En noviembre de 2020 se repite la farsa electoral yanqui, momento en que la relación promiscua entre el capital financiero y el Estado del país hegemónico imperialista se revela por medio de las donaciones multimillonarias de los mayores grupos adinerados del mundo a los fondos electorales de los candidatos. Son un conjunto de corporaciones de enorme poder, oriundas del ramo petrolífero, de los grandes banqueros y “señores de la guerra”, que convergen para definir, entre pugnas y arreglos, el nuevo cabeza del imperialismo que conducirá el país en el rumbo de los intereses de esas corporaciones.
Joe Biden o Donald Trump, “demócrata” o “republicano”, tendrá que cumplir las nuevas tareas reaccionarias que se presentan delante de esa crisis sin precedentes. Entre ellas, la de que sólo por medio de un dominio impar de las fuentes y rutas mundiales energéticas y de otras materias primas podrán los imperialistas yanquis enfrentar la colosal crisis económica, social, política y moral que amenaza explotar todo el sistema capitalista.
Quién paga las onerosas campañas y por qué
Para garantizar la mayor tajada del mundo en pedazos, los monopolios se vinculan a uno u otro candidato (o más de uno) a través de los “Súper PAC” (“Comité de Acción Política”)1, una organización 5072 que funciona como fondos ocultos, independientes de las campañas oficiales de los candidatos, que recaudan valores ilimitados de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos, muchas veces superiores a los de las campañas oficiales, y no son obligados a informar el origen de ese dinero.
En consonancia con materias de los monopolios de prensa Forbes y New York Equipos (NYT), la campaña de Biden ya había recaudado, hasta agosto de 2020, el equivalente a 990 millones de dólares y, sólo en septiembre, ¡quebró el récord de recaudación con 383 millones de dólares! Si analizáramos los ilustrísimos señores que hicieron grandes donaciones, hallamos nombres como Connie Ballmer (esposa del antiguo Director Ejecutivo de la Microsoft, Steve Ballmer), Laurene Powell Jobs (viuda de Steve Jobs, fallecido magnate de la Apple), Dustin Moskovitz (cofundador del Facebook) y Eric Schmidt (antiguo presidente del Google), todos vinculados a los principales monopolios y trust de la actualidad.
Eric Schmidt, inclusive, en 2016 se hizo líder del Consejo de Innovación en Defensa del Pentágono (consejo del cual el fundador de la Amazon, Jeff Bezos, había participado en el pasado). Microsoft, Apple, Facebook, Amazon y Google, las “Grandes Cinco”, son consideradas por el Estado yanqui indispensables para la “seguridad nacional”, debido a la obtención de datos privados y privilegiados de las masas de todo el mundo que ellas realizan. Esas grandes corporaciones, por su parte, lucran con las tecnologías e investigaciones militares cedidas a ellas por el servicio prestado, cuyo ejemplo más nítido es el reconocimiento facial, de origen y para fines militares, incorporado a los smartphones). Naturalmente, toda esa mutua relación entre los aparatos del Estado imperialista y tales megacorporaciones monopolistas son mediadas por las elecciones, por los gobiernos de turno y, consecuentemente, por las escusas relaciones entre estos y las corporaciones.
Además de los nombres relacionados a la tecnología informacional, en la campaña de Biden están, por ejemplo, Judy Dimon (esposa de Jamie Dimon, presidente del mayor banco del USA, el JPMorgan Chase, que conforma, nada más, nada menos que el Consejo de la Asociación del Ejército yanqui!), y Eli Broad (Director de la The Broad Foundations, que tiene entre sus proyectos el de “desvincular” 50% de las escuelas públicas de Los Angeles y hacerlas instituciones con fines lucrativos). Está también Daniel Och, especulador financiero envuelto en uno de los mayores escándalos de propina del mundo: la empresa Och-Ziff Capital Management, de la cual es dueño, ayudó al empresario Dan Gertler, sionista que financia el Ejército de Israel, a sobornar funcionarios de la República Democrática de Congo para tener acceso privilegiado a negocios de minería, gas natural y petróleo.
Entre las personalidades que apoyan Biden en la organización de su campaña electoral está Steve Ricchetti, que pasó años como lobista registrado, y es abonado tanto por la campaña del Partido Demócrata como por la AT&T, monopolio de las telecomunicaciones yanqui. Además, la jefe de estrategia de la campaña de Biden, Anita Dunn, trabajaba para la AT&T hasta septiembre de 2020, de acuerdo con informaciones del NYT.
La AT&T ya se envolvió en escándalos con documentos filtrados que revelaron que el monopolio había creado una sala secreta en una oficina para dar a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) acceso a sus cabos de fibra óptica de internet. Avril Haines, antigua funcionaria de la CIA y de la NSA durante la administración Obama, y exconsultora de la empresa de análisis de datos Palantir, también comenzó a trabajar en septiembre en el equipo de transición de Biden. Digamos que el “demócrata” está bien asesorado por lo que hay de más reaccionario y poderoso en el seno del imperialismo yanqui.
