Desde julio, el Pantanal enfrenta su peor desastre socio ambiental, superando cada día el récord de focos de incendio mensual desde que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe)  inició la serie histórica, en 1998. Durante el mes de septiembre, hubo 8.106 focos de quemada registrados en el bioma, dispersos por los estados de Mato Grosso (MT) y Mato Grosso do Sul (MS), donde fueron destruidos, respectivamente, por lo menos 117 mil y 25 mil hectáreas del bioma.

Según investigaciones realizadas por agencias de periodismo investigativo y por la Policía Federal (PF), en ambos estados los responsables apuntados por el inicio de los incendios criminales fueron latifundistas, la mayoría vinculada a la pecuaria, con el objetivo de abrir camino para el robo de tierras públicas, de campesinos en lucha por la tierra, campesinos pobres e indígenas.

En MS, investigaciones conducidas por la PF concluyeron que los incendios fueron provocados con el objetivo de abrir áreas de pastaje a partir de la destrucción de la vegetación. Según ellas, las quemadas tuvieron inicio en cuatro latifundios en el municipio de Curumba (MS): California, que pertenece a Hussein Ghandour Neto y tiene más de 1,7 mil hectáreas; el Campo Dania, perteneciente a Pery  Miranda Filho y su madre, Dania Tereza Sulzer Miranda, que tiene más de 3 mil hectáreas;  San Miguel, de posesión titular de Antônio Carlos Leite de Barros y que tiene más de 33,8 mil hectáreas; y el Bonsucesso, de Ivanildo da Cunha Miranda, con más de 32,1 mil hectáreas.

El día 14 de septiembre, cuando diez mandatos de búsqueda y aprehensión fueron cumplidos por la Operación “Matáá” de la PF, el latifundista Pery Miranda Filho fue detenido, después que armas y municiones fueron encontradas en su casa, en Corumbá: dos pistolas, un revólver, 108 municiones de uso permitido y 44 de uso restricto. Sin embargo, él inmediatamente fue liberado después de pagar fianza.

Ya en el MT, informaciones vehiculadas por la Repórter Brasil evidencian que los incendios tuvieron inicio en cinco latifundios localizados en el municipio de Poconé, a 104 kilómetros de la capital Cuiabá. Dos de las propiedades identificadas pertenecen a hacenderos que venden ganado para empresas del linaje de latifundistas Maggi (Amaggi y Bom Futuro), que, por su parte, suministran para multinacionales como la JBS, Marfrig y Minerva.

La Amaggi  pertenece a Blairo Maggi (PP), ex-ministro de la Agricultura en la gerencia de Michel Temer y ex-gobernador del MT, mientras el grupo Bom Futuro es de Eraí  Maggi, considerado el mayor productor de soja del mundo. La familia posee al menos diez propiedades de gran porte en el MT e hizo fortuna con la producción de soja dentro del área de la Amazonia Legal, además de comercializar otras commodities, energía y servicios de logística.

Entre esas cinco grandes haciendas identificadas por la Repórter Brasil, una de ellas es la hacienda Comitiva, de propiedad del paulista Raimundo Cardoso Costa, donde fueron registrados 171 focos de quemada y un área de destrucción superior a 25,1 mil hectáreas. Ese mismo latifundista es dueño de otra hacienda, vecina a la Comitiva: la Recanto das Onças, de donde fueron vendidas cabezas de ganado para el grupo Bom Futuro, de los Maggi.

Otra hacienda localizada en el mismo municipio de donde también tuvieron inicio los incendios pantaneros se llama Espíritu Santo, de José Sebastião Gomes da Silva, donde fueron identificados por lo menos 73 focos de incendio, responsables por quemar más de 14,2 mil hectáreas. Gomes da Silva también es propietario de la hacienda Formosa, otra proveedora de la Amaggi Pecuária, del grupo Amaggi.

Contra sus tierras

Los más perjudicados por los incendios fueron las familias de campesinos pobres, los pequeños productores, las poblaciones indígenas, quilombolas y ribereñas que viven en la región, que son los principales blancos de los latifundistas responsables por el inicio del fuego, objetivando arrasar tierras públicas, e históricamente ocupadas, a fin de consolidar procesos de robo y falsificación de escrituras. En centenares de casos relatados, ellos vieron sus casas y plantaciones ser cercadas y destruidas por el fuego, muchos enfermaron y tuvieron problemas respiratorios por el humo tóxico.

