Las lluvias y crecidas son fenómenos relativamente comunes en la región amazónica, pero las proporciones alcanzadas ahora en el Río Madeira son, según ya denunciaban hace mucho juristas, estudiosos, ribereños, pueblos indígenas y poblaciones de áreas distantes hasta 100 km de los márgenes del Madeira, un crimen anunciado contra el pueblo y está directamente relacionada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio.

Cidade inteira sofre com inundação

Parte de Porto Velho, capital de Rondônia, está sumergida en esa que es el mayor  nivel de la historia del Río Madeira. Las aguas ya cubrieron más de 20 km de la BR-364, única vía terrestre entre Rondônia y el Acre, aislando aquel estado del restante del país. El puente del Río Araras, afluente del Madeira en la BR-425, también fue vedado, aislando las ciudades de Guajará Mirim y Nova Mamoré. Más de diez mil y quinientas personas fueron desamparadas. Según especialistas, es la mayor crecida de los últimos 200 años en la región amazónica.

Aún en el estado de Rondônia, en Candeias del Jamari, mitad de las carreteras rurales fueron inundadas. Toda la población de São Carlos, distrito de Porto Velho, tuvo que ser removida. Jacy-Paraná, distrito de Porto Velho distante cerca de 100 kilómetros, ya tiene muchas casas alcanzadas por las aguas del Río Madeira.

Camiones de carga forman filas para transponer los tramos inundados de las carreteras llegando a pagar hasta R$ 200 por tramo en que las aguas llegan a 80 cm por encima del asfalto.

El Ministerio Público, OAB y Defensoría Pública cobraron que actividades de las usinas del Madeira sean suspensas hasta nuevos estudios de impactos, que los consorcios sean obligados a registrar e indemnizar las familias alcanzadas por daños morales colectivos.

El Ministerio Público Federal, el Ministerio Público del Estado (MP/RO), la Orden de los Abogados del Brasil (OAB/RO), la Defensoría Pública de la Unión y la Defensoría Pública del Estado en Rondônia ingresaron con acción civil pública contra el Ibama, el Consorcio Energía Sustentável del Brasil (Usina de Jirau) y el Consorcio Santo Antônio Energía (Usina de Santo Antônio).

Las instituciones piden que la justicia federal obligue las hidroeléctricas a atender inmediatamente las necesidades básicas (vivienda, alimentación, transporte, educación, salude etc.) de la población alcanzada por la crecida del río Madeira, mientras durar la situación de emergencia y hasta que haya una decisión definitiva sobre la compensación, indemnización o realojamiento.

Família usa barco para se mover pelas ruas

En la acción, los órganos también piden que la justicia condene al Ibama a suspender inmediatamente las licencias de las usinas hasta que nuevos estudios sobre los impactos de los diques sean hechos. Estos nuevos estudios deben ser supervisados por varios órganos públicos, como Iphan, Agencia Nacional de Aguas, DNIT, entre otros. Los estudios deben ser acompañados por ingenieros, agrónomos, geólogos, sociólogos y otros especialistas indicados por las instituciones y costeados por los consorcios.

Las instituciones también quieren que todos los reos compensen el daño moral colectivo, estimado en cien millones de reales, a ser revertido para las víctimas de las inundaciones y reconstrucción de sus casas. Con la acción, los órganos quieren también un posicionamiento oficial delante de los daños causados en el área de influencia de las usinas de Santo Antônio y Jirau.

¿Crimen anunciado?

La consultoría Cobrape, contratada por el MP/RO, ya alertaba que el área alagada y los impactos en el transcurso de las represas podrían ser mayores de que los datos apuntados por Furnas, autora de los estudios aceptados por el Ibama.

A pesar de que los datos de la consultoría contratada por el MP hayan sido entregados a Furnas y al Ibama, el proceso de licenciamiento prosiguió. Una acción civil pública fue propuesta por el Ministerio Público pidiendo que el procedimiento fuese anulado, pero la acción fue rechazada por la justicia.

Para el Ministerio Público, la situación de las crecidas en el Río Madeira confirma los análisis de la Cobrape y por eso una nueva acción civil pública fue propuesta por los procuradores de la República, Gisele Bleggi y Raphael Beviláqua, el fiscal de justicia Átila Augusto, la defensora pública federal Mariana Doering, el presidente de la OAB, Andrey Cavalcante, y el defensor público estadual, Marcus Edson de Lima.
Dolo de las usinas

El Ministerio Público intentó un acuerdo con las hidroeléctricas de Jirau y de Santo Antônio para que ayudaran la población que sufre con los impactos causados por la crecids del Río Madeira, pero las usinas se negaron a firmar el Término de Ajuste de Conducta (TAC).

Inundación alcanza Bolivia

Se estima que 200 mil cabezas de ganado murieron solamente en las últimas dos semanas en los departamentos de Cochabamba, Beni y Santa Cruz, en Bolivia, en virtud de las inundaciones. Comunidades a las márgenes de las Rutas 8 y 9, carreteras federales bolivianas que cortan las regiones de Riberalta , Guayamerin y San Joaquim, ambas en Beni, estaban totalmente aisladas a finales de febrero. En la región pantanera en la divisa con Rondônia, áreas entre Costa Marques y Guajará-Mirim, pero del lado boliviano, haciendas enteras estaban inundadas, con agua hasta el techo de las casas.

En la región de encuentro entre los ríos Beni y Mamoré, ya en la frontera con Rondônia, la extensión de los anegamientos superó 500 kilómetros desde la margen.

Según informaciones del gobierno boliviano, desde el inicio del año, 60 personas ya habían muerto, la mayoría por anegamientos y deslizamientos de tierra. Más de 300 municipios bolivianos decretaron situación de emergencia.

Varios sectores de la población boliviana relacionan los anegamientos en el país directamente con las represas de las hidroeléctricas en el Río Madeira. Indicio de que eso puede ocurrir es que, en 6 de marzo, el ministro de las Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó que se reunirá con el Ministro de las Relaciones Exteriores brasileño Luiz Alberto Figueiredo para analizar  esa situación.

Una de las áreas más afectadas en Bolivia es en las proximidades de la confluencia del Río Beni y del Río Mamoré. Es a partir de la confluencia de los dos que el río pasa a ser llamado de Madeira.

Pueblo exige reparación

Liderazgos comunitarios y familias del barrio del Triângulo, comunidad ribereña Nazaré, comunidad ribereña de São Carlos, Baixa da Unión y otras áreas alcanzadas por los impactos ambientales, oriundos de las usinas del Río Madeira, exigen indemnización por la pérdida de la producción que garantiza su subsistencia, construcción y mudanza de las obras públicas, presupuesto de mantenimiento para todas las familias alcanzadas, entre otras demandas para su reestructuración física y económica.

El Frente de Defensa de los Pueblos Ribeirinhos de la Universidad Federal de Rondônia – UNIR también se moviliza para que la universidad dé apoyo científico para que pueda realizar un nuevo estudio referente a los impactos ambientales y sociales causados por las UHE del Río Madeira.

Para el ingeniero Jorge Luiz da Silva Alves, que forma parte del Departamento de Ciencia y Tecnología del Sindicato de los Ingenieros del Estado de Rondônia, las causas del surgimiento de las inundaciones del río tienen sí la participación de las UHE del Madeira, pues para el ingeniero faltó planificación para compensar las familias e instituciones que fueron castigadas por las inundaciones.