Traductor: Enrique F. Chiappa
El año comenzó mal para la clase trabajadora de Río de Janeiro. Entre 29 de enero y 21 de febrero el gobierno Sergio Cabral (PMDB) sustituyó la cúpula de la Policía Militar por oficiales de la línea-dura, promoviendo así, una gran reestructuración en los cuadros de la policía y señalizando una profundización de su política de seguridad basada en la violencia contra las clases subalternizadas. El coronel Ubiratan Angelo fue exonerado del comando general de la PM y en su lugar asumió el coronel Wilson Pitta Lopez, que antes comandaba el Servicio Reservado, mientras la jefatura del Estado-Mayor fue confiada al coronel Antonio Carlos Soares David, que sustituyó el coronel Samuel Dionisio. Otros ocho coroneles también fueron apartados.
Las sustituciones sucedieron después de una serie de manifestaciones de oficiales por mejores salarios. Los policías protestantes pasaron a ser conocidos como "Barbonos". De acuerdo con Mauricio Campos, integrante de la Red de Comunidades y Movimientos Contra la Violencia, la cúpula del gobierno aprovechó el momento para profundizar la criminalización de la pobreza:
— Parece que Cabral y Beltrame (Secretario de Seguridad) aprovecharon el movimiento de los coroneles para colocar personas más afinadas con la política de confronto y de exterminio. Fortalecieron oficiales de visión más truculenta y si depender de ellos, no hay perspectiva de cambios.
Transparencia amenazada
También fue dimitida la directora-presidente del Instituto de Seguridad Pública, la antropóloga Ana Paula Miranda, que venía analizando y divulgando con relativa transparencia los números que comprobaban la excesiva letalidad de la policía fluminense. En su lugar, entró el teniente coronel Mario Sergio Duarte.
Apenas en 2007 la PM de Río mató, según cálculos oficiales 1.260 personas, número que la coloca entre las policías que más matan en el mundo: 4 veces más que la de San Pablo y superior a la suma de todas las policías de USA, país que originó la política de tolerancia cero contra la pobreza, que en otras palabras podría ser definida como política de represión violenta contra pequeños delitos.
Para la profesora titular del curso de Historia de la Universidad Federal Fluminense, Adriana Facina, esas alteraciones pueden ser vistas como retroceso. Y preocupan:
— Es muy grave colocar alguien de dentro de la corporación para controlar la propia corporación. Por que estos índices eran la única cosa de concreto que teníamos para evaluar. Los datos del ISP son uno de los únicos instrumentos para tenerse control de la política de seguridad. A través de los datos de prisiones, de aprehensión de armas, drogas asesinatos, por ese medio se puede tener un perfil de la actuación de la política y para donde la política de seguridad va a apuntar. Si la cuantificación de esos datos no fuere hecha de manera transparente, será complicado controlar la actuación del gobierno.
Otra alteración significativa en los cuadros de la policía fue la promoción del coronel Marcus Jardim, que comandaba el 16º Batallón de Policía Militar (Olaría). Ahora él es el comandante del 1º Comando de Policiamiento de Área (CPA), responsable por la gestión de trece batallones en el Estado de Río de Janeiro. Jardim, declaró al final del año pasado que 2007 sería el año de los tres "P": "Palo (alusión a bastonazos), Pan (por los Juegos), y PAC (Plan de Aceleración del Crecimiento)" una referencia explícita a la época de la esclavitud, cuando los trabajadores de la época eran tratados con "Palo, paño, y pan".
Pan, PAC y Palos
Por tras de los pomposos palenques del PAC se esconde la política de desalojo violento de millares de familias que habitan las favelas de Río. El gobierno Cabral anunció que va a demoler 6.408 casas en el Complejo del Aleman, Manguiños y Rociña, las tres favelas que recibirán mayor volumen de recursos (cerca de R$ 1 mil millón) El subsecretario de Urbanismo de la Secretaría de Obras, Vicente Loureiro, dividió con la imprenta su fabuloso raciocinio: "no se hace una tortilla sin quebrar huevos". Pero ni todos están satisfechos. En reunión realizada al final de febrero, liderazgos comunitarios criticaron mucho la conducción de las obras del PAC. "No estamos satisfechos. Queremos ver el proyecto en el papel", dijeron.