El día 18/09, por ejemplo, el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana y el Forum de Derechos Humanos y de la Tierra, ambos del MT, publicaron una nota en que denuncian  Marcello Bassan de haber provocado un incendio en tierras de la Unión para  expulsar familias de campesinos pobres del Campamento Boa Esperanza, un pre-Asentamiento localizado en la Gleba Nhandú, en el municipio de Novo Mundo (MT), donde más de 100 familias viven y resisten hace casi dos décadas.

La nota afirma que, en consonancia con los campesinos, el fuego “vino de la sede de la Hacienda Araúna en dirección al pre-Asentamiento y quemó prácticamente todo”, refiriéndose al terreno ocupado por Bassan, que ya perpetró ataques similares con apoyo y connivencia del Estado, como en 2015, cuando colocó fuego en 80 casas de las familias.

Otro grupo profundamente impactado por el fuego fueron los residentes de las Tierras Indígenas (TI), en las cuales más de la mitad del territorio ya fue tomado por los incendios, según un levantamiento hecho por la Agencia Pública. Teniendo como base datos del Inpe, él expuso que, siguiendo la lógica de las anteriores, las quemadas que alcanzaron TIs también comenzaron en grandes propiedades privadas.

En consonancia con la Pública, los indígenas Bororo de la TI Tereza Cristina, donde los incendios cercaron tres aldeas y causaron la ida de un liderazgo al hospital, cuentan que el fuego comenzó fuera del Pantanal, próximo al municipio de Rondonópolis (MT), una región de intensiva producción de soja, algodón y maíz. A TI del Xingu, en el nordeste de MT, donde viven más de 7 mil personas de 16 etnias diferentes, es la que más sufrió con las quemadas hasta el momento, teniendo más de 102,9 mil hectáreas destruidas por las llamas, según el Instituto Centro de Vida (ICV). 

Latifundio prepara nuevos ataques contra la región

A partir de lo que fue expuesto, queda evidente que, como de praxis, los incendios que vienen devastando los biomas y medios de vida y subsistencia del pueblo brasileño son obra de esa institución que forma la base del retraso de Brasil, el latifundio, y no de los “caboclos e indios” queriendo  “ampliar sus plantaciones”, como dijo el fascista Bolsonaro en su discurso de apertura de la Asamblea General de la “Organización de las Naciones Unidas” (ONU).

Ahora, el día 5 de noviembre, dando continuidad al proyecto de acabar con el máximo de legislación de protección ambiental referido por el ministro del Medio ambiente Ricardo Salles, Bolsonaro decretó que la misma región afectada por los incendios en el Centro-Oeste, incluyendo el Pantanal y la Cuenca del Alto Paraguay, está liberada para la plantación de caña de azúcar.

Esa decisión revoca el Decreto 6.961, de septiembre de 2009, en que fue instituido un saneamiento para el plantío de la caña y las operaciones de financiación al sector sucroalcoholero en Brasil, creado para limitar la expansión de la frontera agrícola sobre el Pantanal, la Amazonia y áreas volcadas para la producción alimenticia.

Junto de Bolsonaro, firmaron el decreto la ministra de la Agricultura, Pecuária y Abastecimiento, Tereza Cristina, la “musa del veneno”, y el ministro de la Economía, banquero Paulo Guedes.

La liberación del plantío de caña en las fronteras de la Amazonia es una antigua codicia del latifundio en Brasil. Con la expansión de la cultura de caña, la pecuaria, que es la ocupación tradicionalmente utilizada en la frontera agrícola, será empujada para nuevas áreas, estimulando la devastación de la floresta y la violencia contra las poblaciones locales, incluyendo los miles de campesinos pobres y sin-tierra en la región, que poseen un histórico sangriento de lucha por la tierra. Lo que, como consecuencia, incentivará los campesinos a resistir e impulsará aún más la lucha por la tierra y contra el latifundio en la región.