones. Se registró en 2019 el número de 488 casos de lucha por la tierra y, el año de 2018, el número fue 392 casos.

En todo el país la lucha por la tierra se intensifica: fueron relatados una media de 3,3 conflictos por tierra por día y, sólo en 2019, se estima que envolvió más de medio millón de personas, según la CPT.