Em 11 de mayo último, las famílias remanecientes de la Batalla de Santa Elina, juntamente con otros acampados de la región de Cerejeiras y Corumbiara, en Rondonia, organizadas por el Comité de Defensa de las Víctimas de Santa Elina– CODEVISE, retomaron el latifundio. Las más de trescientas familias que ocupan la Santa Elina traban una nueva batalla por la conquista de aquellas tierras, enfrentando amenazas constantes de bandos de pistoleros y la "justicia" del latifundio.

En el día 19 de mayo, apenas 8 días después de la retomada de la hacienda Santa Elina, el juez Cristiano Gomes Mazzini, de la Vara Civil de la Comarca de Colorado Del Oeste, balseándose em un informe del INCRA de noviembre de 2007 que da al latifúndio el estatus de "altamente productivo", concedió la reintegración de posesión determinando un plazo de cinco días para que los campesinos dejasen el local.

Así, la justicia de Rondonia ignoró todo el proceso de discusión abierto entre el Comité de Defensa de las Víctimas de Santa Elina con el gobierno federal a través de la Comisión Especial de Derechos Humanos , Incra Nacional y gabinete personal del presidente Lula que se comprometieron a entregar las tierras de la Santa Elina a los Campesinos.

Lengua de candidato, oídos de mercador

En setiembre del año pasado, cuando miembros del CODEVISE – Comité de Defensa de las víctimas de Santa Elina, permanecieron acampados durante 19 días en frente al Congreso Nacional, el Jefe del Gabinete Personal de la Presidencia de la República firmó una serie de compromisos con los campesinos que consistía en:

1 Promover una mayor interlocución con el CODEVISE de las cuestiones relativas al Masacre de Corumbiara. Reconociendo el papel del Comité como entidad representativa de las familias, sin perjuicio de los interlocutores ya establecidos en el caso en tramitación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos;

2 Asegurar, en hasta 60 días , la visita del Secretario Especial de los Derechos Humanos y del Presidente del INCRA a la región del Masacre, con el objetivo de realizar una audiencia pública con las victimas y anunciar los encaminamientos promovidos por el Gobierno Federal;

3 Promover el asentamiento de las familias de la masacre aún no contempladas por la reforma agraria, verificar la infraestructura y apoyar las familias asentadas en los proyectos;

4 Agilizar los procesos de desapropiación en las áreas donde están localizados los acampamientos, verificando las formas de iniciar el proceso de reforma agraria en la Hacienda Santa Elina;

5 Con respecto a la propuesta formulada por el Comité de la Unión asumir la responsabilidad por la indemnización de todas las víctimas de la Masacre, el Gobierno Federal se compromete a analizar las posibilidades legales de asegurar esa reivindicación, enviando refuerzos, inclusive, en las negociaciones con el Estado de Rondonia para que este asuma sus responsabilidades;

6 Estudiar la programación de una reunión del Comité con el Presidente de la República, cuando el Gobierno Federal realice encaminamientos concretos.

Sin embargo, los campesinos afirman que hasta hoy ninguno de esos compromisos fue concretizado.

Reintegración es cuestionada

El Núcleo de los abogados del Pueblo y el Centro de Solidaridad a los Pueblos, a seis semanas divulgaron una nota dirigida a la Ouvidoría Agraria Nacional cuestionando la determinación judicial de reintegración de posesión en que denunciaba los preparativos para la desocupación del área por la Policía Militar.

Se debe resaltar que ya fue expedido oficio a la Policía Militar, en 04/06/2008, para que informe al juicio, en plazo de cinco días, sobre el cronograma de cumplimiento de la decisión judicial.

(…) este histórico aquí narrado sirve para alertar este órgano sobre lo que puede venir a suceder. De hecho, se trata del mismo local. En otras palabras, la situación es semejante, por lo que se teme una reacción truculenta del Estado, en los mismos moldes de lo ocurrido 13 años atrás.

(…) no hay cualquier acto ilegal practicado por los campesinos, con respecto a la decisión del juicio de Colorado de Oeste. La decisión judicial, es completamente ilegal (…) todo indica que el área en cuestión es fruto de fraude de documentos. Haciendo un levantamiento en archivo se constata que la tierra no tiene dueño.

La verdad en eso todo, y lo más importante, es que se trata de una lucha justa por el acceso a la tierra, de un derecho constitucionalmente garantizado. Eso refuerza el entendimiento de que cualquier acción violenta del Estado será injustificable, extremada e ilegal.

(Trechos extraídos de la nota del NAP y Cebraspo)

En respuesta a la nota, el ouvidor Agrario, Gercino José da Silva Filho, respondió que "en reunión en Porto Velho, en el Tribunal de Justicia, en 12 de junio de 2008, el magistrado de la comarca de Colorado del Oeste, en contacto telefónico con la presidenta del Tribunal de Justicia, estableció que el mandato de reintegración de posesión de la hacienda Santa Elina/Agua Viva, localizada en el municipio de Corumbiara, no será cumplido hasta 22 de julio de 2008".

Nuevamente el Ejército y la justicia

Sin embargo, las amenazas y ataques del latifundio continúan, contando inclusive con el respaldo "legal" del viejo Estado burgués-latifundista, como podemos constatar en esta decisión del Juez de derecho Jorge Luiz dos Santos Leal de la comarca de Porto Velho, expedida en 9 de junio último de la cual extraemos los siguientes trechos:

El abogado ERMÓGENES JACINTO DE SOUZA retiró los autos con carga (página 392) y no los devolvió, simplemente entregándolo a la Comisión de Derechos Humanos de la OAB/RO.

