Los días 12, 13 y 14 de junio marcaron los 50 años de la heroica resistencia de Cachoeirinha, acontecimiento que sacudió el Norte de Minas en el año 1967, en pleno régimen militar.
Cualquier semejanza de la lucha de los ocupantes de las tierras de Cachoeirinha con la saga de los campesinos de Corumbiara, Eldorado de los Carajás, Colniza, Pau D’Arco y las masacres de los pueblos indígenas y quilombolas, no es mera coincidencia. Esto para no hablar de los innúmeros genocidios de los pobres del campo, indígenas, el pueblo negro esclavizado inclusive después de la abolición oficial de la esclavitud y campesinos, que trasciende los 500 años de nuestra historia. Es sí, en realidad, la otra faz de la historia de la dominación secular colonial/semicolonial de nuestro país, de la explotación y opresión esclavista /feudal/semifeudal de nuestro pueblo desembocados en estos más de 100 años de existencia del capitalismo burocrático en Brasil. Condición esta que sólo pudo mantenerse mediante el carácter burocrático-latifundista del Estado, que entre otras prioridades garantizó el acrecimiento de la frontera agrícola a cuesta de la expulsión a hierro y fuego de los ocupantes de sus tierras.
Desde la resistencia campesina de Cachoeirinha son 50 años, durante los cuales se asistió a una tremenda migración campo-ciudad por la expulsión del hombre del campo, base del hoy incontrolable caos urbano con el abandono de las poblaciones rurales sometidas a las peores intemperies, aliadas a la explotación semifeudal del latifundio.
El país predominantemente rural, de repente, ve surgir la modernidad con grandes complejos industriales, rascacielos, carreteras pavimentadas, puertos y aeropuertos, centros comerciales, bancos, Universidades y laboratorios, todo eso anidado en espacios cuyo precio por metro cuadrado denuncia su carácter de clase.
Mientras eso la miseria vestida con la mortaja del hambre, de la mortalidad infantil, del trabajo esclavo, del analfabetismo, de las enfermedades endémicas, derivaciones de la explotación latifundista, retrataban y retratan la dura realidad nacional.
Como parte subyugada del imperialismo, nuestro país de capitalismo burocrático repercute de forma potencializada las crisis imperialistas ya que el enfrentamiento de la crisis está en el aumento del grado de explotación de las naciones oprimidas. Bajo la falsa alegación de “modernización” y “globalización” el imperialismo contando con las gestiones de lacayos y economistas, domesticados en academias yanquis, pasaron a explotar la desindustrialización, por un lado, y, por otro, el incremento de la producción de commodities bajo el pomposo título de “agronegocio”.
Volviendo a las viejas tesis de los tiempos coloniales de vocación agraria del país esta política sometió el campo brasileño a la extrema dependencia de máquinas, equipamientos, semillas, venenos, adobos y demás insumos dominados por transnacionales, también responsables por la manipulación de los precios a partir de la Bolsa de Mercancías de Chicago.
La política agraria adoptada por el Estado latifundista al lado de todo el “agronegocio” productor de commodities mantuvo la existencia de una economía campesina permanentemente arruinada productora de alimentos y materias primas. Esta política conducida por el Ministerio del Desarrollo Agrario y por el INCRA – Instituto nacional de Reforma Agraria llevaba aún a otra parte del campesinado, acampados o “asentados”, para servir como mano de obra de reserva para los latifundios.
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Como en los últimos años, bajo la gestión Dilma Roussef, la situación se agravó mediante la alianza preferencial con el “agronegocio”, mientras la crisis económica desbordaba, las masas explotadas se levantaron contra la vieja orden haciendo desarrollar la situación revolucionaria.
El adueñamiento de tierras públicas por los latifundistas tuvo como contrapartida la toma de estas tierras por los campesinos sin tierra o con poca tierra. En estados como Rondônia, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Paraná se instaló una verdadera guerra de la tierra en la cual el Estado actúa como matón del latifundio.
La naturaleza genocida del Estado burocrático-latifundista obligó el campesinado a hacer uso de la justa violencia para garantizar el acceso y la permanencia en la tierra, expresando la ley universal del desarrollo social que afirma que donde hay opresión hay resistencia. La resistencia viene tornando más necesaria cuando se constata que las últimas gestiones de este podrido Estado ejecutan deliberadamente la política del latifundio en una acción combinada entre el ejecutivo, el legislativo y la judicatura. Son medidas provisionales, Enmiendas a la Constitución, decretos, proyectos de ley, sentencias de emisión de posesión y otras iniciativas como la acción directa de la policía militar al lado de matones en la desocupación de latifundios invadidos.
Especialmente la cuadrilla de Temer encastillada en los ministerios y en el Congreso nacional promueve actualmente una avasalladora embestida contra los movimientos campesinos, indígenas y quilombola bajo la consigna de tomar todo, saquear todo, quemar todo y matar a todos.
Cuentan con su efímera mayoría en esta pocilga llamada de Congreso Nacional, y la toman como garantía de vida larga. Si así piensan están redondamente engañados. Su desastrada embestida contra los derechos elementales del pueblo y de la nación denota más desesperación de que tranquilidad.
Al asistir en vivo y en directo el desmoronamiento político, ético y moral de esta ruin que domina el Estado burgués- latifundista servil del imperialismo, al tirar las últimas pruebas de que en Brasil la justicia tiene lado y que el Estado se resume a la violencia de las clases dominantes sobre el pueblo, más se fortalece en el proletariado, en el campesinado, en la juventud, en los intelectuales honestos, la disposición de demoler la vieja orden.
Por ahora el pueblo está expectante.
