Traducido por Enrique F. Chiappa

La adquisición de la Serasa por la Experian refleja la devastación de la economía brasileña y agrava amenazas a derechos de los ciudadanos.

En el día 26/06, los bancos Bradesco, Unibanco e Itaú anunciaron la venta de dos tercios de las acciones de la Serasa a la correctora irlandesa Experian por 1,2 billones de dólares.

Debe haber sido la primera vez que la imprenta monopolista publicó los nombres de los dueños de la Serasa — empresa con la cual millones de brasileños adquirieron trágica intimidad después del Plan Real, pero a su respecto poco se sabe, ya que vive en la sombra. Un silencio de extensión semejante al daño causado por sus actividades a la población y a la economía del país.

Faltó, sin embargo, esclarecer algunos puntos. Por ejemplo: ¿por qué la Serasa — en tesis, mera administradora de un banco de datos sobre la insolvencia — justifica una inversión tan vultuosa? ¿Cuál el interés del capital extranjero en ella y que tipo de retorno la Experian imagina tener?

Espejo de la ruina

La Serasa fue, juntamente con sus accionistas — los bancos— o tal vez hasta más de que ellos, la empresa que más lucró en Brasil en los años del Plan Real. En esos trece años en que innumerables empresas brasileñas — pequeñas, medias o grandes — de los más variados ramos de actividad quebraron o fueron absorbidas por concurrentes extranjeras, la Serasa experimentó un crecimiento avasallador. Creada en 1968 para agilizar aspectos operacionales de la actividad bancaria, ella se transformó, en los años 90, en un gigante con 300 mil clientes que atiende 3,5 millones de consultas por día. Según datos de la CPI que investigó en 2003, su registro de insolventes comportaba, en aquel año, los nombres de 23 millones de brasileños — algo como un quinto de la población adulta del país.

El crecimiento de la Serasa espeja la trágica situación a que fue llevada la economía brasileña en el período Fernando Henrique Cardoso.

Si hasta entonces la utilidad de ese tipo de registro era ayudar los comerciantes a se proteger de media docena de fraudulentos, después del Plan Real la insolvencia se transforma en un dato económico y social relevante. En virtud de los más variados factores — alto desempleo, tasas de intereses estratosféricos, quiebra generalizada de empresas causada por las importaciones — , millones de ciudadanos honestos fueron arruinados. Los registros de la Serasa crecieron bastante, acrecidos ahora con sus nombres. Y se tornaron objeto de mayor demanda por parte del comercio, que pasó a tener la insolvencia como preocupación central.

Mismo que la Serasa no causase mayores daños, su crecimiento, por si solo, sería la prueba más elocuente del crimen perpetrado contra el país a partir del período FHC. El esplendor atingido por una empresa que tiene en la desgracia de la economía la fuente de sus lucros es una ofensa al país. La comparación con los precios de venta de firmas que eran verdaderos símbolos de la economía brasileña revela la extensión del absurdo.

La Metal Leve, empresa modelo del sector privado nacional, con dos fabricas en USA y que exportaba auto piezas para más de 50 países fue vendida para una competidora alemana por 66 millones de dólares. La Varig fue comprada recientemente por la Gol por 320 millones — casi ocho veces menos que la Serasa.

Instrumento de extorsión

Tanto en patrimonio físico (aviones, bienes de capital, instalaciones industriales) cuanto en activos intangibles (fuerza de la marca, clientela, tecnología), Varig y Metal Leve eran empresas poderosísimas. ¿Y la Serasa que es?

Es necesario, primero, entender lo que ella no es.

La Serasa no es un simple banco de datos a disposición de comerciantes preocupados con la satisfacción de sus créditos, mas el más monstruoso instrumento de extorsión y chantaje usado por el sector financiero contra la población — con la complicidad activa de órganos estatales.

Además de propietarios de la Serasa, los bancos son — directamente o por medio de las financieras que controlan — también sus mayores alimentadores.

Son ellos, con los intereses que cobran y las agresivas estrategias que usan para inducir la población a contraer prestitos, los grandes responsables por la falencia. Son ellos que alimentan los registros de la Serasa con los nombres de los ciudadanos que sucumben a sus artificios. Y son ellos los mayores beneficiarios de la difusión del hábito de consultar la Serasa entre los comerciantes, ya que esto amplia los daños causados a quien tiene el nombre incluido en los registros de la empresa, obligando millones de personas a empeñar hasta futuros salarios para salir de las listas de insolventes.

Los bancos destruyen lo restante de la economía y, a través de la Serasa, lucran con eso doblemente: como accionistas y como acreedores.

"La Serasa simplemente proporciona el instrumento material para a vejación pública de los deudores" — dice el procurador de la República André Ramos, en querella presentada contra ella.

CPI encubierta

En 2003, la Serasa fue tema de una de las CPIs más tumultuadas — y menos noticiadas — de la historia de la Cámara. El informe final — absolviendo la empresa de todas las acusaciones formuladas durante la fase de investigación — fue redactado por el hoy alcalde de San Pablo, Gilberto Kassab, y aprobado por 12 votos a 11. Cinco votos por la aprobación vinieron de cuatro diputados que habían tenido como mayores financistas de campaña el Unibanco y el Itaú¹ (datos del TSE Tribunal Superior Electoral). Kassab necesitó votar dos veces, haciendo uso de la prerrogativa de desempate, conferida al relator.

Mismo así, las declaraciones y otras pruebas recogidas por la CPI, así como sus pareceres técnicos, ofrecen algunas informaciones provechosas.