Es evidente en los autos que la parte rea, así como su abogado, han litigado de mala fe, tentando causar tumulto en el hecho, impidiendo el cumplimiento, por la 4ª vez, del mandato de reintegración de posesión. Véase que hasta consiguieron que el Ouvidor Agrario Nacional hiciese el pedido de mantenimiento de los invasores en el área.

Los invasores se intitulan miembros de la LCP Liga de los Campesinos Pobres, entidad que dos meses atrás fue noticia nacional bajo la acusación de tratarse de grupo de guerrilla dentro de territorio nacional. Las fotografías traídas por la PM llevan a creer que hubo un recrudecimiento del movimiento, con utilización de técnicas de guerrilla para impedir el ejercicio de la actividad policial, como no identificación por el uso de camisas en las cabezas, destrucción de puentes para dificultar el acceso, entre otras. Por eso, veo necesario comunicar al Ejército Brasileño la eventual ocurrencia de utilización de técnicas de guerrilla dentro del territorio nacional, lo que en tesis crearía una situación gravísima de atentado a la integridad del territorio y seguridad nacional. Comuníquese al Sr. General de la 17ª Brigada de Infantería y Selva, en esta ciudad, para conocimiento. Además de eso, considerando manifestación de la Policía Militar en el sentido de que necesita de apoyo operacional, solicítese al señor comandante de la 17ª Brigada apoyo para el cumplimiento del mandato.

Niego al abogado de los reos Ermógenes Jacinto de Souza el derecho de retirar los autos de la escribanía ante su actitud de recibirlos cuando no le era posible, entregarlos a la guarda de otro y simplemente no devolverlos a la escribanía.

Por eso, comuníquese a la OAB/RO para investigación de infracción al Código de Ética de aquella institución (art. 34, XXII de EOAB).

Los oficiales de justicia deberán entrar en contacto con la Policía Militar, y esta con el Ejército Brasileño, para providenciar las condiciones necesarias al cumplimiento del mandato de reintegración de posesión, con los cuidados necesarios para evitar el conflicto armado".

La justicia en Porto Velho acusa los campesinos y al Abogado del Pueblo Ermógenes Jacinto de "actuar de mala fe" por utilizar la propia justicia y sus recursos, alertando la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil sobre la grave situación de La lucha por la tierra en Rondonia. Debido a esta actitud corajosa del abogado de los campesinos, el juez pretende penarlo basándose en el "código de ética de la institución.

El juez de Derecho de la Comarca de Porto Velho recalienta los mismos elementos forjados por la imprenta reaccionaria para atacar los campesinos y tratar de criminalizar la justa lucha por la tierra, y ordenar la acción de la Policía Militar y del Ejercito Brasileño para cumplir una reintegración de posesión de forma "pacífica"(¡)

En estos momentos extremos la justicia brasileña revela dos facetas. Mientras que la jueza Regina Coeli Medeiros de Carvalho, de la 18ª Vara Federal de Río de Janeiro ordenó la retirada de las tropas del Morro de la Providencia después del brutal asesinato de jóvenes en la favela con comprobada participación de soldados del Ejército Brasileño, el juez Jorge Luiz dos Santos Leal de la comarca de Porto Velho determina la acción del Ejército para cumplir la reintegración de posesión de las tierras adueñadas por el latifundio en el estado de Rondonia.

Concepción de Araguaia, Pará
Prisiones y desaparecimiento de campesinos en acción policial comandada por latifundista

En 26 de mayo, cerca de 40 familias de campesinos pobres del municipio de Concepción de Araguaia, Pará, tomaron el latifundio Cinzeiro.

Las tierras de la hacienda cuya propiedad es reclamada por el latifundista Genuíno Moreira da Silva pertenecen a la Unión y fueron adquiridas por el Incra para implantación del Proyecto de Asentamiento (PA).

Al entrar en la hacienda, los campesinos fueron recibidos a bala por cerca de 8 pistoleros. Los campesinos denuncian que en 28 de mayo, por cerca de las 3h de la madrugada, el latifundista Genuíno, en su automóvil particular, acompañado de tres policías Militares (dos de ellos reconocidos por los campesinos Sargento Wilson y soldado Almir) invadieron las casas de los campesinos, forzando las puertas, disparando y golpeando en las personas. Durante toda la acción el latifundista permaneció armado y dando órdenes directas a los policías.

El núcleo de los Abogados del Pueblo, que acompaña el caso en Concepción de Araguaia, denunció en nota que el campesino Raimundo Diaz Fereira de 74 años, fue agredido, tirado al piso con el latifundista apuntando una arma contra su cabeza durante todo el tiempo. María Alves Bezerra de 65 años también fue agredida. Las mujeres fueron agarradas por el cabello y los niños fueron amenazados todo el tiempo con armas apuntadas a sus cabezas.

Desde la fecha de esta acción criminosa del latifundio el campesino Francisco Rufino Silva está desaparecido y sus familiares temen por su vida. Los campesinos Raimundo Dias Ferreira, José Gomes Silva, João Rufino Silva y Jesús Pereira da Silva fueron detenidos "en flagrante" por "robar e incendiar la hacienda". Una vieja garrucha fue encontrada en la casa del Sr. Raimundo y fue aprehendida y utilizada para la acusación de "porte de armas de fuego" crimen inafianzable. Después otras armas "encontradas" en las proximidades de la hacienda fueron atribuidas a los campesinos.

El Núcleo de Abogados del Pueblo denunció en nota vehiculada en el último día 5 de junio que ninguna diligencia fue realizada para averiguar la realidad de los hechos y que durante la investigación realizada por la policía Civil, ningún vecino de los campesinos fue oído, los familiares agredidos no pudieron dar sus declaraciones y el latifundista no recibió ninguna punición, ignorando todas las denuncias que los campesinos hicieron en sus declaraciones.

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