En la edición 236 de AND, en la materia Los dólares y militares por detrás del Poder Político, se demostró, como dice el dictado, que “quién paga la banda, escoge la música”. El equipo de transición del más tarde electo presidente de Estados Unidos (USA) Joe Biden, formada en 7 de noviembre y en vigor hasta el día 21 de enero, revela que lo que todos los centenares de nombres escogidos tienen en común son sus servicios antipueblo prestados a los monopolios de las industrias de armas, grandes bancos y a los monopolios de tecnología e información. Cabe resaltar que esas mismas industrias fueron las principales donadoras para las campañas electorales de los dos candidatos a la presidencia.
En consonancia con la revista estadunidense In These Times, un tercio del equipo de transición del Pentágono de Biden es proveniente de organizaciones patrocinadas por la industria de armas, entre ellas la Raytheon , proveedora clave de bombas para USA y la Lockheed Martin, la empresa responsable por la fabricación de la bomba que alcanzó un autobús escolar en el norte de Yemen en agosto de 2018, matando por lo menos 26 niños.
Industria de la guerra rige el Departamento de Seguridad.
En 10/11, Biden anunció las líneas generales del equipo de transición a través de las agencias del gobierno, que son las responsables por coordinar el trabajo de él y de su vice, Kamala Harris, con el objetivo de asegurar una “transferencia de poder tranquila” entre el futuro gobierno y el antiguo, de Donald Trump.
La investigación parcial hecha por la revista In These Times muestra que, entre las 23 personas que componen el equipo de transición de la agencia del Departamento de Defensa, existe la actuación de tres grupos principales: el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el Center for New American Security (CNAS) y la RAND Corporation. Esos grupos, por su parte, funcionan como “think tanks”, de la expresión en inglés traducida literalmente por “tanques de pensamiento” y conocidos en portugués como laboratorios de ideas o gabinetes de pensamiento. Tratan de “un cuerpo de especialistas que suministran consejos e ideas sobre problemas políticos o económicos específicos”. Tales organizaciones poseen lazos directos con empresas conectadas a la industria armamentista y/o el Pentágono. Por ejemplo, algunas de ellas reciben financiación de la General Dynamics Corporation, Raytheon, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation y otras fabricantes de armas, así como de empresas petrolíferas.
Además de ofertar servicios de asesoría, esas compañías también actúan como pieza clave en la guerra de rapiña a través de sus financiadoras, como la Raytheon, gran proveedora de bombas para la lacaya Arabia Saudí en Yemen. Esa misma empresa ha hecho lobby para impedir cualquier restricción en la venta de armas para Arabia Saudí, con el objetivo de fortalecer militarmente el país aliado yanqui.
Ya la otra financiadora, la Northrop Grumman, posee drones entre las armas que fabrica. Esa tecnología avanzada es usada como armamento por los militares yanquis en Afganistán, Irak, Somalia, entre otros locales.
Por causa de su actuación indirecta en la guerra de agresión promovida por el imperialismo yanqui, el think tank CSIS también recibe dinero de una serie de gobiernos, además del propio USA: es el caso del Emiratos Árabes Unidos, que se unió al USA y a Arabia Saudí en la guerra de agresión contra Yemen y que, juntos, sirve como base para el eje anti Irán. El CSIS, además de eso, recibe indirectamente dinero del gobierno saudita, a través de la empresa petrolífera estatal saudita Aramco, en consonancia con la In These Times.
Otras tres personas del equipo son provenientes de la RAND Corporation, un think tank que recibe financiación significativa del Ejército yanqui y del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).
Ben Freeman, de la Foreign Influence Transparency Initiative, que recientemente elaboró un informe sobre la financiación de los grupos de consejeros, afirma que la CSIS, el CNAS (que cuenta con dos individuos nombrados por Biden para el equipo de transición del Departamento de Defensa) y la RAND Corporation están entre los principales destinatarios de la financiación y de los contratantes del Departamento de Defensa del USA.
“El CNAS y el CSIS son literalmente número uno y número dos en términos de donaciones recibidas de contratistas de defensa del USA en los últimos seis años. La RAND es, de lejos, el principal beneficiario de la financiación del Departamento de Defensa de cualquier think tank”, declaró Freeman.
Para tener una idea de lo que representan esos “consejeros” en el actual gobierno, es ejemplar el caso de Sharon Burke, del equipo de Biden, individuo que trabaja para la New America , que se autodenomina una “red nacional de solucionadores de problemas innovadores”. La organización recibe financiación del Colegio de Armas del Ejército del USA, la Raytheon, Northrop Grumman y la General Atomics Aeronautical Systems.
