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Cuatro meses después del final de las competiciones deportivas, el Parque Olímpico, situado en la Barra da Tijuca, Zona oeste de Río de Janeiro, muestra claras señales de abandono: veredas quebradas, cables eléctricos expuestos, escombros y material de construcción esparcidos, agua represada en jardines, basura e, inclusive, obras de arte dañadas. Es el caso de los paneles del Estadio Aquático, producidos por la artista carioca Adriana Varejão. En un determinado punto, una piscina acumula agua sucia, pudiendo servir de criadero de mosquitos. El Parque Olímpico costó, juntamente con las obras viarias de la región, más de 2 mil millones de reales. El reportaje de AND estuvo en el local para acompañar de cerca las chatarras de la farra olímpica brasileña.
Hasta el momento, ninguna de las arenas fue transformada en centro deportivo y/o educacional, como prometía el proyecto original. La farsa del “legado olímpico”, varias veces denunciada en las páginas de A Nova Democracia desde que el Brasil fue escogido como país-sede, se ve cada vez más evidente. Las instalaciones permanecen donde siempre estuvieron, formando la extraña arquitectura de una ciudad fantasma. La empresa responsable por garantizar el mantenimiento del Parque Olímpico no ha cumplido, por lo tanto, el contrato de 3 millones de reales, hecho sin licitación al final de 2016 por el entonces gerente municipal Eduardo Paes/PMDB. El ayuntamiento intentó sin éxito vender el área situada en la Barra al capital privado. En total, son 118 hectáreas de abandono y degradación.
Conforme informado por AND en varias ediciones del año pasado, la realización de los megaeventos – Juegos Olímpicos y Copa de la FIFA, principalmente – sólo hizo profundizar una práctica de remoción secular direccionada a las masas populares de Río. Miles de familias fueron forzadas a dejar sus casas durante la preparación de la ciudad para recibir la farra olímpica. Derechos del pueblo fueron ostensivamente violados en nombre de intereses particularistas del capital financiero. En varios casos, los habitantes tuvieron la posibilidad de defensa sumariamente negada. Paes fue el gerente municipal que, proporcionalmente, más removió personas de sus casas en la ciudad del Río. Son aproximadamente 67 mil removidos en el contexto pre-olímpico, que considera sólo el periodo que va de 2009 a 2013.
Las llamadas “obras de movilidad”, que en tesis mejorarían el desplazamiento de las personas por la ciudad, también presentan serios problemas. La estación de metro en la Gávea, referente a la Linha 4, prevista para estar lista en el primer semestre de 2017, está con sólo 42% de las obras concluidas. El último pasillo del BRT, la Transbrasil, por su parte, se encuentra parado desde agosto de 2016, cuando las Olimpíadas comenzaron. La fecha de entrega de la vía, que costó hasta aquí 1,5 mil millones, es 12 de mayo de este año. Los otros dos tramos previstos para el VLT están igualmente atrasados. El Maracaná estuvo cerrado a lo largo de los dos primeros meses de este año, después de su reforma haber demandado el gasto de 1,3 mil millones de reales.
En el ámbito de un país semicolonial como Brasil, las Olimpíadas significaron una enorme farra de multinacionales, contratistas brasileñas y corruptos encastillados en el viejo Estado. Los megaeventos, además de incrementar la represión y el cerco policial contra las masas populares, son una forma planeada de multiplicar el capital monopolista de las grandes empresas de turismo, transportes, medios comunicacionales, construcción civil y energía, siendo que quién más salió lucrando fue el propio Comité Olímpico Internacional.
El abandono de las construcciones deportivas es una realidad en diversos países que acogieron los Juegos Olímpicos. Berlín (Alemania, 1936), Múnich (Alemania, 1972), Atlanta (Estados Unidos, 1996), Atenas (Grecia, 2004), Pekín (China, 2008) entre otras ciudades, vieron las llamadas “promesas de legado olímpico” se transformar en monumentos hechos de pura chatarra y cinismo.