Conforme averiguó el reportaje de AND, quedó decidido durante reunión del secretariado del gobierno Cabral que la primera secretaría a actuar sería la de seguridad — que ya se comprometió a destacar 12 blindados y 3 mil policías para "garantizar" la realización de las obras.
Colombia es aquí
Las alteraciones en la cúpula de la policía fluminense también satisfacen a las exigencias del gobierno yanqui, que trabaja para militarizar las policías de América Latina y entrenarlas para la represión interna.
Aunque no sea informado por el monopolio de la imprenta, el hecho es que entre muertos y heridos por la policía no se encuentras apenas traficantes minoristas. La propuesta de ese sistema es perseguir y hasta eliminar todos aquellos que se oponen al modelo hegemónico. Usen armas o no. En ese sentido, el caso del atentado contra el abogado Joao Tancredo es bastante significativo. El presidente del Instituto de los defensores de los derechos Humanos estaba volviendo de una favela de la zona norte de Río, donde recibió denuncias contra policías, cuando tuvo su automóvil atingido por cuatro tiros. Joao no murió por que su automóvil es blindado. (ver AND 40).
En Colombia, esa política de exterminio contra militantes de derechos humanos viene siendo adoptada por el gobierno con apoyo de USA. Según el profesor de la UFRJ Roberto Leer, "en Colombia militantes de derechos humanos están siendo asesinados en la orden de centenas por año". Este es el sistema electo como modelo por las autoridades de Río de Janeiro. La historiadora Adriana Facina alerta para la perversidad de esa política y sus consecuencias a corto y medio plazo:
— Ese modelo colombiano en realidad fue extremamente eficaz. Primero para controlar, vía represión, toda oposición política. Las FARC son uno de los movimientos políticos de oposición de izquierda de Colombia. Pero mismo los que no optaron por la lucha armada, no pueden andar tranquilamente por la calle, no pueden expresarse en la imprenta. La opción es por el exterminio, por la eliminación física de los que cuestionan el modelo. Esto es hecho tanto por el Estado formal cuanto por el brazo del Estado que son los paramilitares. Es una opción por una higienización con apoyo represivo.
La profesora hace también un paralelo con Río de Janeiro:
— Lo que se delinea en Río es algo parecido. El control de las poblaciones adonde la insatisfacción política está más presente: movimientos sociales, partidos de izquierda y también el tráfico minorista, que mismo desorganizadamente acaba siendo encarado como una forma de contestación. Cuando más acciones violentas más personas sienten miedo. El segundo elemento es la formación de guetos en la ciudad, que es una manera de desvalorizar la vida humana — y la imprenta tiene papel importante en esto al no divulgar el nombre de los muertos. Cuanto más las acciones de la policía causan muertos, menos esas áreas son visitadas por quién no vive en ellas. Tercero elemento: Cuanto ese tipo de política es benéfico para el comercio de armas. Cuanto más la policía se arma para el confronto, más armas llegan aquí, inclusive por contrabando. Quién lucra son las grandes empresas de armas Entonces precisamos ver quien defiende esa política de confronto y hacer la conexión de quien lucra con ella. Y una buena investigación precisa ser hecha.
Mauricio Campos, de la Red Contra la Violencia, va más lejos e identifica la participación del gobierno yanqui, que ya invirtió cerca de US$ 5 mil millones en la región amazónica en el llamado Plan Colombia, que con el pretexto de "combatir las drogas" contribuye para militarizar la frontera de los países sudamericanos:
Esa es una política que viene siendo implantada en varios países. En el fondo esas acciones representan los intereses de los estrategas de Washington, siendo que en Colombia ella está más desarrollada. Y está cada vez más presente aquí en Río.
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