En otro caso, el funcionario del equipo de Biden, Shawn Skelly, fue más recientemente empleado por la CACI International, que suministra tecnología de la información para sistemas de armas militares del USA. La CACI fue procesada por iraquíes anteriormente detenidos en la famosa prisión militar yanqui Abu Ghraib, con el argumento de que la empresa desempeñó un papel directo en sus torturas.
A partir de eso, claramente se entiende como los representantes de esas industrias de guerra tienen su lugar ya garantizado y sus súper lucros bien protegidos a través del DSN. Gobierno después de gobierno, sea él demócrata o republicano, el Pentágono paga los servicios suministrados por esos señores de guerra y utiliza sus productos de destrucción masiva. Además de eso, los más experimentados, confiables y amaestrados representantes de la industria de la guerra asumen altos y muy bien remunerados puestos en el Estado imperialista yanqui.
Monopolios de TI y las Fuerzas Armadas
El equipo de transición de Joe Biden fue siendo acrecido silenciosamente de grandes ejecutivos de los monopolios Facebook y Google. Sin embargo, cuando los nombres de los centenares de funcionarios del equipo fueron divulgados oficialmente el día 10/11, tales ejecutivos no constaban en la lista..
Rachel Lieber, una directora del Facebook y consejera general asociada, fue acrecida al equipo de la Comunidad de Inteligencia. Deon Scott, un gerente del programa Google y ex-alumno del Departamento de Seguridad Interna (DSI) de la administración Obama, por su parte, fue asignado en el equipo del DSI de Biden.
También la consejera general de la transición, Jessica Hertz, que hasta recientemente era, además, directora del Facebook. Hertz inclusive ayudó el monopolio en su defensa en la investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre privacidad de datos y en el caso de la empresa Cambridge Analytica. La empresa – dirigida en la época por el entonces consejero clave de Trump, Steve Bannon –, por su parte, utilizó informaciones personales quitadas sin autorización de perfiles de 50 millones de usuarios de la aplicación Facebook, en el inicio de 2014, para construir un sistema que pudiera trazar el perfil de cada elector americano, con el objetivo direccionarlos con propagandas políticas personalizadas.
Además Louisa Terrell, ex liderazgo de lobby para el Facebook, que fue añadida al liderazgo de las relaciones con el congreso del equipo de transición. Terrell ayudó a construir la primera oficina de lobby del Facebook en Washington durante un periodo de dos años. Anteriormente, ella fue directora sénior de “política y estrategia federal” del Yahoo!.
Los más altos representantes y beneficiarios de esos trust y monopolios ya habían hecho donaciones millonarias a las campañas electorales de Biden y Trump meses antes. Dustin Moskovitz (cofundador del Facebook) y Eric Schmidt (antiguo presidente del Google), fueron algunos de ellos.
Para demostrar la relación umbilical de tales monopolios de la información y el Departamento de “Defensa” del USA se puede tomar el ejemplo de Eric Schmidt, que, en 2016, se hizo líder del Consejo de Innovación en Defensa del Pentágono (consejo del cual el fundador de la Amazon, Jeff Bezos, había participado en el pasado).
Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon, las “Grandes Cinco”, son consideradas por el Estado yanqui indispensables para la “seguridad nacional”, debido a la obtención de datos privados y privilegiados de las masas de todo el mundo. Esas grandes corporaciones, por su parte, lucran con las tecnologías e investigaciones militares cedidas a ellas por el servicio prestado, cuyo ejemplo más nítido es el reconocimiento facial, de origen y finalidad militares, incorporado a los smartphones – criticada mundialmente por mascarar, con la utilización de la tecnología de información supuestamente “neutra”, la actuación de reprimir, controlar y alcanzar solamente pueblos marginalizados y oprimidos en sus operaciones, como comprobado con los pueblos negro y palestino. Naturalmente, esa mutua relación entre los aparatos del Estado imperialista y tales mega corporaciones monopolistas es mediada por las elecciones, por los gobiernos de turno y, consecuentemente, por sus escusas relaciones.
Los bancos también tienen su vez
Al investigar el nuevo papel de los bancos, Lenin, en Imperialismo: fase superior del capitalismo, parte de que los bancos crean la forma de la organización económica de toda la sociedad, definiendo los trazos de una “contabilidad general y de una distribución general de los medios de producción”. Él atenta para el error que consiste en subestimar el papel que tienen y subraya la particularidad de la actuación de los bancos bajo la fase monopolista del capitalismo: “Un puñado de monopolistas subordina las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista, colocándose en condiciones primero de conocer con exactitud la situación de los diferentes capitalistas, tras controlarlos, ejercer influencia sobre ellos mediante la ampliación o la restricción del crédito, facilitándolo o dificultándolo, y, finalmente, de decidir enteramente sobre su destino (…)”.