Primera: entre 1998 y 2002, por medio de un convenio celebrado entre la Febraban y el gobierno federal, la Serasa tuvo acceso a las bases de datos de la Secretaría de la Receta Federal (SRF), con informaciones relativas a todos los portadores de CPF y CNPJ del país (116 millones de personas y 5 millones de empresas). Esas informaciones pasaron a hacer parte de su banco de datos y pasaron a ser mercadería — lo que talvez explique el vertiginoso crecimiento apenas de la Serasa, y no de los Servicios de Protección al Crédito (SPCs), mantenidos por las Asociaciones Comerciales, hasta entonces las principales fuentes de consulta de los comerciantes. La SRF transfirió esas informaciones gratuitamente. En su declaración a la CPI, el secretario de la Receta de FHC, Everaldo Maciel, dijo no saber que era Serasa.

Segunda: además, la Serasa tiene acceso, por medio de un convenio firmado con el Banco Central, a informaciones de sus archivos, referentes a movimientos bancarios de todos los ciudadanos brasileños. La empresa recibe, también, informaciones de la Caja Económica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste y BNDS.

Tercera: CEF, BB, y BNB, gestores del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), prohíben la concesión de empréstitos de este fondo — destinado a programas habitacionales, micro crédito, etc — las personas con nombre manchado en los registros de la Serasa. Esto es particularmente nocivo por que implica dejar esas personas al margen de la vida económica, impidiéndolas, inclusive, de se recuperar de las dificultades que, en muchos casos originaron sus débitos.

Cuarta: además de las fuentes oficiales, los registros de la Serasa son abastecidos con informaciones repasadas por las empresas clientes. Bancos, financieras y negocios minoristas incluyen en los contratos de abertura de crédito cláusulas autorizando el repase de los datos de los clientes a la Serasa. No existe ningún control sobre la veracidad de esas informaciones ni sobre la naturaleza de los débitos que generan inscripción. La Serasa gana en las dos puntas: primero, tiene su registro alimentado sin ningún encargo; segundo, con esa ampliación de la base de datos, aumenta sus lucros, ya que sus productos se tornan más atrayentes para el comercio.

Quinta: esa ausencia de control posibilita la ampliación indiscriminada del uso de la Serasa contra el ciudadano consumidor. Son inseridas en los registros de la empresa deudas que nada tienen que ver con contratos de crédito: cuentas de energía eléctrica, telefonía, mensualidades escolares y — peor todavía: pequeños agricultores que, por cualquier razón, no consiguen entregar a los monopolios agroindustriales la producción contratada.

La Serasa actúa así como mecanismo de achaque contra el trabajador, ya que de un lado, cualquiera puede manchar el nombre de alguien en sus archivos sin que la información siquiera sea averiguada; y, del otro, tener el nombre incluido en esos registros es garantía de marginalización de la vida económica. El Ministerio Público Federal (MPF) y la CPI recibieron denuncias sobre la práctica de la consulta a la Serasa como criterio para seleccionar empleados, adoptada por algunas empresas².

Favorecido judicial

El pre informe de la legalidad y de los pareceres técnicos de la CPI fueron bien más duros que la auditoria final, recomendando la remesa de los convenios con órganos públicos al TCU y al MPF y la adopción de medidas para cohibir las prácticas de la empresa. Una de esas medidas sería el establecimiento de un valor mínimo de deuda para la inclusión del nombre del deudor en el registro de la Serasa. Otra sería la prohibición de incluir nombres de consumidores cuyos supuestos débitos estén siendo impugnados en la justicia.

No en tanto lo que sucedió fue lo contrario. El Tribunal Superior de Justicia (STJ), que hasta el final de 2003 consideraba ilegal la inclusión en la Serasa de los nombres de consumidores en esa situación, cedió al lobby de los bancos y cambió de posición. El mismo STJ considera ilegal la inclusión en el registro de insolventes de la Receta Federal de los nombres de contribuyentes que discuten débitos tributarios en juicio ³. El Estado brasileño confiere a la Serasa privilegios mayores que los que arroga para si propio.

Sin sigilo

Esa anuencia a las prácticas de la Serasa es tan o más grave en vista de sus constantes violaciones a la privacidad de los ciudadanos. El peor aspecto de su actividad talvez no sea manchar nombres, sino, vender informaciones sobre cada paso del consumidor: que compró, por que precio, donde, en que condiciones, cuando, etc. Algunos de los productos ofrecidos por la empresa llegan al punto de informar cuantas y cuales comercios el consumidor consultó para saber el precio de un producto que desea. Esas informaciones son suministradas por los comercios minoristas.

La venta de esas informaciones fue suspendida por la justicia federal en uno de los procesos movidos por André Ramos debido a la agresión que representaba a los derechos constitucionales básicos. Pero la Serasa continúa con la posesión de ellas. Al comprar la empresa, la Experian esta comprando esos datos.

Como sino bastase, la Serasa actúa en otra área sensible: es — en otro extraño privilegio concedido por el poder público federal y al lado del Serpro, Caja Económica, Presidencia de la República, Imprenta Oficial, Poder Judiciario, Receta Federal y otra empresa privada llamada Certisign — una de las ocho autoridades certificadoras principales de la Infra-Estructura de Chaves Públicas Brasileira (ICP).

En esta condición, la Serasa controla todo el movimiento bancario del país, una vez que es la responsable por la certificación digital de casi todas las transacciones realizadas en el ámbito del Sistema de Pagamentos Brasileros (SPB), que centraliza las operaciones interbancarias y monitora, en tiempo real, las informaciones de que dispone el Banco Central sobre la actuación de cada banco.