El general de la reserva Jesus Corrêa fue anunciado como nuevo presidente del Instituto de Colonización  y Reforma Agraria (Incra), el día 9 de febrero. La indicación  del fascista gerente de turno Jair Bolsonaro prosigue la lógica de entregar a los generales alineados al Alto Mando los puestos estratégicos del gobierno.

Agência Brasil

El general de la reserva fue ya comandante del Mando Militar del Nordeste y director  de Control de Efectivos  y Movilizaciones  del Ejército. Hoy, asume la presidencia  del instituto, que está sometido al Ministerio de la Agricultura – tradicional reducto político del latifundio.

El gobierno del fascista Bolsonaro ya causó indignación entre los campesinos pobres cuando, en el comienzo del año, ordenó la paralización  de todos los procesos de reforma agraria que estaban siendo encaminados.

La indicación  del general de Ejército  Jesus Corrêa también es una expresión del golpe militar contrarrevolucionario puesto en marcha por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas reaccionarias, buscando prevenirse de la inevitable rebelión popular contra el aumento de la explotación y opresión. A través de él, el Alto Mando garantizará la aplicación  de las políticas contrarrevolucionarias en la cuestión  agraria, sirviendo a los intereses de los latifundistas, pero también intentando desmovilizar y vaciar  el movimiento campesino combativo por medio de campañas  demagógicas.

Lo que pretende el general

Al contrario de otros  ministerios encabezados por los obscurantistas civiles de extrema-derecha, los ministerios y cargos que tratan de cuestiones  estratégicas están siendo colocados bajo la responsabilidad  de los generales. La cuestión  agraria, siendo la más  importante del país y aquella  donde las masas populares más están descontentas y movilizadas  (por la conquista de la tierra y contra el latifundio), no es diferente.

El general Jesus Corrêa, después de su  indicación, asumió la pose de “moderación” y “respeto a la legalidad” en entrevista al monopolio de prensa . El objetivo del gobierno es vaciar el movimiento campesino en general y, especialmente, el combativo, para después reprimirlo.

Lo que nosotros tenemos es una directriz general de los relacionamientos que van a ser establecidos en el órgano, en el cual  nosotros vamos a mantener el diálogo con aquellas entidades que mantiene existencia con identidad jurídica. Cualquier posibilidad de interlocución  va a ser imperativo que esa entidad, conforme dije, no esté el margen de la ley.”, declaró el general.

Refiriéndose a las tomas de tierras, el general dijo que “actos ilegales serán considerados como actos ilegales”. Y, refiriéndose a la relación con  el Movimiento de los Trabajadores Sin tierra (MST) y a los  demás, dijo: “Si en el futuro el movimiento A, B o C  tengan condiciones jurídica que pueda sentar a la mesa para que podamos conversar, que él tenga responsabilidad jurídica y actúe dentro de la ley, no hay ningún impedimento, conversaremos”.

Al mismo tiempo, el general afirmó que “la reforma agraria va a continuar”, refiriéndose a esta farsa de reforma que asentó, en 2017, el increíblemente bajo número de 1,2 mil familias campesinas en un país que posee, aproximadamente, 40 millones de campesinos  pobres sin tierra o con  poca, necesitando de tierra. Sólo que, ahora, será “en contacto directo” con las familias campesinas. Sin embargo, nada dice sobre apoderamiento  de tierras  públicas por parte de las compañías transnacionales con documentos fraudados y de los monopolios en el campo.

Jesus Correa deja implícito el objetivo de aislar  organizaciones de lucha  por la tierra, aún las dirigidas por el oportunismo, de sus  bases campesinas con lo que llama de “negociaciones directas, sin intermediarios”.

¿Cual ‘reforma agraria’?

La “reforma agraria” a que se refiere el general sigue siendo una necesidad del latifundio. Por  un lado, es de interés  de esta clase que siga habiendo un cierto nivel de redistribución  de tierras  improductivas para pequeños productores, por dos motivos.

El primer motivo por el cual  el latifundio y el gobierno militar tutelado por el Alto Mando pretenden realizar campañas demagógicas de “reforma agraria” es su interés en desmovilizar los campesinos y apartarlos de las organizaciones combativas de la lucha por la tierra. Hemos informado que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas identificaron que las masas, especialmente las campesinas, quieren la tierra  y están  dispuestas a trabar  una dura lucha para conquistarla. Por eso y para prevenir el levante general de los campesinos, el Alto Mando estableció la política de realizar una mentirosa campaña de “reforma agraria”, que no atenderá las amplias masas campesinas y tendrá  por objetivo desorganizarlas.

El segundo interés de la reacción se debe a una  necesidad económica del latifundio.

El trabajo y la miseria  del campesinado con poca tierra en Brasil son la sangre  de la cual  el vampiro del latifundio se nutre. Es ventajoso al latifundista que exista comunidades campesinas desorganizadas y con  poca tierra próxima al latifundio, pues es fuerza de trabajo  barata y que pasará a depender económicamente de él.

Con poca tierra y sin  acceso a crédito con intereses subsidiados (como los suministrados en larga escala a los latifundistas), los campesinos son obligados a arrendar tierras en los latifundios vecinos, siendo víctima del cobro de medias  y terceras  de la producción (relaciones semifeudales). Con el tiempo y con  las deudas, los latifundistas expulsan o compran  las tierras de estos campesinos, obligatoriamente vendidas a precio  bajísimo.

La existencia  de este campesinado pobre con poca tierra (llamado de “agricultura familiar”), además de eso, también es ventajoso a los latifundios capitalistas. Estos últimos compran la producción  aislada de las comunidades campesinas a precios  extremadamente bajos por medio de intermediadores, producción entregada a las ensacadoras, distribuidoras y otros  emprendimientos capitalistas burocráticos que venden al por mayor, quedando con el logro de la explotación campesina.

El mantenimiento de   un campesinado con pequeñas propiedades productivas viviendo en el límite de la miseria y del endeudamiento es necesario también para mantener bajo el precio de los alimentos en la ciudad  (una vez que la “agricultura familiar” produce a bajo  costo gracias a la  ausencia de máquinas y a  cuesta de la propia miseria) y, consecuentemente, bajando también el salario mínimo de los trabajadores brasileños. El latifundio, por otro lado, produce materias primas para el extranjero, no alimenta su propio país, sólo llena los bolsillos de   un puñado de grandes propietarios.

Las campañas de “reforma agraria” tienen  aún la función de capitalizar los señores de tierras desapropiados, muchas veces pagando en “indemnizaciones” precios más elevados de que el propio valor de mercado de la tierra, siendo, así, un óptimo negocio para los latifundiários.