Eso se expresa en el embrión del gobierno de Joe Biden. A mediados de diciembre de 2020 fue publicado por la revista Politico que dos grandes ex ejecutivos de Goldman Sachs (supergrupo financiero yanqui) estaban en su equipo de transición. Otros también ya habían trabajado para megaempresas de “consultoría” financiera como McKinsey & Co. y Boston Consulting Group, unas de las mayores del país. Junto de otros ejecutivos de monopolios, sus nombres sólo aparecieron en la lista de componentes del equipo después de su divulgación oficial, añadidos de forma silenciosa.
Goldman Sachs, por su parte, es antigua en las prácticas de manipulación a través del mercado financiero. La propia empresa admitió, en 2016, que estafó inversores durante la crisis de superprodução de 2008. En 2011, la Subcomisión Permanente de Investigaciones de Senado del USA divulgó un informe que alegaba que el banco habría engañado los inversores, al asegurarles (falsamente) que los títulos que vendía eran apoyados por hipotecas sólidas, cuando, en realidad, la firma sabía que había títulos de hipotecas que inmediatamente fracasarían y buscó lucrar con el colapso del mercado hipotecario a cuestas de los inversores.
No obstante, luego después, el banco de inversiones recibió cerca de 13 mil millones de dólares – más que otra empresa – de los pagos de contrapartida de la American InternationalGroup, monopolio de seguros; otros 10 mil millones de dólares en dinero fueron recibidos, a través del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, en inglés) del gobierno1 y un récord de 11,4 mil millones de dólares fueron entregados para bonos de los altos funcionarios en el primer semestre de 2009.
Goldman también fue acusada de una serie de otros delitos, inclusive de relaciones promiscuas con el gobierno federal yanqui a través de una “puerta giratoria” de funcionarios. Esa es la expresión que indica movimiento de ejecutivos entre las funciones de legislador y regulador, por un lado, y los miembros de las industrias afectadas por la legislación y reglamentación, por otro.
Eric Goldstein, que forma parte del equipo de transición del DSN de Biden , y Monica Maher, que forma parte del equipo de transición del Consejo Nacional de Seguridad , ya asumieron altos cargos en la empresa..
El hecho de que miembros de Goldman Sachs (que fuera fundada en 1869) formen parte de los gobiernos de turno del partido único de la burguesía, demócrata o republicano, inclusive, ya es una práctica secular.
Ya la McKinsey, también entre las mayores y que existe hace casi un siglo, trabaja actualmente con compañías de seguros de salud , fabricantes de medicamentos, prisiones, instituciones de fiscalización de inmigración para USA y gobiernos ultra reaccionarios en todo el mundo.
Como parte de su conexión con prisiones e instituciones de fiscalización de inmigración para USA, el monopolio de inversiones propuso cortes en los gastos con alimentación, cuidados médicos y supervisión de los detenidos en los campos de detención de migrantes en USA.
Delante de eso, queda claro que Joe Biden, que ahora ocupa el más alto puesto del imperialismo yanqui como “presidente democráticamente electo”, no es, al contrario de lo que afirman los oportunistas, revisionistas o desavisados de toda suerte, “menos reaccionario” en relación a Donald Trump. Como anteriormente afirmado en la edición 236, Joe Biden o Donald Trump, “demócrata” o “republicano”, tendrá que cumplir las nuevas tareas reaccionarias que se presentan delante de esa crisis sin precedentes. Entre ellas, la de que sólo por medio de un dominio impar de las fuentes y rutas mundiales energéticas y de otras materias primas podrán los imperialistas yanquis enfrentar la colosal crisis económica, social, política y moral que amenaza explotar todo el sistema capitalista.
Nota:
El Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, sigla en inglés) es un programa del gobierno de Estados Unidos para adquirir “activos tóxicos” y patrimonio de instituciones financieras para fortalecer su sector financiero. El programa fue aprobado por el Congreso y firmado en ley por el Presidente George W. Bush en 3 de octubre de 2008. Fue un componente de las medidas del gobierno en 2008 para enfrentar la crisis de las hipotecas subprime.
Un “activo tóxico” es un activo financiero que cayó significativamente de valor y para el cual no hay más un mercado en funcionamiento. Tales activos no pueden ser “vendidos a un precio satisfactorio para el detentor”. Básicamente, el gobierno del USA compra los activos fracasados de las instituciones financieras para ahorrarlas del perjuicio en caso de crisis.