En la noche de 1º de mayo, el campesino y presidente de la Asociación Vladimir Lenin, Paulo Justino Pereira, fue asesinado a tiros en el Proyecto Río Pardo. Pernambucano de origen, Paulo vivió en Río de Janeiro y se mudó para Rondônia, donde integró la lucha campesina. Él dejó tres hijos y tres nietos. Su cuerpo fue enterrado en Maceió. En mensaje enviado, familiares relataron que Paulo era asiduo lector de nuestro periódico. Transmitimos, desde la redacción de AND, nuestra solidaridad a los familiares y compañeros de Paulo Justino Pereira, luchador del pueblo.

En 27 de abril, Paulo había participado, juntamente con campesinos de otras áreas de Rondônia, de una reunión en Jaru con representantes del Incra, Eletrobras, DER y Secretaría de Obras. En la ocasión, los campesinos exigieron la electrificación de las áreas, carreteras, puentes, escuelas en las áreas y regularización de las tierras de los campesinos.

Paulo fue el secretario de esta reunión y presentó la reivindicación de energía para las tres mil residencias del Proyecto Río Pardo, prometida 16 años atrás y nunca cumplida.

En los días 29 y 30 de abril, Paulo participó de otra reunión en Porto Velho. En ella estaba presente el Ouvidor Agrario Nacional, Gercino José. Paulo llevó las reivindicaciones de los campesinos de Río Pardo y denunció la desocupación violenta de la Flona (Floresta Nacional) por las fuerzas de represión a mando de las gerencias Dilma (PT) y Confúcio Moura (PMDB). De las trescientas familias violentamente desalojadas, sólo 34 fueron asentadas de forma equivocada en otras tierras conflictivas.

Según relato de los campesinos, la reunión “fue tensa y terminó sin acuerdo”. Al comunicar la decisión de las familias de Río Pardo de retomar sus tierras, el Ouvidor Agrario Nacional respondió arrogantemente sin presentar cualquier solución: “¿Usted quiere decir que las familias irán a incumplir una orden?”.

Crímenes del latifundio e impunidad

Informaciones de LCP de RO y Amazônia Occidental

En 9 de abril de 2012, el dirigente campesino Renato Nathan fue asesinado en Jacinópolis, Rondônia, probablemente por policías. Hasta el momento, mandantes y ejecutores siguen impunes y el crimen sin investigación. En 28 de noviembre pasado, el campesino Luis Carlos da Silva fue secuestrado, probablemente, por pistoleros en Monte Negro. Él luchaba por un pedazo de tierra y la policía sólo inició las búsquedas después que parientes denunciaron a la prensa y bloquearon una carretera provincial por varias horas.

En el último día 27 de enero, fue asesinado José Antônio dos Santos, ex-habitante del campamento 10 de Mayo. El latifundista Caubi Moreira Quito, que se arroga propietario de las tierras, prestó testimonio al delegado de la Policía Civil de Ariquemes en diciembre pasado asumiendo haber contratado tres policías para la “seguridad del área”.

Segundo denunció la Liga de los Campesinos Pobres (LCP), el latifundista João Neuto Saul Guerin, habitante de Foz de Iguaçu, contrató pistoleros y los armó fuertemente para atacar campesinos que tomaron las tierras en la región de Buritis que él dice ser suyas. La abogada del latifundista admitió que diez hombres fuertemente armados hacían la “seguridad privada” del área. Hasta el mes de abril de este año, sólo 6 pistoleros habían sido detenidos sin que el latifundista fuese punido. Ya los campesinos, fueron violentamente desalojados por la Policía Militar el último día 27 de abril. Adolescentes y hombres adultos fueron arbitrariamente detenidos.

Todos estos hechos ya fueron ampliamente denunciados y son de conocimiento del Sr. Gercino José da Silva Filho. Él ya organizó reuniones y más reuniones de la “Comisión Paz en el Campo”, pero, en la práctica, ningún latifundista es punido. Esta omisión cómplice hace crecer la saña de los latifundistas contra los campesinos. El asesinato de Paulo Justino repite el ya mil veces denunciado “GUIÓN DE LA MUERTE” en que campesinos van a los representantes del Estado (entre los cuales está casi que invariablemente presente el desembargador Gercino), denuncian las amenazas, cobran la regularización de sus posesiones y después son asesinados víctimas de emboscadas.

La reforma agraria prevista en la constitución, de tan atrasada, ni siquiera podría ser llamada de reforma. Lula y Dilma asentaron menos familias que Fernando Henrique Cardoso y aún aumentaron la represión contra aquellos que luchan por la tierra. Ahora pasó a ser común que tropas de la Policía Federal, Fuerza Nacional de Seguridad y hasta el ejército apoyen la PM en la prisión de campesinos y en el desalojo de familias acampadas y poseedoras. Latifundistas siguen contratando bandos armados y policías para servicio de pistolerismo sin ser punidos.

En comunicado, la LCP denuncia de forma vehemente el “Guión de la Muerte” de Dilma (PT) y exige punición para los mandantes y ejecutores de los asesinatos de los dirigentes y activistas campesinos.