Otro envuelto en la campaña presidencial de Biden y participante activo de la política del Partido Demócrata es Stuart Eizenstat, consejero principal de política interna de la Casa Branca durante la administración de Jimmy Carter (1977-1981), además de Consejero Especial sobre Cuestiones del Holocausto durante la administración de Barack Obama (2009-2017). Como abogado, Eizenstat representó monopolios de combustibles fósiles como la Shell, así como empresas relacionadas al área de Defensa como a Caterpillar, Raytheon, BAE Systems, Boeing, entre otras.
En 2012, Eizenstat hizo lobby junto al Congreso y al gobierno Obama para la Caterpillar sobre “las relaciones del gobierno del USA relativas a un informe del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos”. La Caterpillar es responsable por la venta de excavadoras a Israel que, por su parte, las utilizan para matar palestinos y demoler sus casas.
Los ‘amigos’ de Donald Trump
En el caso del “republicano” Donald Trump, más de 1,3 mil millones de dólares ya fueron recaudados por su campaña y, entre los inversores están Peter Thiel, cuya empresa Palantir Technologies tiene 12 instituciones del gobierno como clientes, entre ellas el Departamento Federal de Investigación (FBI), la CIA, la NSA y las Fuerzas Armadas. Tal monopolio apoya aún el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial en conjunto con el Ejército genocida.
Hay otros grandes magnates relacionados al complejo industrial-militar, como Charles B. Johnson (ex-Director Ejecutivo de la Franklin Templeton Investments, un fondo de inversiones evaluado en más de 700 mil millones de dólares que administra 200 millones de dólares de empresas fabricantes de armamento), Linden Blue (co-fundador de la General Atomics, fabricante de drones de guerra para el imperialismo yanqui), entre otros.
Además de eso, como medio de negociación para su reelección en 2020, Trump aumentó los gastos en Defensa concedidos al Pentágono (sede del Departamento de Defensa yanqui) por tres años consecutivos. El año pasado, el Pentágono divulgó su mayor solicitud de presupuesto de todos los tiempos, encaminada directamente por Trump al Congreso yanqui. Según tal presupuesto, 718 mil millones de dólares serían destinados a la institución belicista, como confirmado por un agente militar del USA para la revista Foreign Policy.
El aumento de los gastos con “defensa nacional” (en realidad gastos con la guerra imperialista por todo el mundo) acompaña cortes significativos para las áreas de educación, salud y servicios sociales en general. O sea, en detrimento de los intereses de las masas populares.
Este mismo año, en una reunión con sus principales apoyadores en su resort en Florida, Trump se jactó de que los gastos del Pentágono habían aumentado “en 2,5 billones de dólares durante su gobierno”.
Entre los gastos destinados al Pentágono está la pretensión del presidente ultra reaccionario de utilizar una financiación adicional de 7,2 mil millones de dólares para terminar de construir el muro en la frontera con México, cinco veces de más de lo que el Congreso había autorizado. El Pentágono y Trump también concedieron contratos que totalizaban el montante de 1,6 mil millones de dólares para la construcción de parte del muro a la Fisher Sand and Gravel, una empresa monopolista del ramo de construcción cuyo dueño es uno de los apoyadores de Trump.
La militarización extrema del Poder político
El presupuesto cada vez más elevado del Pentágono, los gastos exorbitantes en la construcción del muro en la frontera contra los deseos del Congreso, que nada puede hacer delante de un gobierno títere del Pentágono y enganchado en las bayonetas (y su impotencia se demuestra en mil hechos) hace evidente el proceso de concentración de Poder en el Ejecutivo. Más precisamente: concentración cada vez mayor, en última instancia, en las manos de los altos puestos militares, su sumisión a ellos. Se trata de la militarización extrema del Poder político y restricción de todos los derechos democráticos a nivel aceptable para las clases dominantes.
Todo lo presentado anteriormente puede ser resumido en la frase de Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista, de que el Estado es “un comité común para gestionar los negocios de la burguesía” y, más exacta aún es la frase de Lenin, escrita en Imperialismo, fase superior del capitalismo, de que los monopolistas robaron la libertad de los ciudadanos y convirtieron sus países en cárcel de obreros: “El imperialismo es violencia y reacción en toda la línea”.
Notas:
- Los Super PAC son un tipo de comité que surgió después de la decisión del tribunal federal en 2010, durante el gobierno de turno Obama. En consonancia con el Opensecrets.org, hasta 16 de octubre de 2020, 2.186 grupos organizados como Super PAC relataron recetas totales de 1,9 mil millones dólares en el periodo de 2020.
- En consonancia con el libro “The Buying of the President”, 2004, del periodista Charles Lewis, las Organizaciones 507 se trata de instituciones “sin fines lucrativos” o con fines supuestamente sociales que no están sujetas a los límites de la legislación electoral.
