Mientras predica ‘unión’, gobierno privilegia los monopolios a cuesta del pueblo

Tras haber acabado con los ministerios del Trabajo y de la Cultura, atacado las políticas volcadas a la preservación del medio ambiente, la valorización de los derechos democráticos y del pueblo, la gestión militar del fascista Jair Bolsonaro da señales de que será el peor “gobierno” antipueblo y vendepatria que se tiene noticia desde el periodo de FHC. Las primeras acciones del ex capitán del Ejército, aliado al discurso de posesión del Ministro de la Economía Paulo Guedes, apuntan para un minucioso proyecto de entrega desenfrenada de los recursos de la Nación y desmantelamiento de los derechos del proletariado y del sistema de amparo social de la población.

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Enquanto Itaú deixa de pagar quase R$ 30 bilhões de imposto, Bolsonaro diz que trabalhador deve ser precarizado

Para que esa agenda “ultraliberal” de ataque a los trabajadores sea ejecutada es necesaria la creación de una narrativa que justifique sus acciones, y presione el pulverizado Congreso Nacional a aprobarlas. Esto no será muy difícil dado el carácter ampliamente reaccionario de esa legislatura, y el apoyo irrestricto del monopolio de prensa, de los grandes empresarios, del mercado financiero, y del capital internacional, principalmente del imperialismo yanqui, en el ataque a los derechos de los trabajadores brasileños. Y el tema escogido por los serviles buitres nacionales no podría ser otro sino el “saneamiento” de las cuentas públicas.

A finales de noviembre, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) publicó el estudio Escenarios Macroeconómicos para el periodo 2020-2031, en el cual afirma que el gobierno corre el riesgo de “herir la responsabilidad fiscal” caso no sean hechas todas las reformas económicas antipueblo y vendepatrias.

Para el Ipea, la única salida para el país sería la contención de los gastos públicos, lo que implicaría en un nuevo ataque a los derechos de la población, o sea, contención salarial, reforma de la Seguridad Social y la profundización de la reforma laboral, que aumentará aún más la precarización del mercado de trabajo. Eso sin hablar en el fin del anticipo salarial, del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) pagado a ancianos y deficientes pobres, y un minucioso proyecto de privatización, todo lo que el imperialismo, los latifundistas y la gran burguesía querían oír. Lo que el estudio del Ipea no mostró, u omitió, es la cantidad de dinero que el gobierno deja de recaudar con las renuncias fiscales y subsidios ofertados anualmente para los bancos y multinacionales locales y extranjeras, y cuánto él deja de invertir para pagar los intereses de la deuda pública, valores que resolverían todos los problemas de la nación.

Exención para los grandes, impuesto a los pequeños

En informe divulgado el año pasado, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) reveló que las renuncias fiscales concedidas por el gobierno llegaron a R$ 354,7 mil millones en 2017. Eso equivale a 30% de la receta líquida del gobierno el año, superando los propagandeados déficits de la Sanidad Social y del régimen de jubilaciones de los funcionarios federales, que, según dicen, sumaron R$ 268,8 mil millones en el mismo periodo. Según el TCU, 84% de las renuncias tienen plazo indeterminado, lo que hace la pérdida de recaudación ser incorporada a las cuentas del gobierno. Con la meta de déficit primario de R$ 139 mil millones para este año, y con un techo de gastos por las próximas dos décadas, el TCU cree que el gobierno tendría mejores condiciones de sanear las cuentas públicas concediendo menos incentivos para determinados sectores de la economía.

Y uno de los sectores que se benefició con esa farra fiscal fue el del agrotóxico… Sí, la industria del agrotóxico también entró en el medio. Solamente en 2017, la gestión de Michel Temer dejó de recaudar R$ 1,3 mil millones con la exención de impuestos para el sector. Esas exenciones son tan infames que hasta la procuradora-general de la república, Raquel Dodge, afirmó que la concesión de incentivos fiscales a ese tipo de producto contraría la Constitución por no proteger el medio ambiente y la salud, sobre todo de los trabajadores, además de no dar ninguna ventaja al país.

Otro ejemplo bastante escandaloso es el Itaú Unibanco. Este banco, el mayor de Brasil que alcanzó logro máximo récord de 6,419 mil millones sólo en el primer trimestre de 2018 (una alta del 3,9% se comparado al año anterior, en plena crisis), deja de pagar R$ 26,6 mil millones (¡sí, R$ 26,6 mil millones!) en impuestos por exenciones fiscales.

Mientras tanto, los pequeños y medios propietarios en Brasil son los que más pagan impuestos en el mundo, según la investigación de la empresa Sage, intitulada Un problema tributario: el impacto del impuesto sobre las pequeñas empresas. Las microempresas pagan hasta 65% de su facturación en impuestos, mientras las pequeñas pagan 42% y las medias, 30%. Bien diferente del Itaú, por ejemplo.

¿Y los intereses de la deuda pública?

Otra acción que contribuiría para el control de las cuentas públicas, sin necesitar retirar los derechos de la población, sería la suspensión del pago de los intereses de las deudas públicas. Actualmente, la deuda pública brasileña está por vuelta de los R$ 3 billones, lo que corresponde a 65% del PIB, en el caso de la deuda bruta, y a cerca de 49% del PIB en la deuda líquida.

En 2017, el gasto con la prórroga del pago de la deuda pública costó al país R$ 462 mil millones. Ya en el presente año, el presupuesto de 2019 aprobado por el Congreso destinará R$ 758,7 mil millones para el pago del intereses de la deuda, mientras salud y educación, juntas, recibieron sólo R$ 221,7 mil millones (R$ 537 mil millones a menos que la deuda). El gasto con las jubilaciones y asistencias, tan alardeado como “gran problema del país”, no llegará a R$ 753 mil millones, siendo, por lo tanto, menor que el gasto con la deuda, que sirve a enriquecer los grandes bancos que nada hacen por el país y que Bolsonaro agrada.

Además del pago de los intereses de las deudas, el país también pierde con la remisión de los logros de las empresas transnacionales para sus matrices en el exterior.

Población rechaza ataques a los derechos

Atender las demandas del imperialismo yanqui y de la gran burguesía local es la principal función de la gestión de Jair Bolsonaro, que ya demostró que no medirá esfuerzos en atacar los derechos de los trabajadores brasileños. La dterminación del salario mínimo por un valor menor del que el aprobado por el Congreso Nacional es una prueba de eso. Su discurso de posesión, sobre el “fin de la división de Brasil” es, en el fin de las cuentas, ilusionismo, porque su gobierno y sus medidas, como demostrado arriba, tienen claramente un lado que divide el país: todo para los bancos, para las multinacionales, a los latifundistas y a las contratistas, mientras pisa en la jubilación y en los derechos del pueblo.

La buena noticia es que la población comienza a posicionarse contra ese reaccionario proyecto económico. La última encuesta del Datafolha, divulgada el día 5 de enero, apunta que 60% de los brasileños son contra las privatizaciones de las estatales, y 57% rechazan la reducción de derechos en la ley laboral. Eso demuestra que el tan decantado “apoyo popular” de Bolsonaro, como el monopolio de prensa entreguista intentó inventar, refleja mucho más un antipetismo de que el apoyo a las ideas del ex-capitán del Ejército.